No están los “Cuadernos de la Corrupción” de Tucumán

El tiempo es, esencialmente, entrópico. Entonces ahora, cuando los cimientos del poder político se estremecen y la patria contratista tiembla por las anotaciones de un chofer que detallan el circuito de coimas (supuestas, claro está) entre el poder económico y protagonistas del kirchnerismo, muchos tucumanos se sorprenden. Pero ese estupor tiene más olvido que razón. Esta provincia también ha tenido, hace apenas un puñado de años, sus escándalos debidamente registrados. Y en ellos hay también (presuntamente, es obvio) entuertos con las obras públicas, financiamiento delictivo para campañas electorales, negociados millonarios con empresas, beneficios discrecionales con títulos públicos, agujeros negros para fondos públicos y, por supuesto, valijas con dinero público y destino completamente incierto.

Todo ello fue instruido por la Fiscalía Anticorrupción en los albores de este siglo. Y todo ello quedó en la nada. Ni un solo expediente llegó a juicio. Y ahora, físicamente, nada queda de las causas llevadas adelante por Esteban Jerez, con la colaboración del secretario Carlos López.

Tanta es la nada que el propio Jerez, recientemente, se encontró con una situación inédita, cuando dirigentes que fueron investigados por él le plantearon que, cuando fueron a tramitar el sobreseimiento por prescripción (los casos tienen entre 15 y 20 años), en Tribunales les respondieron que los expedientes no están. Como datan de los años anteriores a la reforma de la Mesa de Entradas y la puesta en vigencia del sistema Lex Doctor, no los hallan.

Esta desaparición de los registros pasa a convertirse en una “razón legal” por la cual, a falta de respaldo documental, no se pueden mencionar los nombres de los involucrados. Sin embargo, a los efectos de la conciencia histórica, es la trama de los oprobios la que debe ser recordada.

Cuaderno I

Durante la gobernación de Julio Miranda, la Legislatura llegó a aprobar, en febrero de 2002, una ley que declaraba la necesidad de la reforma de la Constitución. Esa enmienda nunca se concretó porque un escándalo la fulminó. Uno en el cual una mujer denunció que su marido había operado como pagador de sobornos, por $ 2 millones, para reunir los 27 votos.

Los mencionados desmintieron la versión y muchos querellaron a la denunciante. En materia judicial, primero se intentó declarar nula la causa en nombre de que Jerez no tenía el original de la carta. El mismo argumento que se esgrime contra los “Cuadernos de la Corrupción” del chofer Oscar Centeno. Pero el fiscal lo impidió entonces con un argumento de candente actualidad: la bitácora de la esposa denunciante no era un documento público sino un testimonio privado. Y ella lo había ratificado cuando Jerez personalmente le tomó declaración.

La causa, finalmente, fue volteada con un tecnicismo: según el Código Procesal Penal de la época, la condición de esposa del denunciado impugnaba a la denunciante porque ella estaba “comprendida en las generales de la ley”. Eso sí: ella no estaba casada con los otros 26 involucrados, pero eso debió parecerle un detalle a los camaristas que tumbaron el caso…

Cuaderno II

Otra conspicua esposa de un dirigente estuvo involucrada en una causa de la Fiscalía Anticorrupción, que investigó el posible uso de dineros públicos para la campaña de 2003.

El caso en cuestión refirió a una fundación dedicada a encontrar a niños perdidos durante la democracia. Sin embargo, se denunció que la organización no sólo buscaba pibes, sino también contratos de publicidad estatal. Pero lo investigado no fue el cambio de rubro, sino los pagos. Según la normativa del momento, cualquier contratación del Estado por $ 10.000 en adelante debía realizarse mediante licitación pública. Así que hubo 60 pagos por $ 9.950, que demandaban sólo de cotejo privado de precios. Y en casi todos los casos, los que “competían” en esos cotejos eran agencias cuyos directivos eran miembros de la fundación.

Los involucrados fueron sobreseídos por la Justicia tucumana.

Cuaderno III

Los fondos ilícitos para financiar campañas tuvieron otro capítulo en la Fiscalía Anticorrupción. Uno de quemante vigencia ahora que el ex vicepresidente Amado Boudou está preso por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por intentar adueñarse de la imprenta de billetes Ciccone. También hubo condena para el empresario Nicolás Ciccone.

“Bonos mellizos” fue como se conoció aquí la pesquisa para determinar si una calcográfica había impreso Bocade duplicados para financiar proselitismo. Jerez sostuvo en el expediente, de manera documentada, que estaba probado que había dos partidas de Bocade con idéntica numeración. Pidió la elevación a juicio de la causa. Después, el ex fiscal se dio con que ya no existen los asentamientos en los libros. Más aún, nada se sabe de esos libros.

