La investigación que derivó en la caída de las dos organizaciones que se dedicaban a cometer robos y “escruches”, sigue arrojando detalles sorprendentes. No sólo porque un policía quedó involucrado como el posible nexo entre las bandas para hacer ingresar, según la hipótesis, el dinero de los ilícitos al mercado financiero, sino también porque uno de los líderes de los grupos daba instrucciones desde la cárcel.
El jueves en la madrugada más de 700 policías realizaron allanamientos en diferentes puntos del Gran San Miguel de Tucumán. A los uniformados se los llamó para participar de un operativo antidrogas y, cuando llegaron, se les pidió que entregaran sus celulares. Cuando estuvieron reunidos, recién se enteraron que irían tras los pasos de las bandas bautizada como la de “Los Mataperros” (la llamaban así porque envenenaban a los canes) y a “La de los Smart” (se especializaban en el robo de esos televisores).
El fiscal Washington Navarro Dávila consiguió que le autorizaran más de 40 allanamientos. El equipo, dirigido por los comisarios Walter Monteros y Javier Alderetes, detuvo a unas 19 personas y están tras los pasos de otras 18, y secuestró un millonario botín. Pero lo más importante es que, con las pruebas recolectadas, logró establecer cómo eran los engranajes y el funcionamiento de las organizaciones:
• La sociedad: pese a que se trataba de dos grupos con estructuras diferentes, que trabajaban de manera autónoma, compartían información clave. No sólo datos de posibles víctimas, sino información concreta sobre cómo deberían realizar los atracos.
• Casi espías: “contaban con una red de inteligencia muy importante”, explicó el fiscal en una entrevista con LA GACETA. Los integrantes de ambas bandas recibían de terceros información sobre el movimiento de dinero de las potenciales víctimas. Estudiaban la circulación de las personas y hasta realizaban un estudio de la presencia policial en la zona, para poder cumplir con su objetivo. “Panflín”, uno de los supuestos líderes de “Los Mataperros”, daba instrucciones y dirigía a sus compañeros desde el penal de Villa Urquiza, lugar donde había sido alojado después de haber sido detenido por un “escruche”.
• Sin zonas: los sospechosos no tenían una sola área de actuación, sino que daban sus golpes en casi toda la provincia. Los investigadores analizaron causas de hechos producidos en todo el Gran San Miguel de Tucumán, Monteros, Concepción, Aguilares y Tafí del Valle, entre otras ciudades.
• Destino: los integrantes de la banda, según confiaron fuentes judiciales, después de cometer los robos escondían los botines que conseguían en diferentes viviendas de la provincia. Los “enfriaban” -en la jerga se dice al ocultamiento de los elementos para evitar ser descubiertos por la Policía-. Después, según se sospecha, tenían contactos en el mercado negro para comercializar los productos.
• El inversor: una vez que tenía el dinero de la venta de los artículos robados o que sustraían en algún hecho, se lo entregaba a un policía para hacerlo ingresar al mercado financiero legal. De acuerdo a la investigación, en Salta al 100 tenía una oficina donde habría realizado operaciones financieras -depositaba en diferentes cuentas bancarias-, compra de moneda extranjeras (además de dólares, secuestraron pesos chilenos y reales), y adquisición de bienes, tanto inmuebles como vehículos. El fiscal Navarro Dávila confirmó que ya envió detalles de la investigación a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera (UIF). También enviará copia del expediente a la Justicia Federal, puesto que sospecha que está ante un caso de lavado de activos.
• Vida de lujo: si bien la mayoría de los detenidos no se había mudado de los barrios donde crecieron, sus viviendas resaltaban del resto por las refacciones y los elementos de primer nivel con la que se construyeron. Por ejemplo, en una de ellas tenía piso de porcelanato, cuyo valor en el mercado es de $ 5.000 el metro cuadrado.
• Misterio: hasta el momento no se sabe a ciencia cierta en cuántos hechos estuvieron involucradas estas bandas. Con la exhibición en tribunales de los elementos secuestrados, ya se presentaron al menos unas 60 personas a iniciar los trámites de devolución. Para hacerlo, los damnificados deben presentar los papeles que comprueben la marca y, si la tuvieran, copia de la denuncia que realizaron.