11 Septiembre 2018
EXPECTANTES. Los gobernadores esperan por la presencia del ministro Frigerio en el CFI.
A minutos del inicio de la reunión con los gobernadores, la Casa Rosada busca seducir a las provincias con una nueva propuesta que, de concretarse, implicaría la continuidad de las alícuotas en impuestos considerados distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos.
La necesidad de Cambiemos de obtener el acompañamiento del peronismo en la sanción del proyecto de Presupuesto nacional para el próximo año llevó a los operadores del macrismo a tener, en carpeta, dos concesiones polémicas para los gobernadores: la postergación por un año de la baja de Ingresos Brutos o del impuesto de sellos. Ambas reducciones habían sido incluidas en el consenso fiscal que se acordó en diciembre último. En paralelo, es probable que se eleve el gravamen para los bienes personales radicados en el exterior, y que esos recursos se coparticipen a las provincias.
"Buscamos cerrar un acuerdo político con el mayor apoyo posible para luego refrendarlo en el Congreso", resumió, en diálogo con LA GACETA, uno de los funcionarios nacionales que participará de la cumbre con los mandatarios en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Está previsto que el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, arribe a la sede porteña del CFI a las 11.30. Allí los esperarán la mayoría de los gobernadores, entre ellos el tucumano Juan Manzur, para avanzar en un acuerdo político que tenga como meta la reducción del déficit fiscal.
Ese ajuste que propone la Nación debe materializarse en el Presupuesto del próximo año, por lo que la discusión gira en torno a las partidas que deben retocarse para reducir en unos $500.000 millones el gasto público en 2019.
Con la aplicación de un nuevo esquema de retenciones a las exportaciones, la Rosada estima que incrementará la recaudación en unos $ 280.000 millones. El resto del ajuste busca compartirlo con las provincias, y en esa línea se inscriben la eliminación del Fondo Soja (se coparticipaba a los distritos) y el traslado de los subsidios al transporte público de pasajeros a las provincias. En el caso de Tucumán, se perderían unos $ 1.900 millones anuales.
Para morigerar el enojo de los gobernadores peronistas, anoche comenzó a cobrar fuerza la posibilidad de que se pueda frenar una rebaja impositiva. Principalmente, se habla de Ingresos Brutos, cuya reducción gradual hasta 2022 está prevista en el último Pacto. De concretarse, la alícuota de Ingresos Brutos se mantendrá al menos por un año más en el 6%.
Ingresos Brutos continúa siendo el tributo de mayor importancia provincial, ya que implica un 75% de los ingresos de la estructura recaudatoria tucumana.
El Consenso Fiscal fue firmado a mediados de noviembre pasado por el presidente Mauricio Macri y la mayoría de los gobernadores, salvo San Luis. Entre otros puntos, establece que la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires acuerdan la adopción de políticas tributarias, tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento, con la finalidad común de lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales, en la medida que esas decisiones no impliquen comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Respecto de Ingresos Brutos, el compromiso es eliminar tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien. También establecer exenciones y aplicar alícuotas del impuesto que no sean superiores a ciertos valores, que se van reduciendo progresivamente en los próximos cinco años.
Ingresos Brutos continúa siendo el tributo de mayor importancia provincial, ya que implica un 75% de los ingresos de la estructura recaudatoria tucumana.
Fuentes de la Rosada confirmaron que también se enviará al Congreso una iniciativa para elevar el gravamen correspondiente a Bienes Personales radicados en el exterior: pasará del 0,25% al 1%, lo que implicaría unos $16.000 millones a coparticipar entre las provincias.
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