Por Gustavo Rodríguez
23 Agosto 2018
EN PLENO PROCEDIMIENTO. El Gobierno asegura que la Digedrop realiza buenos trabajos, pero no hacen operativos por la falta de respuesta judicial.
“En lo que respecta a la Policía, efectúa investigaciones, con muy buenos resultados, pero no llegan a concretarse en un procedimiento, ante la falta de respuesta judicial”. Esa es una de las frases que aparecen en el informe que el ministro de Seguridad, Claudio Maley, expondrá hoy ante los integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia de Seguridad, al hablar sobre el avance de la lucha contra el narcotráfico en la provincia.
Los datos fueron aportados por los responsables de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que fue creada los primeros días de abril. “Acá podemos inferir que si bien tenemos un problema, la resolución está en manos de la instancia judicial, que es la que autoriza o no la intervención policial para terminar con dicho delito”, agregaron en el escrito.
En el documento, también se puede leer: “la Justicia Federal aduce que no posee estructura suficiente para llevar adelante el cúmulo de causas que ingresan a su jurisdicción; por lo tanto no está en capacidad de responder a la solución del problema. En cuanto a la Justicia provincial -se agregó- la desfederalización mediante la Ley N°8664 se encuentra suspendida en razón de falta de estructura. Sería conveniente destrabar esta situación en bien de la salud del pueblo tucumano”.
Los funcionarios del área de Seguridad destacaron que “los juzgados federales de la provincia son dos, que cuentan con poco personal y llevan adelante causas investigadas por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad aeroportuaria y la Policía de Tucumán. En conclusión se puede decir que no están en capacidad de hacer frente al problema actual de narcotráfico que afecta a la provincia”.
Organizaciones familiares
En el documento, se ponderó el trabajo de calle que hicieron los responsables del área. Informaron que, acompañados por el secretario de Seguridad, comisario (r) Luis Ibáñez, visitaron barrios como La Costanera, Alejandro Heredia, ATE y Aguas Corrientes, donde tomaron contacto con personal de las escuelas, vecinos y policías de la zona.
“Luego de todas estas actividades se puede concluir que el problema de la droga está instalado en nuestra provincia fundamentalmente en los barrios vulnerables, administrado por organizaciones familiares que se abastecen de drogas a través de diferentes proveedores. Estas familias tienen la venta de droga como un medio de vida y estructurándose de esta forma evitan traiciones y se sienten más resguardadas”, explicaron en el documento.
“Dentro de estas organizaciones existen algunas que han crecido más, pero que a la vez han tenido más problemas con la Justicia, es así que actualmente varios integrantes de estas organizaciones están detenidos por narcotráfico u homicidio”, comentaron.
En el informe detallaron además: “esto da un escenario en donde se puede ver en los barrios de San Miguel De Tucumán, diversas bocas de venta (quioscos). Esto da como resultado una gran cantidad de jóvenes adictos y por lo tanto también un aumento de la violencia. También existen en la provincia organizaciones que no son familiares y que generalmente cambiaron de rubro delictual buscando más rentabilidad”.
Rutas
Los especialistas de la Secretaría establecieron que “la ruta de la droga se da de Norte a Sur, proveniente fundamentalmente de Bolivia en el caso de la cocaína y de Paraguay en el caso de la marihuana”.
Según el informe brindado por el ministerio de Seguridad, en el primer semestre de 2017 se incautaron poco más de 10 kilos de drogas (5 de marihuana y 5 de cocaína), mientras que en idéntico período de este año, se secuestraron alrededor de 180 kilos (101 de cocaína y 37 de marihuana).
Lo más popular
