Por Gustavo Rodríguez
10 Septiembre 2018
“La investigación no ha terminado. Vamos a seguir avanzando con la tarea porque hay otros actores que podrían haber tenido alguna participación en el caso. Pueden ser empleados del IPV (Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano) y hasta empresarios”, sostuvo la fiscala Adriana Giannoni, quien lleva adelante la pesquisa del llamado “caso Viviendas”. Por esta causa se les dictó la prisión preventiva a Miguel Jiménez Augier y a Lucas Barrionuevo -ex funcionarios del Ipvdu- y se ordenó la detención de los hermanos Sebastián y Martín Nieva -dueños legales de Marán, una empresa constructora que recibió contrataciones millonarias del Estado-.
Todo ha cambiado en la fiscalía que conduce Giannoni. Su equipo de trabajo sigue trasladando muebles de un lado a otro desde que se la designó como la oficina que investigará todos los homicidios que se produzcan en el ámbito del Centro Judicial de la Capital. En su despacho, al que hizo colocar vidrios para observar todo lo que sucede allí, recibió a LA GACETA para una entrevista exclusiva sobre el avance del expediente que se inició por un trabajo de investigación realizado por “Panorama Tucumano”, el programa de TV de nuestro diario. Ella, aunque se ocupará de homicidios, solicitó sedguir investigando esta causa.
- ¿Por qué seguirá avanzando con la investigación?
- A medida que vamos avanzando con la pesquisa se van descubriendo otras situaciones que pueden ser hechos de corrupción. Seguimos destapando varias ollas. Por ejemplo, uno de los imputados recibió durante mucho tiempo licencia médica, pero no sabemos si fue otorgada correctamente. También nos interesa determinar por qué las obras de Marán siempre eran controladas por los mismos inspectores. Hay que determinar si hubo algún tipo de connivencia dentro del IPV.
- ¿Y a las empresas?
- Vamos a investigar todo.
- ¿Sospecha de la participación de otros empresarios?
- Sin hablar de esta causa, sino a nivel general, la corrupción es posible porque está inmersa dentro de un entramado de personas que cumplen diferentes funciones. En este tejido no sólo participan como operadores los funcionarios, sino que también están involucrados empresarios que están dispuestos a todo con tal de cumplir un determinado objetivo. En otras palabras, se producen hechos de corrupción por las inconductas de funcionarios, pero hay terceros que tienen una participación activa porque lo fomentan, y pasiva porque lo terminan encubriendo cuando se niegan o demoran en entregar información clave para seguir adelante la pesquisa.
- ¿Qué le llamó la atención en esta causa?
- Que no se hayan descubierto antes las irregularidades. Los controles de las obras públicas son varios y numerosos. En el medio hay que conseguir certificados de obras. También hay un responsable del IPV y por último está el Tribunal de Cuentas que debe avalar todo. Sorprende que nadie se diera cuenta de estas irregularidades. Esa es otra de las aristas que investigaremos.
- ¿Analizó que es la primera vez que funcionarios del alperovichismo quedaron detenidos por hechos de corrupción?
- La verdad que no. (Miguel) Brito fue el primero en ir a juicio por la causa DAU, pero creo que nunca estuvo privado de su libertad.
- ¿Cómo logró llegar a estas instancias judiciales?
- Creo que fue la perseverancia de continuar con la investigación, pese a los pocos recursos que teníamos para desarrollarla. Cuando se inició la causa éramos una fiscalía que atendía todo tipo de hechos que van desde casos de violencia de género, pasando por robos y terminando en homicidios. Pero se conformó un equipo de trabajo que no paró durante un año y medio y que seguirá haciendo lo mismo.
- ¿Tuvo problemas para llevarla adelante?
- El primer problema fue encontrarnos con que el Equipo de Científico de Investigación Fiscal contaba con un solo contador público nacional que debía analizar toda la información que se conseguía. Pero ese profesional debía atender todos los casos del fuero penal. No había sido designado a que se dedicara de manera exclusiva a esta causa. Afortunadamente, tengo entendido que el Ministerio Público Fiscal próximamente abrirá una fiscalía especializada en delitos complejos.
- La sociedad no entiende de esos obstáculos…
- La mora en la administración de justicia en todos los fueros es innegable. Pero esa lentitud, que reconozco que es indiscutible, es responsabilidad de todos, incluidos algunos sectores de la sociedad.
- ¿De cuáles?
- En muchas oportunidades, los proveedores de información no siempre colaboran con la investigación. No es sencillo conseguir información porque los organismos oficiales y entidades privadas no siempre responden los oficios que les enviamos en tiempo y forma. Tuvimos respuestas inmediatas cuando hacíamos comparecer con la fuerza pública (N de la R: eran llevados a los tribunales por policías) a sus representantes legales. Cuando lo hacíamos muchos de ellos venían con las respuestas.
- ¿Tuvieron muchas situaciones de estas características?
- Sí. Tuvimos que pedir información a la AFIP, a bancos oficiales y privados y a Migraciones, entre otros. En muchas oportunidades teníamos que solicitar autorización a un juez para comenzar con el trámite. Lo hacíamos y nos respondían que debíamos dirigirnos a sus casas centrales que están en Buenos Aires, por lo que había que empezar con todo de nuevo. Normalmente debíamos esperar entre 30 y 120 días para contar con la información.
- Entonces: ¿la burocracia termina siendo una aliada para los sospechosos de cometer hechos de corrupción?
- El abordaje en este tipo de causas es muy complejo. La trama que se teje a su alrededor, y que está integrada por complicidades y reticencias a la hora de brindar información, hace mucho más difícil su investigación. Es muy preocupante que se deba recurrir a la fuerza pública para conseguir la colaboración de las personas que puedan brindar datos clave.
- ¿Buscará aplicar la Ley del Arrepentido en esta causa?
- Por supuesto. Es una de las herramientas que tenemos para cortar con ese entramado. Si lo conseguimos, podríamos tener mejores resultados aún.
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