Tras 14 años, absolvieron por segunda vez a los acusados de vender éxtasis en Nocturno

Llegaron al Tribunal Oral Federal sin entender muy bien qué ocurría. Sus rostros estaban desencajados. En principio, les habían explicado que debían presentarse ante los jueces para que definiera una vez más su futuro, ya que un tribunal superior había anulado el fallo de 2012 con los que fueron condenados. Nerviosos escucharon los fundamentos de todas las partes. Después de más de tres horas de máxima tensión, los cinco imputados por la venta de éxtasis se emocionaron hasta las lágrimas cuando fueron declarados inocentes ayer al entender que se habían vencido todos los plazos razonables para que se impartiera justicia.

Nocturno era un boliche que estaba de moda. Fue uno de los primeros en los que los jóvenes disfrutaban de la música electrónica. Los investigadores sospecharon que detrás del “punchi-punchi” se había montado un negocio ilegal. En 2004, una fuerza de seguridad realizó varios allanamientos y aprehendió a varias personas. Estaban sospechadas de vender éxtasis, una droga que no era conocida en la provincia.

En 2009 comenzó el juicio. Según la investigación, Gerardo Epelbaum y Ramón Diéguez (h), dueños de Nocturno, manejaban una red de venta de éxtasis. El bonaerense Pablo Silva se las proporcionaba y el DJ riojano Ariel Aquines Wartski (al que le secuestraron 158 pastillas) y Gerardo Farías eran los que las comercializaban en la provincia.

El debate duró más de seis meses. El tribunal, integrado por Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Alicia Noli, condenó a Aquines Wartski a cinco años y ocho meses por tenencia de drogas con fines comerciales; a Silva a cuatro años por haber enviado las pastillas, a Epelbaum y a Farías a 2 años y seis meses por haber tenido una participación secundaria en la banda que organizaba la venta de éxtasis. Diéguez fue absuelto.

La causa no terminó allí, ya que los defensores apelaron el fallo. En 2012, la Sala II de la Cámara de Casación Penal resolvió la nulidad de las escuchas telefónicas que había ordenado el ex juez federal Jorge Parache (intervino en el caso), y en consecuencia, la absolución de los imputados al caerse la principal prueba contra ellos.

Inesperado giro

El por ese entonces fiscal federal Alfredo Terraf llevó el planteo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2014, el máximo tribunal ordenó que el caso volviera a una Cámara de Casación para que analizara el caso. Este tribunal, en diciembre de 2016, dispuso que el fallo final sea revisado nuevamente por un tribunal, lo que finalmente se concretó ayer. Los jueces Juan Carlos Reynaga, José Camilo Quiroga Uriburu y Adolfo Guzmán, realizaron ayer una audiencia previa para definir los pasos a seguir, ya que se encontraban ante una situación difícil.

Los acusados se presentaron y les explicaron a los magistrados cómo viven actualmente. Farías, por ejemplo, se definió como comerciante; Epelbaum, como entrenador de gimnasios; Diéguez (h), empleado de una empresa de sonido de Santiago del Estero; Aquines Wartski, titular de una PyME en La Rioja; y Silva se desempeña como farmacéutico en la localidad bonaerense de Quilmes.

El fiscal federal Pablo Camuña, durante la audiencia, indicó que el fallo de casación no dejaba mucho margen y que el tribunal debería modificar las penas que se habían impuesto anteriormente. También dijo que no había peligro de prescripción.

“Mi defendido, al igual que los otros acusados, vienen soportando un proceso de más de 14 años sin tener una resolución cierta. Se le está impidiendo que pueda seguir adelante con su vida. Ya se han vencido todos los plazos razonables para que se resuelva su situación. No reincidió, se recuperó de sus adicciones, se recibió y cada vez que pretendía ocupar un cargo o un mejor trabajo, la falta de resolución de esta causa se lo impedía”, explicó José Luis Salas Correa, defensor de Silva. Los defensores de los otros imputados hicieron planteos similares. El tribunal, después de deliberar por más de una hora, les dio la razón y los absolvió por segunda vez.

Este nuevo fallo no está firme aún y puede ser apelado nuevamente por el fiscal Camuña. “Queda un año y medio para que la causa prescriba y no creo que haya tiempo para nuevos planteos. La verdad es que por esta causa ya han pasado 23 jueces que opinaron de distintas maneras. Es importante decir que se gastaron los recursos en este caso, habiendo otros problemas, como la existencia de los clanes en la provincia sin resolver”, concluyó Carolina Epelbaum, defensora de Gerardo.