10 puntos para saber por qué Tucumán es inseguro

Corren los días, las semanas y los meses y los tucumanos siguen sintiendo los mismos síntomas: la inseguridad no sólo se coló en sus vidas; también modificó sus conductas. Ya no alcanza con enrejar la propiedad, tener un perro feroz, instalar sistemas de alarmas o violar la ley colocando alambres con corriente o directamente armándose. Se llega a ese camino porque sienten la necesidad de tener respuestas inmediatas y los informes que se presentan en los estamentos políticos pareciera que no les alcanza. Tal vez valga la pena repasar algunos puntos que generan malestar.

1) En el barrio Juan B. Terán los vecinos denunciaron que no pueden ir a trabajar en ómnibus porque son víctimas de los motochorros que recorren las paradas. El año pasado, los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros podían bajar en sus celulares la aplicación Transporte Seguro y así sabían cuándo debían salir a la calle a esperar el colectivo. No era una solución definitiva, pero sí una herramienta para protegerse. Desde enero esa aplicación no funciona y el Gobierno dijo que se debe a la decisión de cambiar la empresa proveedora del servicio. La nueva firma se habría comprometido a lanzar un sistema similar, pero no lo hizo y ya pasaron siete meses.

2) Norma fue víctima de un motoarrebato en el sur de la capital. Quiso hacer la denuncia en una comisaría. Esperó horas para que la atendieran. Cuando lo hicieron, le avisaron que debía presentar la factura de compra del aparato para radicarla. Como no la tenía, no continuó con el trámite. Casos como este se multiplican en las dependencias policiales. No sólo afecta la inseguridad, sino también la desidia de las personas que deben cuidar a los vecinos. Estos inconvenientes desalientan a los ciudadanos para que radiquen una demanda y, por lo tanto, pueden ayudar a que las estadísticas registren una disminución de los ilícitos.

3) Hay miembros en la tropa que en el último tiempo cuestionan a otros sectores de la fuerza. Les cuestta tener una posición compacta. Hay mandos intermendios en las comisarías que critican -siempre en voz baja para no violar el verticalismo propio de la fuerza- que no sean más estrictos en sus controles. No faltan tampoco las voces que dicen que no todos están trabajando de la misma manera.

4) El cambio de gestión en el área de Seguridad estuvo acompañado por modificaciones. Del Plan Integral de Seguridad se pasó al Plan Estratégico de Seguridad de Aplicación Inmediata, pero los resultados no son los mejores. Según lo reconoció en el informe que envió el ministro Claudio Maley, la tasa de robos cometidos en el primer semestre de 2018 se incrementó un 27% con respecto del año pasado. Los especialistas aseguran que este aumento tiene que ver con los cambios en los planes de prevención. El Servicio 911, caballito de batalla de la anterior gestión, contaba al menos con 50 móviles recorriendo las calles; actualmente es normal que no sean más de 25. La presencia policial se redujo considerablemente en Barrio Norte porque los hombres de Guardia Urbana que estaban destinados a ese lugar fueron desplazados a la periferia de la capital.

5) “En seguridad se necesita plata. Ese es el secreto”, dicen los especialistas. Pero en Tucumán, en los últimos cuatro años, el presupuesto del área no se actualizó según la inflación. El monto asignado, alrededor de $1.300 millones, se destina, casi en su totalidad, a cubrir la planilla salarial. Esta es una de las pocas provincias donde los fondos destinadas al área no superan el 10% del presupuesto total.

6) La falta de equipamiento para la fuerza es otro de los problemas a resolver. No hay chalecos antibalas para todos los policías y más de 400 protectores se encuentran vencidos, pero igualmente se utilizan. Las cámaras de seguridad es otra materia pendiente. Más del 25% de las 161 instaladas en la ciudad no funcionan o, en todo caso, tienen problemas. Muchas de ellas están fijas y no se mueven. Fuera de la capital, hay 130 cámaras que se distribuyen en cinco municipios. De ese total ya se constató que 26 dejaron de operar. Además ninguna está conectada al servicio 911. Ello complica la prevención de los delitos. Porque cuando en las pantallas del centro de monitoreo se advierte algún delito no se puede brindar una respuesta inmediata. Primero deberá llamar a la Policía y recién saldrán los efectivos. Una demora innecesaria.

7) En junio, la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal desarticuló a Clan Reyna, uno de los grupos más peligrosos que estaría dedicado al narcomenudeo. A juzgar por los resultados posteriores, este logro no habría dado sus frutos. Hubo dos crímenes y dos jóvenes agonizan por haber recibido disparos en sus cabezas y según los informes policiales estos enfrentamientos se deberían a la pelea que existe entre grupos vinculados a la droga por conseguir el dominio territorial. Esto deja al Estado provincial en deuda al no haber aprovechado aquel golpe.

8) En el informe que Maley envió a la Legislatura se puede leer claramente que la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico recomienda que sea la Justicia ordinaria la que se ocupe de los casos de narcomenudeo que tanto deterioran la vida en los barrios. En el área de Seguridad no se advirtió que el Ejecutivo, a través de un juicio, había frenado la aplicación de la Ley que fuera aprobada por la Legislatura. Hace cuatro meses que no hay una posición clara sobre el tema.

9) El Estado tucumano sigue sin atender a los jóvenes con problemas de adicción, pese a que los fiscales sostienen que al menos el 80% de los detenidos aseguran consumir drogas y que la mayoría comete delitos para comprarlas.

10) La ley de Emergencia en Seguridad y su Comisión de Seguimiento pronto cumplirán dos años de existencia. La idea de esta norma era darle una herramienta al PE para luchar contra la inseguridad ayudado por los aportes de un cuerpo integrado por representantes de los otros poderes. Como dijo hace décadas Juan Domingo Perón: “Para que algo no se aclare, nada mejor que formar una comisión”.