La Policía sumó $ 240 millones en 2017 con los adicionales, según el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas (TC), órgano de control de las arcas públicas, aprobó el jueves el tercer informe anual referido a la aplicación presupuestaria de la gestión del gobernador, Juan Luis Manzur, al frente del Poder Ejecutivo (PE).

Más allá de una serie de recomendaciones y advertencias sobre aspectos administrativos y financieros -similares a las que efectúa cada año-, el TC dispuso a través del acuerdo 4.085 el envío de toda la documentación relativa a la Cuenta de Inversión de 2017 al Poder Legislativo. Sobre la base de estas actuaciones, los legisladores pueden reunirse para debatir su contenido y avalarlo o rechazarlo en el recinto de sesiones. Sin embargo, lo más factible es que, como sucede hace más de una década, el informe de ingresos y egresos formulado por las áreas técnicas de la Casa de Gobierno sea aprobado de manera ficta (es decir, por el paso del tiempo) en un ejercicio próximo, alternativa que también establece la Constitución provincial.

La tarea del Tribunal de Cuentas, integrado por Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), estuvo precedida por la remisión de un extenso compendio elaborado por la Contaduría General de la Provincia. A partir de los datos disponibles, el ente de contralor desarrolló el informe sobre el Presupuesto General 2017. “La ejecución de gastos para la Administración Central y Poderes del Estado fue de $ 53,13 millones y representa un 93,27% del presupuesto vigente de gastos, de $ 56,9 millones; mientras que los Organismos Descentralizados, por su parte, ejecutaron $12,86 millones, y representa un 80,64% del presupuesto vigente, de $15,9 millones”, consignó el TC, en el apartado referido a los indicadores presupuestarios.

En el análisis área por área no se formularon observaciones, más allá de algunos planteos puntuales sobre cuestiones administrativas, como el uso de una misma cuenta oficial en el agente financiero del Estado para la recepción de fondos de carácter provincial y nacional, algo que “dificulta el cálculo del remanente” de determinados programas públicos.

Custodia especial

Uno de los aspectos que reiteró la Cuenta de Inversión 2017 y que figura en informes de años anteriores apunta al servicio de adicionales de la Dirección General de Policía, que depende del Ministerio de Seguridad. El ente de contralor insistió con que las partidas presupuestarias referidas a esa custodia especial “tiene un tratamiento extra-sistema”, ya que “no existe” en el Sistema de Administración Financiera y Control (Safyc), de uso obligatorio desde 2008, ningún “registro presupuestario, financiero ni contable”. No obstante, se consignó que los ingresos y egresos son operados en la cuenta corriente Nº 187126/5 “Dirección General de Policía de Tucumán – Servicios”, del Banco de Tucumán-Grupo Macro. El saldo inicial en 2017 en esa cuenta era de $ 358.000, y tuvo ingresos totales por $ 239,7 millones. Los egresos finales sumaron $239,5 millones, y dejaron un saldo de $ 496.800 en el ejercicio 2017, según el TC.

Siguiendo estas cifras, las fuerzas provinciales incorporaron a sus partidas unos $ 656.000 diarios en promedio debido a las tareas de vigilancia por contrato.

El año pasado, la Policía había obtenido recursos por $ 184,9 millones gracias al servicio de adicionales, según la Cuenta de Inversión de 2016. Es decir que en el período 2017 recaudó casi $ 55 millones más con esas custodias.

Sin votación

El artículo 109 de la Ley de Administración Financiera establece que corresponde al Poder Legislativo la conformación de una comisión especial para el estudio definitivo de la Cuenta de Inversión. Ese grupo parlamentario debe expedirse antes del 31 de diciembre del año en curso; de lo contrario, se toma como despacho el informe del Tribunal de Cuentas. Y si dentro del segundo período de sesiones ordinarias siguiente la Cámara no se expide, la Cuenta de Inversión se da por aprobada sin votación.