El Gobierno provincial avanza con los preparativos para empezar a edificar el Centro Cívico, que será la nueva “casa” de la Administración Pública local.
Para complementar el desarrollo del anteproyecto arquitectónico de la obra -a cargo del estudio del prestigioso tucumano César Pelli-, el Poder Ejecutivo (PE) tramita la contratación de tres empresas especializadas que tienen sede en Ciudad de Buenos Aires.
Este dato, precisamente, dilató el proceso administrativo, ya que el Tribunal de Cuentas (TC) condicionó los convenios con las firmas porteñas a la presentación de los certificados de cumplimiento fiscal ante la Dirección General de Rentas de Tucumán.
En los documentos oficiales del ente de control consta que la firma “GF SA” llevará a cabo la elaboración del diseño esquemático y anteproyecto “de instalaciones termo mecánicas y ascensores de la obra” (por $4,5 millones, según el acuerdo 3.504) y de las características sustentables del edificio a través de la “certificación LEED” (por $750.000, reza el acuerdo 3.502). Lo relativo a estructuras del Centro Cívico estará a cargo de la firma “Estudio AHF SA” (costará $4,3 millones, indica el acuerdo 3.503). Además, la firma “Mackinlay Vignaroli” se ocupará de lo referido a “instalaciones eléctricas y corrientes débiles” de la obra (por $3,1 millones, expresa el acuerdo 3.501 del Tribunal de Cuentas).
Una vez que el Poder Ejecutivo cumpla -a través de la Secretaria de Obras Públicas- con los requisitos formulados durante el control preventivo, podrá proceder a pagar las cuotas de los servicios, que totalizarán $12,65 millones.
En etapas y en cuotas
La idea del Centro Cívico empezó a tomar forma en noviembre de 2016, con las primeras conversaciones entre funcionarios del gobernador, Juan Manzur, y representantes del estudio de Pelli, radicado en EEUU.
La intención es mudar las reparticiones que funcionan en la Casa de Gobierno y en inmuebles alquilados a una nueva sede, que será edificada en un predio de 17,5 hectáreas ubicado a la vera de la ruta 9, cerca del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga (localidad de Los Pocitos, Tafí Viejo). El predio fue adquirido en el primer trimestre de este año por un total de $42,3 millones a su anterior propietario, José Miguel Farías, según el decreto 4.366-3 (SH), dictado en diciembre de 2017.
Ese mes, la Legislatura sancionó la ley 9.059, que autorizó el contrato entre la Provincia y Pelli para el diseño del Centro Cívico a cambio de un total de 2,4 millones de dólares (incluye los honorarios de las firmas Buro Happold y de Balmori Associates). Las erogaciones se ejecutan en cuotas, según los avances. Se contabilizan hasta ahora un anticipo de 240.000 dólares, concretado en junio de 2017; y las dos etapas del master plan, remitidas en marzo y en abril pasados por el estudio de Pelli, por 192.000 dólares cada una. Así, los servicios prestados por el momento suman 624.000 dólares (casi un 25% del total del convenio).
La cláusula séptima del acuerdo entre el PE y los arquitectos se refiere al equipo de asesores que complementarán las tareas del anteproyecto. Allí se establece que “la Provincia se compromete a proveer y/o contratar a los especialistas en ingeniería estructural y de instalaciones, en geotécnica, ingeniería civil, iluminación, envolvente exterior, acústica, seguridad civil, seguridad contra incendios, LEED (N.d.R.: certificación de edificios sostenibles), arquitectura-paisajística ejecutiva, diseño gráfico, etcétera, que pudieran resultar estrictamente necesarios para la realización del proyecto a criterio de la Provincia y de acuerdo a los requerimientos formulados” por la firma del tucumano Pelli.
En este marco se encuadran las contrataciones directas de las empresas “Estudio AHF SA”, “Estudio GF SA” y “Mackinla y Vignaroli SA”, todas situadas en Ciudad de Buenos Aires. El trámite administrativo sigue abierto, ya que el Tribunal de Cuentas, integrado por Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), reparó en que ninguna de las tres firmas adjuntó el certificado de cumplimiento fiscal de Rentas. La presentación de ese cumplimiento es una condición expresa establecida en el Código Tributario (ley 5.121, de 1979). De hecho, en julio pasado el gobernador Manzur había girado un proyecto al Poder Legislativo para solicitar una excepción a esa norma, aunque pocas semanas después retiró la iniciativa, en una decisión sin precedentes desde que conduce el Ejecutivo.
En tanto, en la Casa de Gobierno anhelan que la licitación de la obra del Centro Cívico se realice antes de que termine 2019.
El Ipacym dejará de operar en el centro
Uno de los objetivos de la próxima sede del Gobierno provincial es descongestionar el tránsito en el centro de la Capital, donde funcionan incontables reparticiones públicas. Según se anunció, en ese lote figura el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), a cargo de Regino Racedo. Esta área tiene su “casa central” en calle Virgen de la Merced (ex Rivadavia) al 200, y el sector frontal del inmueble está en refacción desde hace algunos meses. “(La mudanza) traerá beneficios tanto al personal de la institución como así también a los cientos de cooperativistas, mutualistas y consorcistas que realizan diferentes gestiones en esta repartición”, afirmó Racedo.
La Casa de Gobierno, un museo histórico
El anuncio oficial del Centro Cívico indica que el proyecto se concretará sobre un terreno de 17 hectáreas, con una superficie cubierta bruta de 66.000 m2. Nucleará diversas áreas del Gobierno, a excepción de la Dirección Provincial de Vialidad, del Ente Tucumán Turismo, de Ente Cultural, del Ministerio de Educación y del Siprosa. Tendrá además locales comerciales, auditorios y cafeterías, por lo que se planifica el desarrollo urbanístico integral en esa zona. Según la web del Ejecutivo, el proyecto está enfocado para los próximos cinco años. Luego, se espera que gran parte de la Casa de Gobierno -salvo por el despacho principal y el Salón Blanco- sean convertidos en un museo histórico.
Las etapas del plan oficial
1- A fines de 2016 se supo que el gobernador Manzur sostenía conversaciones con el arquitecto Pelli para una nueva sede del PE.
2- Al año siguiente la idea comenzó a tomar forma. La Legislatura sancionó una ley de expropiación de un terreno de 17 ha en Los Pocitos.
3- El mandatario mantuvo diversos encuentros con Pelli, reconocido por sus diseños en distintos sitios del mundo, y llegó a un acuerdo formal.
4- La iniciativa generó críticas de legisladores opositores. No se objetó el contrato con Pelli, sino la oportunidad para concretar la inversión.
5- En la Unidad de Reconversión de Espacio Público, a cargo de Salim, estiman que se contará con el proyecto de obra a fin de año.
6- El monto final que significará la obra no está establecido, sobre todo porque parte de las erogaciones previstas están en dólares.