Apoderarse de un bien o derecho ajeno, generalmente por medios violentos. Apoderarse de la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios. Son dos definiciones del verbo usurpar que se conjuga con alguna frecuencia en Tucumán. En nuestra edición de ayer damos cuenta de irregularidades en El Cadillal: la Fiscalía del Estado está investigando a una empresa que se habría apropiado de terrenos fiscales para realizar negocios inmobiliarios.
El miércoles, empleados de Recursos de Naturales, de la Fiscalía de Estado y efectivos de la división Delitos Rurales, que fueron a constatar la usurpación de un terreno fiscal en El Cadillal fueron agredidos a pedradas y con tiros al aire. En consecuencia no pudieron cumplir con la misión, pero denunciaron en la Policía a los sospechosos de haber perpetrado la agresión, la segunda en menos de un mes. En esa ocasión, el secretario provincial de Desarrollo Productivo dijo que un mes atrás, inspectores de Recursos Naturales habían secuestrado en la zona una maquinaria que estaba siendo empleada para talar el predio de media hectárea. Luego constataron que le habían colocado a la parcela una tranquera y la habían alambrado.
La firma acusada comercializa terrenos y viviendas en El Cadillal y su propietario fue denunciado por el Gobierno después de la agresión a los empleados. Se informó que el comerciante habría presentado una demanda en la comisaría de esa localidad contra un militar que semanas atrás se habría presentado en uno de sus emprendimientos para anunciarle que él había usurpado tierras fiscales y que volvería a recuperar esos lotes.
El comerciante que está siendo investigado por el Gobierno dijo que adquirió esas tierras a personas que hicieron posesión por haber vivido durante varias décadas en ese lugar y que poseían documentación porque habían pagado sus impuestos durante mucho tiempo.
La zona de El Cadillal ha sido una de las preferidas para ejercitar el verbo usurpar. Según datos oficiales, en 2012, se habían producido alrededor de 400 de apropiaciones ilegales. El despojo de las tierras fiscales se aceleró durante la última década; en los entretelones judiciales se vieron envueltos conocidos políticos y sindicalistas. En 2002, el entonces fiscal de Estado les había pedido a delegados comunales que denunciaran ocupaciones. En 2005, se habían constatado 63 casos de despojo ilegal.
El art. 181, capítulo VI del Código Penal Argentino, se establece que será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes.
¿Qué sucedería si los miles de tucumanos que carecen de una casa o viven en situación de hacinamiento o pobreza apropiaran de terrenos ajenos? Hay quienes creen que las tierras del Estado pueden ser usadas para beneficio propio por cualquier individuo, confundiendo lo público con lo privado, y blandiendo ese argumento se apropian de lo que es de la sociedad. Estas apropiaciones ilegales suceden por intereses creados, pero principalmente por falta de un control gubernamental eficaz o por lentitud o inacción de la Justicia. Sería positivo si en El Cadillal se pudiese conjugar otros verbos relacionados con la transparencia. Eso dependerá de nuestros representantes y de la Justicia.