“El reclamo de las víctimas de delitos es desoído en Tucumán”

El reclamo de las víctimas de delitos con Alberto Lebbos a la cabeza trajo a esta ciudad a Martín Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Pero no sólo a Casares: también a Luciana Carrasco, asesora y coordinadora del Observatorio para las Víctimas del Delito, y a dos integrantes de ese nuevo organismo, María Luján Rey (querellante de la Tragedia de Once) y Matías Bagnato (sobreviviente de la Masacre de Flores). Ellos y el legislador radical Fernando Valdez ofrecieron este jueves una mesa panel en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en la que bregaron por la sensibilización de los actuales y futuros abogados, jueces y fiscales. Al tomar la palabra, Casares se quebró y lloró: explicó que estaba conmovido por las historias de Lebbos, Rey y Bagnato. Antes, el funcionario dijo a LA GACETA: “el reclamo de las víctimas de delitos es desoído en Tucumán”.

En una oficina del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) ubicado en la calle 25 de Mayo 1.095 de esta capital, Casares expresó que la protección de la víctima es una de las políticas principales de la cartera que encabeza el ministro Germán Garavano. “La Ley Nacional de Víctimas fue sancionada hace un año y nosotros la reglamentamos. Básicamente establece no sólo la asistencia durante el proceso penal, sino también el acompañamiento integral, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico”, agregó. Casares comentó que esta política es desarrollada por medio de los Centros de Acceso a la Justicia y la línea telefónica 149: “pero necesariamente tenemos que trabajar con los otros niveles del Estado, con las provincias y los municipios. Aquí es donde, principalmente en Tucumán, nos encontramos con dificultades porque hay una norma sancionada desde 2006, pero que no está reglamentada ni puede ser aplicada”.

-¿Qué significa eso?

-Significa que la Legislatura de Tucumán en algún momento definió que era importante tener una ley de víctimas de delitos, pero luego no hubo voluntad de implementarla en el Poder Ejecutivo. Todo se ha quedado en un papel, en una hoja muerta. Desde la Nación podemos decirles a los ciudadanos que vayan a nuestros CAJ, donde trataremos de hacer todo lo que está a nuestro alcance, pero la ley nacional requiere la cooperación de las instituciones provinciales. Es un momento muy apropiado para que Tucumán avance en este sentido.

-¿Cómo ve a las víctimas tucumanas en comparación con las del resto del país?

-Recibimos una cantidad de pedidos y de quejas que indica la falta de acompañamiento del Estado. El reclamo de las víctimas es desoído en Tucumán.

-En noviembre, la Casa Rosada puso en marcha una veeduría de 33 expedientes en esta provincia. ¿Qué pasó con esta iniciativa?

-Intentamos iluminar y publicitar expedientes que no estaban a la vista o que eran cuestionados por la propia sociedad de Tucumán. La medida tuvo un alcance positivo en el sentido de que algunas causas avanzaron o se movieron por el sólo hecho de que se haya manifestado el interés. Pero las reformas institucionales que requiere Tucumán para que haya mayor publicidad o transparencia deben salir del sistema político local.

-Algo que sí depende de ustedes es el nombramiento de dos camaristas, de un juez y de un fiscal de la Justicia Federal de Tucumán. ¿A qué responde la falta de definiciones?

-El Ministerio decidió que la situación patrimonial de los nuevos jueces y fiscales federales sea analizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Por este proceso están pasando todos los ternados. Queremos saber si sus bienes declarados o su nivel de vida responde a sus ingresos: es una manera de elevar la vara. Una vez que concluya, estaremos en condiciones de mandar los pliegos al Senado.

-Al momento de la elección, ¿el presidente Mauricio Macri privilegia a quienes encabezan los tercetos?

-Es una buena pregunta porque, si querés cambiar la conformación del sistema judicial federal, no es suficiente la trayectoria o la excelencia académica del aspirante al cargo. Nosotros ponemos mucho el ojo en el perfil del juez: descartamos que todos los candidatos son idóneos, pero priorizamos a aquellos que tienen en cuenta a las víctimas, y dan importancia a la oralidad que garantiza mayor publicidad y transparencia. Queremos cambiar el signo ideológico de la Justicia para tratar de dejar atrás el abolicionismo. Queremos que los jueces tengan vocación de servicio y que resuelvan los conflictos: ello puede incidir en que sea dejado de lado el primer integrante de la terna. Imaginemos que Raúl Zaffaroni gana todos los concursos... Nosotros tenemos una visión distinta del Derecho Penal. Creemos que los procesos deben ser útiles para reducir los niveles de impunidad. En el presente, sólo el 0,7% de los imputados recibe una sanción penal efectiva en la Argentina.

-¿Qué está haciendo la Nación respecto de las acusaciones de uso político y particular de la Justicia de Jujuy, provincia aliada al Gobierno de Macri?

-Hemos viajado mucho a Jujuy para ver temas de reforma judicial. También estamos dando asistencia técnica y capacitación al Poder Judicial provincial. Pero no hemos tenido ningún tipo de intervención ni pedido o queja. Sí estamos siendo muy proactivos en todas las jurisdicciones en cuanto al fortalecimiento de la independencia de los Tribunales provinciales. Nosotros debemos propender a la modificación de la matriz del sistema porque, si no, el problema permanecerá más allá de quien gobierne.

-Sólo el 0,5% de las causas de corrupción con trascedencia pública iniciadas en los últimos 13 años en Tucumán logró una condena firme. ¿Qué le dice a usted este hallazgo?

-Puede que sea un poco más bajo que el promedio nacional, pero, lamentablemente, es un tema estructural y sistémico. Por eso el ministro Garavano siempre enfatiza la necesidad de que haya juicios orales y sentencias definitivas. Los jueces y fiscales hoy no reciben presiones por parte del Gobierno, que no tiene mayorías para echarlos: eso está ayudando a que este tipo de causas avance en la esfera nacional. A esto hay que añadir el rol del periodismo independiente y el incremento de la institucionalidad. Ahora tenemos ley del arrepentido y testigos protegidos: con esas herramientas resulta más fácil probar este tipo de delitos. Por eso Tucumán debe terminar de poner en marcha el programa de protección de testigos: entiendo que aún falta designar a quien estará a cargo de él. Esto da tranquilidad e incentivos para hallar la verdad, lo mismo que cuestiones estructurales como la división de poderes y la independencia judicial. Sin estas condiciones, ¿quién denunciará la corrupción?