El legislador opositor Eudoro Aráoz manifestó que la falta de nombramiento de jueces y de acciones concretas para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal evidenciaban la intención del Poder Ejecutivo de Juan Manzur de “someter a los Tribunales”. “Señor gobernador, deje de viajar y nombre jueces”, pidió el radical mediante un comunicado de prensa emitido ayer. Según su criterio, las políticas de Manzur respecto de la Justicia profundizaban los ataques que aquella sufrió durante los tres períodos del ex gobernador José Alperovich. El Poder Ejecutivo acumula cinco ternas para llenar vacantes judiciales en forma permanente y 10 listas para nombramientos transitorios. Además, tiene desde junio del año pasado dos ternas para Fiscalías de Instrucción en lo Penal con candidatos que ya fueron designados en otros cargos o que no lograron el acuerdo de la Legislatura.
“Denuncio ante la sociedad tucumana el grave incumplimiento de Manzur a sus deberes de funcionario público. Su reiterada morosidad para cubrir las vacantes de magistrados, sobre todo en el fuero penal, que motivó las quejas del Colegio de Abogados de la Capital y distinta advertencias por parte de miembros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ponen en riesgo serio la posibilidad de activar la reforma procesal, y vulnera el derecho de los tucumanos a acceder a una justicia eficiente y rápida”, opinó. Aráoz se refirió a una publicación periodística de este jueves que reflejaba el malestar de Antonio Estofán, vocal de la Corte y presidente del Consejo Asesor de la Magistratura, para con el Poder Ejecutivo. Un día antes, Estofán había exigido públicamente a Manzur que cumpla con la parte que le tocaba en la implementación del Código Procesal Penal adoptado en 2016. Ayer trascendió que el Gobierno había procedido a numerar dos leyes complementarias, tal y como había reclamado el vocal (se informa por separado).
“Esta conducta dilatoria se inscribe en la vieja y permanente estrategia heredada de dominar la Justicia y de borrar su independencia”, expresó Aráoz. El ex presidente del Colegio de Abogados añadió que el Gobierno creaba las condiciones para la impotencia de la Justicia frente al delito y, en simultáneo, le transfería la responsabilidad por la gravísima crisis de inseguridad ciudadana que vive la provincia. “Mientras esto sucede, el ministro público fiscal Edmundo Jiménez guarda cómplice silencio y aprovecha la situación para cubrir vacantes en forma ilegítima”, cuestionó a propósito de la designación discrecional de auxiliares para representar a los fiscales de Cámara en los juicios orales (se informa por separado).