Por Valeria Totongi
11 Septiembre 2018
PROBLEMA GENERALIZADO. Los conflictos por tierras afectan a las comunidades indígenas, que se dicen hostigadas por los terratenientes y por la policía. la gaceta / foto de franco vera
El homicidio de Javier Chocobar sólo puede entenderse en el contexto del conflicto por la posesión del territorio ancestral de pueblos originarios, explican autoridades de las comunidades indígenas Chuschagasta, Quilmes y Amaicha.
Lo que aparece como una “disputa por tierras” es -en realidad- un intento de usurpación, asegura Milagro Audolio Chocobar, hijo del comunero asesinado a tiros el 12 de octubre de 2009, en medio de una discusión con Luis Humberto Gómez, Darío Amín y Eduardo José Valdivieso, en la que también resultaron gravemente heridos Andrés Mamaní y su primo Emilio.
Amín sostiene que su familia compró esas tierras en 1959, en un remate judicial, y que tiene papeles que lo prueban. Gómez es su socio en un emprendimiento para explotar una cantera de piedra laja que está en medio del territorio reconocido a la comunidad.
Cada semana, desde el 28 de agosto, el sector derecho de la sala del quinto piso de los tribunales penales de España 430, se ocupa con miembros de la comunidad Chuschagasta. Hombres y mujeres viajan casi 60 kilómetros desde su territorio, en el Valle de Choromoro, departamento Trancas, para presenciar el juicio por el crimen de quien fuera una de sus autoridades. El escenario les resulta ajeno y hostil, según varios cuentan.
“Es muy duro, para mí -como hijo- y para la comunidad en general, sentarnos en esta sala. No nos imaginamos cómo nos íbamos a sentir cuando estuviéramos adentro, y es mucho más difícil de lo que pensamos”, dice Audolio Chocobar, quien tomó la responsabilidad de presidir la comunidad en reemplazo de Andrés Mamaní, que aún sufre las secuelas del disparo que recibió en el abdomen. “A pesar del dolor y de que pasaron casi nueve años, siempre sostengo que tiene que haber justicia”, afirma Chocobar. “Los tres son -aparte de asesinos- usurpadores que se quieren adueñar de nuestro territorio”, enfatiza.
Chocobar invoca la legislación aprobada en noviembre de 2006 y prorrogada en septiembre de 2017 (ley 26.160, artículo 75) que habla de la posesión ancestral, preexistente al Estado, delimitada a partir del relevamiento jurídico catastral.
Delfín Cata, hermano de Javier Chocobar (que estaba junto a Emilio Mamaní cuando Gómez sacó una pistola de la cintura y disparó), asegura que la comunidad sufre atropellos desde hace años y que después del asesinato, esos problemas continuaron. “Venían vehículos sospechosos, no nos animábamos a acercarnos a la cantera. Al no tener respuesta de la Justicia, los chicos han crecido con miedo”, recuerda.
En noviembre de 2012, el imputado Amín fue, con un grupo de gendarmes, a hacer un relevamiento. “Se metieron a las casas, sin permiso y sin orden judicial”, reclamó Cata. Para hacer la provocación más completa, denuncia: “Han tenido la osaría de hacer un asado a 100 metros del lugar (del tiroteo), con los gendarmes”.
Este debate que se da ahora en la Justicia es un tema que afecta a todas las comunidades originarias, consideran Delfín Gerónimo, dirigente de la Comunidad de Quilmes; y Eduardo Nieva, de la Comunidad Amaicha. Ambos declararon ante el tribunal como testigos de contexto.
“Los conflictos por tierras son motivo de enorme dolor para los pueblos originarios -dice Gerónimo-. Están juzgando un asesinato, pero no tienen en cuenta el conflicto que lleva hacia esa muerte, que tiene que ver con la presión sobre los espacios territoriales”.
“Nuestro lazo con la tierra no es sólo material. Hay una cosmovisión que nos vincula con la Pachamama, y que va más allá de lo legislativo o lo institucional -explicó Nieva, en su declaración ante el tribunal-. Esos valores, reconocidos por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, incluyen lo social, lo cultural y lo ceremonial. En esa cosmovisión, lo comunitario es esencial, por lo que los daños no son individuales”.
“El daño causado es enorme. He sido testigo del cambio emocional colectivo el miedo que afecta a la familia directa y a la comunidad toda”, afirmó Nieva en su testimonio, en su rol como cacique de Amaicha y miembro de la Unión de Pueblos Nación Diaguita.
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