Una señal del Gobierno nacional para los gobernadores

Habrá foto, pero eso no garantiza el acuerdo. La frase se repite entre los gobernadores y alude al encuentro que el próximo martes tendrán el presidente de la Nación, Mauricio Macri, con los mandatarios provinciales. La Casa Rosada necesita de ese acompañamiento para avanzar con la elaboración y la sanción del proyecto de Presupuesto para 2019 que, de acuerdo con el plazo constitucional, debe ser presentado hasta el próximo sábado. Pero Macri también requiere que esa iniciativa llegue con el recorte de gastos que le garantice a la Argentina cumplir los deberes de mostrar déficit cero, aunque primario (sin contar el pago de la deuda) al Fondo Monetario Internacional (FMI), el prestamista de última instancia que otorgó un crédito stand-by para capear la crisis cambiaria y evitar otra debacle económica argentina.

El viernes, el Gobierno nacional dio una señal de que está dispuesto a ceder algunas medidas, con el fin de acercar posiciones con los gobernadores. Son señales, dicen desde las provincias. En efecto, el Ministerio de Hacienda de la Nación decidió no traspasar a las jurisdicciones subnacionales el peso de los subsidios para sostener la tarifa social de la electricidad. La medida representaba un incremento del gasto provincial del orden de los $ 15.000 millones, de los cuales unos $ 550 millones impactaban en Tucumán. De esa manera, la gestión del gobernador Juan Manzur no tendrá que preocuparse por buscar una alternativa para subsidiar a unas 163.500 familias que actualmente gozan de la tarifa social en la boleta de la luz. Sin embargo, el aporte para sostener el precio del boleto del transporte se ha convertido en el principal planteo de los gobernadores. Eso representa una erogación extra de $ 22.000 millones anuales para los distritos. El impacto en Tucumán es de $ 1.950 millones.

“No creo que ninguna provincia pueda afrontar eso. Sería una pérdida significativa para cualquiera de ellas”, dijo ayer a LA GACETA el mandatario tucumano. Manzur, no obstante, remarcó que “hay buena predisposición al diálogo” con el Gobierno nacional. A su criterio, “es importante que se genera una mesa de consenso que permita acercar posiciones, pero no partiendo sólo de la quita de recursos”.

Los ministros de Economía de las provincias analizan un borrador con las medidas que el Ministerio del Interior les acercó. Ese documento de trabajo establece una serie de acciones tendientes a lograr un recorte de al menos unos $ 300.000 millones en el gasto público de la Argentina, de los cuales $ 100.000 millones deberían ser absorbidos por las provincias. La respuesta de los mandatarios es que, más que compensaciones, la Casa Rosada debería pensar en no recortar gastos ni quita de presupuesto. Eso es lo que falta acordar.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, manifestó que las provincias podrían verse obligadas a efectuar recortes “brutales” para poder hacer frente a los gastos que pretende transferirles la Nación, y consideró injusto que deban hacerse cargo del déficit nacional. “Mi preocupación es que un debate que puede ser razonable no termine siendo un aval de todos los gobernadores a la totalidad del proyecto económico”, señaló. Lifschitz aseguró que la situación actual es mala debido “a un mal plan económico”.

Hace algunos días, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, indicó que lo que se ha planteado a las provincias “es una transferencia gradual de algunas responsabilidades que estaban en la órbita nacional, en el marco de un país federal en serio, como el que estamos construyendo, en el que las provincias reciben cada vez más recursos”. “Deben ser las provincias las que definan, con mayor autonomía y en un contexto de mayores recursos, cuáles son las mejores políticas en cada jurisdicción en temas como los subsidios al transporte urbano local, intrajurisdiccional, o la tarifa social”, argumentó tras reunirse con los ministros de Economía provinciales. Parte de esa responsabilidad aún sigue en manos del Estado nacional, pero el subsidio al transporte deberá ser asumido por las provincias. “Técnicamente sin los subsidios costaría más de $ 40”, dijo el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. “El clima social me preocupa. Hay que ocuparse de eso, hay que trabajar para llevar la mayor tranquilidad posible”, enfatizó el mandatario de la vecina provincia que indicó que una de las soluciones para que la Argentina encarrile su rumbo es saber hacia dónde se quiere ir. “La reducción del déficit fiscal es necesaria, pero no alcanza para salir de la crisis”, acotó.

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, coincidió con su par tucumano en las declaraciones, al afirmar que el Gobierno nacional ha tomado medidas inconsultas que los mandatarios terminan enterándose por los medios o por la publicación en el Boletín Oficial.

El martes, previo al encuentro con Macri, los gobernadores volverán a reunirse en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El ánimo de la mayoría de los denominados dialoguistas es “apoyar y ayudar responsablemente”, se habían expresado al cierre del anterior encuentro. “Nosotros no cogobernamos, gobierna el presidente Macri, pero somos responsables y nuestro ánimo es apoyar en aquellas cuestiones que permitan que a la Argentina le vaya bien, con todos los argentinos adentro”, puntualizaron. Dejaron en claro que no van a firmar ningún acuerdo a libro cerrado. “Queremos escuchar y opinar sobre cuestiones que impactan directamente sobre la vida del pueblo”, remarcaron.

El mismo martes, los gobernadores le pedirán explicaciones sobre los alcances del paquete de medidas para reducir el gasto a Macri, a Frigerio y al flamante ministro de Economía de la Nación, Nicolás Dujovne. Durante el encuentro, que arrancará a las 17, los mandatarios insistirán también con la posibilidad de que la Nación redistribuya ingresos, con el fin de garantizar el equilibrio en las cuentas públicas provinciales. También se debatirá acerca de la posibilidad de frenar el esquema de reducciones de alícuotas de impuestos provinciales, tal como se lo estableció en el Consenso Fiscal firmado en noviembre del año pasado.