06 Agosto 2018
LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Magdalena Karina Cruz está sola y desvinculada de su familia; ha perdido el trabajo y no tenía, hasta los primeros días de julio, ingresos para cubrir el alquiler del lugar donde vivía. Luego, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia confirmó un subsidio económico para que pudiera afrontar esa situación. Ya contaba en ese momento con custodia policial, al ser considerada una persona vinculada al ámbito del narcotráfico. La mujer afrontó estos problemas en pleno proceso oral por el crimen de Paulina Lebbos y posterior encubrimiento del hecho.
El caso de Cruz resonó la semana pasada en la sala de Tribunales y reflejó cómo el sistema legal ha derivado en una distinción de testigos en el juicio oral, al ser comparado con la negativa a declarar de José Alperovich, ex gobernador de Tucumán y actual senador, a partir de medidas procesales.
La Corte Suprema de Justicia local (CSJT), con los votos de los vocales Antonio Gandur (preopinante), René Goane, Daniel Posse, determinó que el ex titular del Poder Ejecutivo (PE) no debe comparecer en audiencia por sus fueros, al hacer lugar un recurso de queja que había presentado este último para impedir la citación y responder preguntas de forma personal y pública. Aún existe la posibilidad de un recurso extraordinario para que sea revisada por la Corte Suprema de Justicia Nacional (CSJN).
Este fallo podría ser extensivo hacia el caso de Edmundo Jiménez, ex ministro de Gobierno y Justicia y actual ministro Público Fiscal local, luego de interponer el recurso ante la Corte local. Aunque el Tribunal, por unanimidad, rechazó la posibilidad de un careo entre Jiménez y Alberto Lebbos, padre de Paulina, lo que hubiese llevado a que se sentara en el banquillo. Sí hizo lugar al pedido de aclaración, por escrito, de algunas preguntas, tras las respuestas iniciales.
“El fallo de la Corte se extiende únicamente a quien planteó el recurso de queja, que fue José Alperovich (…) La situación del senador no es idéntica que a la del ministro provincial, en tanto y cuanto tiene fueros parlamentarios reconocidos en la Constitución Nacional”, dijo el abogado Macario Santamarina, defensor del imputado por el crimen, Roberto Gómez.
Aunque remarcó: “los privilegios son contrarios al Estado de Derecho y Democrático, porque una república democrática es el no privilegio de los ciudadanos, al contrario de los estados absolutistas. Los únicos privilegios que son admitidos son los mínimos e indispensables que garanticen el funcionamiento de una república. En ese entendimiento, la interpretación de los privilegios es mínima y no máxima. En este conflicto de intereses, la Corte no explica cómo un senador dejará de ser menos senador si viene a declarar acá como testigo. No lo explica”, manifestó el letrado.
Inclusive, Santamarina remarcó que esos privilegios no deben ser extensivos y que Jiménez debe venir a declarar para aclarar sus dichos del cuestionario. “Es un ciudadano más. Aquí vinieron personas con ACV, con cáncer, que perdieron su trabajo. No entiendo cómo el ministro dejará de ser ministro si viene a testificar”, añadió.
Las distintas defensas y la querella coincidieron al plantear que el fallo de la Corte no deja sin efecto una posible convocatoria de Alperovich y Jiménez a careos con Lebbos por estos tiempos. “El Tribunal podría citarlos”, explicó Cergio Morfil.
Lo más popular
