El infierno de la droga y la crisis

El monstruo del narcomenudeo avanza a paso firme por las calles de la provincia. En las últimas semanas encontró a su peor aliado: la estampida del dólar. Las fuerzas federales le informaron a la ministra Patricia Bulrich que el precio de la cocaína se había encarecido un 40%. Advirtieron que ese incremento traería consecuencias inmediatas. Y a menos de un mes de haber realizado ese diagnóstico, las primeras consecuencias están saliendo a la luz.

Los especialistas en la materia coincidieron con el informe de los investigadores. El psicólogo social Emilio Mustafá indicó que en los barrios se está viviendo una grave crisis social. Por un lado, analizó, se encuentra un nuevo marco de disputa entre los transas, ya que los más grandes irán por los más pequeños, situación que puede generar una escalada de violencia. Advirtió además que el encarecimiento de las dosis (se estima que se duplicaron los valores) complicaría aún más el panorama, ya que cada vez hay más personas que no tienen ni para comer. El toxicólogo Alfredo Córdoba advirtió que por esta situación, los adictos se volcarán a sustancias más nocivas. Walter Sigler, responsable de Salud Mental del Siprosa, confirmó que los últimos días se produjo un incremento en la atención de personas que sufrieron intoxicaciones por drogas.

“Si antes robaban una cartera para comprar una dosis, imagínese lo que va a suceder ahora”, razonó un hombre de la Policía. Y esas palabras toman mayor fuerza si se tiene en cuenta que el 80% de los detenidos que se presentan en la Justicia confirmaron ante los fiscales que tienen problemas de adicciones. Luis Ibáñez, secretario de Seguridad de la provincia, reconoció que les llamaba la atención la violencia que estaban ejerciendo los asaltantes cuando atacaban a sus víctimas. Mustafá y Córdoba fueron coincidentes en dar su opinión: los transas utilizan distintos tipos de sustancias para estirar aún más las drogas. “Lo que están haciendo es utilizar elementos que son más nocivos que la cocaína y que potencian su efecto”, indicó Córdoba.

Carlos Driollet, secretario de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia, dijo que el Estado se está encargando del problema. Y desde su área, en el informe que presentó el ministro Claudio Maley en la Legislatura, recomendó que las causas de narcomenudeos sean investigadas por la justicia ordinaria para tratar de reducir el avance de los transas en los barrios. Lo hizo sabiendo que fue el Gobierno el que a través de una medida judicial frenó la aplicación de la Ley que fue promulgada en 2014 y la cajoneó en los escritorios en marzo de 2015. Pero lo preocupante es que a través de los medios, los representantes de los tres poderes en mayo se comprometieron a buscarle una salida al problema, pero nada de eso ocurrió. Mientras tanto, los transas siguen avanzando y comercializando muerte en pequeños envoltorios de menos de 10 gramos.

En algunas ciudades el panorama es tan grave que genera situaciones extremas. El intendente de Alderetes, Sergio Venegas, llegó a un acuerdo con la Justicia Federal. En distintos puntos de esa ciudad colocarán buzones para que los vecinos denuncien de manera anónima los lugares donde se vende droga. Se trata de una localidad donde los índices de inseguridad crecen dramáticamente y que van de la mano del nivel de consumo que hay. Es la herramienta a la que puede recurrir, ya que el Estado no tiene los medios suficientes para desarrollar trabajo de prevención y de atención para los adictos.

A la lucha contra el narcomenudeo en los barrios no se la vencerá únicamente con la persecución penal. El Estado debe apoyar con la intervención de otras áreas. Se debe recorrer los barrios para hacer tareas de prevención y para ayudar a las personas que han caído en las garras de los señores de la muerte. Hoy, cuando es necesario enviar equipos a las calles, los responsables de Desarrollo Social y de la secretaría de Prevención de las Adicciones, se dieron cuenta de que el año pasado, por una cuestión presupuestaria, dieron de baja los contratos de los profesionales que estaban trabajando en las zonas donde el flagelo se va apoderando paulatinamente de sus habitantes. Porque no sólo incluye al que consume, sino también al que contratan para que venda o esconda las drogas y las armas de las organizaciones, el que es buscado para que cuide los quioscos de venta y los que no pueden denunciar por temor a que los maten de un balazo a la vuelta de su casa. En definitiva, se trata de devolverle la esperanza a una importante cantidad de tucumanos.