21 Agosto 2018
La falta de rendiciones y denuncias de personas desmintiendo en la Justicia aportes monetarios a los partidos políticos (oficiales y opositores), motivó hace un tiempo la presentación del Gobierno nacional de un proyecto de ley para “transparentar” esos apoyos económicos con una simple bancarización.
Ahora, el escándalo de “los cuadernos de la corrupción” puso sobre el tapete los aportes empresariales a las campañas políticas, y en aprietos a la iniciativa oficial. Así, la primera pregunta es ¿quién va a poner plata en la campaña del próximo año? Y en todo caso, ¿quién la va a recaudar?
Así como entonces había seguridad en la Casa Rosada, ahora surgen las dudas. La onda expansiva de la megainvestigación de los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta alcanzó al proyecto de ley de financiamiento de la política, presentado por el Gobierno cuando se conoció el caso de los aportes “truchos” en la campaña bonaerense de Cambiemos.
Si en casi todos los sectores del oficialismo había unanimidad en torno a la vuelta de los aportes de empresas durante las campañas, la fila de empresarios arrepentidos en la Justicia de las últimas semanas le agrega un manto de inquietud a esa modificación del proyecto presentado por el Gobierno.
En Diputados ya hubo dos reuniones de asesores de los distintos bloques para analizar la letra chica de la ley, que además de la vuelta de las donaciones de personas jurídicas incorpora la bancarización total de los aportes y dota de mayores herramientas a la Justicia electoral, entre otras cuestiones.
Ilegal y millonario
Los dos encuentros de comisión se dieron en paralelo al avance de la causa que tramiten el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, y que desnudó por boca de los ex funcionarios y empresarios que confesaron un sistema de recaudación ilegal y millonario, en parte, para el funcionamiento del sistema político. La posibilidad de levantar la prohibición de los aportes empresarios a las campañas, incorporada en la modificación del 2009, se torna cada vez más difícil de consensuar, e incluso empezaron a aparecer voces contrarias en ese sentido en el seno del Gobierno. Una de ellas es la del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien se mostró reacio a esa modificación, y entró en cortocircuitos con parte de la cúpula partidaria del PRO.
“Creo que estamos viviendo un momento particular que permite analizar la posibilidad de dejar de lado el financiamiento mixto o privado y avanzar en el público. También con otras medidas complementarias, como unificar las fechas electorales”, dijo Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos.
En esa línea, en Diputados se debaten por estos días entre dejar el sistema de ingresos cómo lo establece la ley actualmente -aportes del Estado y donaciones de personas físicas- o ir hacia un esquema de aportes sólo estatales. Una de las iniciativas presentadas por la oposición, en este caso del diputado Máximo Kirchner, plantea ese sistema.
Lo mismo había propuesto el ex senador Juan Manuel Abal Medina en 2016, a través de un proyecto impulsado en el Senado. Hace unos días, el ex funcionario de Cristina Fernández aseguró ante el juez Bonadio que recibió dinero en negro en la Jefatura de Gabinete, para campañas electorales.
De cualquier manera, la vuelta de los aportes de empresas a las campañas, que desde la modificación de 2009 siguió pero en un territorio signado por la opacidad, promete ser el eje de mayor discusión entre el Gobierno nacional y la oposición.
Más allá de lo apretada de la agenda parlamentaria, la Casa Rosada enviará en las próximas semanas el nuevo Código Penal y el Presupuesto 2019, clave para el programa de ajuste impulsado por el gobierno de Mauricio Macri.
En el Senado, mientras tanto, los tiempos y las relaciones son aún más complejas. Se descuenta que el bloque del Frente para la Victoria sostendrá el proyecto presentado por el hijo de la ex presidenta en Diputados. En el bloque de Miguel Ángel Pichetto, en tanto, aún no hay posición tomada.
Desde la Coalición Cívica tampoco están de acuerdo con el financiamiento privado de empresas. “Coincidimos en líneas generales con el proyecto del Gobierno, pero no con el artículo que permite que las empresas financien las campañas políticas. Esta ha sido la posición histórica de la CC, más allá de este escándalo de coyuntura sobre los ‘cuadernos de la corrupción’” indicó la diputada Paula Olivetto.
La diputada Graciela Camaño (Frente Renovador), otra voz de la oposición, también expresó sus objeciones, por lo que difícilmente prospere en el Parlamento la iniciativa del Gobierno nacional. (Infobae.com-Lanacion.com)
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