Centros de diálisis decidieron no aceptar más pacientes del ex Profe

Otra vez el hilo se corta por la parte más débil. Los técnicos de Economía parecen no advertir que el ajuste amenaza con romper los hilos más frágiles de la trama social que son las personas con discapacidad. Que no son hilos, sino niños y adultos prendidos -ahora sí- de un hilo, a la vida. Un hilo o una máquina de diálisis a la que ahora no podrán acceder los pacientes de Incluir Salud (ex Profe) porque los servicios fueron cortados. Unos 200 centros privados de diálisis, entre los que se encuentran ocho de Tucumán, ya no reciben nuevos pacientes de esa obra social (que es la población más vulnerable) hasta que el Estado empiece a pagar la deuda que tiene con los prestadores.

En Tucumán son más de 100 los pacientes de Incluir Salud que se dializan en centros nucleados en la Asociación Tucumana de Centros de Diálisis y Trasplantes Renales (Atudial). “Nos comprometemos a no cortar el servicio a los pacientes que ya estamos atendiendo, pero no vamos a recibir más pacientes del Incluir, porque pasamos a ser financiadores del Estado, cuando somos prestadores”, remarca Julio Terán Navarro, presidente de Audial.

La medida de cortar los servicios fue tomada por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) y afectará a unos 1.500 pacientes en todo el país. Otras empresas multinacionales también anunciaron que pondrán ese límite a partir del 23 de este mes. El motivo es una deuda de más de 250 millones de pesos que el Estado nacional mantiene desde abril de 2017 con los prestadores. “No podemos sostenernos más. Nuestros insumos los pagamos a precios de dólar”, agrega Terán Navarro.

En una carta documento enviada a Santiago Ibarzabal, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y a Pablo Atchabahian, responsable del ex Profe, el presidente de la confederación, Darío Zapata, explicaba que los centros de diálisis sufren desfinanciamiento por “insuficiencia del valor del módulo, el desfasaje de los costos de los materiales, el incremento de los honorarios profesionales y sueldos, y la demora en el pago de las prestaciones”.

Otras discapacidades

Para el resto de las discapacidades, la situación no es mejor. Referentes de distintas instituciones de rehabilitación de Tucumán, que tienen a su cargo equipos interdisciplinarios, anunciaron que están al borde de cortar los servicios a los afiliados del Incluir Salud. En algunos casos, no cobran desde hace 10 meses, y cada institución tiene más de 50 y hasta 130 pacientes de esa obra social. “A los profesionales hay que pagarles lo que corresponde, contemplando el aumento que tuvieron, como es el caso de los docentes”, explica María Ester Rodríguez, de SION, que brinda apoyo escolar, integración, estimulación temprana y transporte. El Estado le debe 10 meses de prestaciones.

Al último disgusto lo recibieron ayer. “Sin ningún aviso previo, nos redujeron el 40% de las prestaciones en transporte en las liquidaciones de mayo”, protestó Ingrid Delajara, del Centro de día Cuscarisun. “Significa que el día de cobremos no lo haremos por el total de lo facturado”, remarca.

Jorge Soler, director del centro de día Hatun Wasi, explica que la deuda no es pareja, a algunos les deben unos meses y a otros, otra parte. En su caso, recién cobró lo correspondiente a febrero. Pero tampoco se paga el 100% sino una parte. Los pagos se hacen en forma absolutamente desordenada. Por ejemplo a Rodríguez se le abonó octubre al 80% de la facturación. “Además cuando uno llama a Buenos Aires nadie atiende los teléfonos”, reclama.

“A partir de los reclamos se nos planteó un cronograma de pagos de lo adeudado y la revisión de los aranceles, que están muy desactualizados. Ayer se hizo efectivo un mes y se están liquidando dos más, vamos a ver qué pasa, pero seguimos pasos burocráticos”, aclara Gustavo Anastacio del centro de día Marcay.

Cabe recordar que desde este año, Incluir Salud depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. Se trata un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a personas con discapacidad y a otros beneficiarios, como madres de siete y adultos mayores de 70 años. Además, las leyes argentinas protegen a las personas con discapacidad pero es el Estado el que las desampara.