Cuaderno IV

Hasta mediados de 2000, la provincia estuvo inundada de “papeles pintados”. Los Títulos de la Deuda Pública Provincial, en 2000, eran de amortización trimestral, pagaderos a 16 años y sin garantía de la coparticipación… Quienes estaban urgidos de dinero “quemaban” esos valores en una cueva, por la quinta parte de su valor nominal.

Pero el 23 de junio de ese año, la Legislatura aprobó la Ley 7.040: “Programa de Inversiones Privadas”. Fue una norma hecha, como saco a medida, para una línea aérea privada que propuso brindar un servicio de vuelos directos de Tucumán a Brasil. La Provincia pautó un rescate anticipado de los títulos que presentara esa empresa: la amortización pasaba a ser mensual, el plazo bajaba a cuatro años y se les otorgaba garantía de la coparticipación. De la noche a la mañana, los títulos que pudieron comprarse al 20% de su valor pasaron a valer el 100%. La operación superó los 50 millones de dólares. La firma pidió en un banco un préstamo por ese monto a 30 días, con los títulos como garantía. Los vuelos sólo duraron tres meses…

La causa judicial, seguramente, tenía tan sólo pasaje de ida.

Cuaderno V

Con los títulos municipales también hubo una causa en la Fiscalía Anticorrupción. Ocurrió cuando la Intendencia quedó temporalmente a cargo de un concejal, en 1999. El edil resolvió dictar una excepción a la norma que pautaba que las empresas sólo podían cancelar un porcentaje menor de sus tributos con las “Letras” emitidas de tiempos anteriores, y que cotizaban a precio vil en las cuevas. El intendente interino permitió a un grupo específico de firmas cancelar el 100% de las deudas con la Municipalidad con esas “Letras”.

Jerez elevó a juicio el caso y comenzó, entre una jueza y un juez, una pelea de excusaciones. Cuando se resolvió a quién le correspondía, los tiempos procesales estaban prescriptos.

Cuaderno VI

Una de las investigaciones periodísticas de LA GACETA que devino causa judicial en la Fiscalía Anticorrupción fue la del desconocido destino en Tucumán de una porción importante los Aportes del Tesoro Nacional de la era menemista. De esos ATN llegaron más de 2 millones de dólares para La Madrid tras las inundaciones de 1992. En una planilla oficial que exhibió este diario, respecto de la inversión, figuraba “cloacas”. Y en el subsuelo del pueblo, para la época, era más factible encontrar petróleo antes que cloacas.

La Madrid sigue inundándose. Debe ser que el agua se llevó el expediente.

Cuaderno VII

Ya como diputado, en 2003, Jerez tomó acordadas del Tribunal de Cuentas y denunció, en el orden nacional, que los precios pautados para encarar Lomas de Tafí, un emprendimiento de casas sociales, eran los mismos que los que establecían varios countries para vender casas de lujo con el sistema de entrega “llave en mano”. Ya se conoce el final de ese capítulo.

Para esa época, el poder político tucumano modificó las leyes de obras públicas y de administración financiera, para determinar que ya no era una obligación del Estado publicitar en los medios de comunicación los llamados a licitación pública. Nadie de la patria contratista tucumana siquiera musitó que hubiera algún inconveniente al respecto.

Cuaderno VIII

En 2015, LA GACETA reveló, con fotografías, videos y registros bancarios, que unos $ 200 millones fueron retirados de la cuenta corriente de la Legislatura. El dinero salió en valijas desde el banco oficial hacia camionetas oficiales durante los 90 días previos a las elecciones.

El voluminoso expediente acaba de ser girado por el fiscal Claudio Bonari al juez Facundo Maggio. Antes, la causa fue archivada por el fiscal Washington Navarro Dávila, tras meses de instrucción, e inmediatamente reabierta por el ministro fiscal, Edmundo Jiménez.

Epílogo

La Fiscalía Anticorrupción promovió más de 400 expedientes, entre 1999 y 2003. La corrupción provincial (supuestamente, huelga decirlo) no cabe en ocho cuadernos: es enciclopédica.

Este es el pasado reciente de buena parte de nuestras clases dirigenciales. Tanto públicas como privadas. Funcionarios y empresarios, y profesionales asesorando a unos y a otros. Es decir, no los pobres, a quienes se culpa de todo, sino las clases bien comidas. Todo ello con la connivencia de todos los poderes del Estado (por acción en casi todos los casos y por omisión en otras oportunidades), no sólo para que ocurra sino también para que quede impune.

¿Qué le hace cosa semejante al sistema de gobierno, a los contrapesos institucionales y (como resultado de la conjunción de ambos universos) a la legalidad de una provincia?

Estos son nuestros cuadernos. Esta también es nuestra historia.