21 Agosto 2018
BIAGOSCH. “Las casas allanadas pertenecían a mis defendidos”, dijo.
Alejandro Biagosch, el abogado de miembros del “Clan Reynoso”, quienes están acusados de extorsión y amenazas, rechazó las imputaciones efectuadas por la Justicia, al afirmar que “los testigos no pueden comprobar los hechos denunciados”.
“Las casas allanadas pertenecían a mis defendidos. Fueron adquiridas legítimamente. Esto consta en los instrumentos y escrituras públicas, las que se llevaron a cabo a través de actos de transferencia y disposición, hechas por el señor (Miguel Cornelio) Moyano”, enfatizó el letrado.
Biagosch remarcó que los documentos oficiales, que fueron secuestrados en nueve viviendas allanadas, han sido presentadas como pruebas en la causa. “Lo hicimos para corroborar la legitimidad de la titularidad de los inmuebles”, manifestó.
En agosto pasado, el fiscal Diego López Ávila, a cargo de la investigación, confirmó el requerimiento de elevación a juicio de la causa contra los integrantes de la organización. De acuerdo con el proceso de instrucción, el “Clan Reynoso” era considerada una organización criminal, que había operado entre 2010 y 2017 en Tafí Viejo y en San Miguel de Tucumán.
El funcionario judicial reunió información que lo llevó a asegurar que la banda operaba engañando a sus víctimas para apoderarse de propiedades y de vehículos de alta gama. Violentos ataques y de “aprietes” habrían sido los métodos.
Luis Rubén Reynoso (p), de 79 años, fue señalado como el jefe de la estructura. Además, fueron vinculados Luis Rubén, Carlos Horacio y Gabriel Gustavo Reynoso; Juan Carlos Ortíz; Atilio Alejandro Gazzola; María Ester Bonett; José Alfredo Triviño; y Adrián Ernesto “Toja” Parajón.
“Hay imputaciones de hechos que no pueden ser comprobados, ni por testigos ni por personas que hayan presenciado las supuestas amenazas, posibles extorsiones o los delitos de los que se les imputa a la familia Reynoso y al señor Ortíz. Ya varias causas se han archivado en otras fiscalías, como consecuencia de que no se pudo sostener una acusación entre la posible víctima y el imputado de ese supuesto hecho delictivo”, apuntó Biagosch, con referencia a la investigación de López Ávila.
Uno de los casos testigos que dieron origen a la causa fue el de María de los Ángeles Guindo. Ortíz, uno de los acusados, le exigió a la mujer que suscribiera un boleto de compraventa en su favor de una propiedad ubicada en Tafí Viejo por la suma de $ 20.000. La mujer nunca recibió el dinero por la operación, de acuerdo al expediente.
Respecto de esta situación en particular, Biagosch afirmó: “hay que aclarar que aquí hubo una disputa familiar de la familia Moyano, entre Natalia y Francisco Moyano con su padre Miguel Cornelio Moyano (hijo de Guindo). Es más, constan denuncias policiales y en escribanías hechas por Miguel Cornelio Moyano, sobre la persecución que sufrió respecto de sus hijos para poder apoderarse de las propiedades. Él era dueño y heredero de esos inmuebles”.
Los miembros del grupo, quienes están acusados de unos 24 hechos, quedaron libres después de que la Cámara Penal de Apelaciones ordenara el cese de prisión preventiva.
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