El jefe de la Defensa sólo estaría en los pensamientos de Manzur

La pregunta sobre el titular del Ministerio Público de la Defensa, un nombramiento decisivo para la puesta en marcha del Código Procesal Penal adoptado hace dos años, salió en el encuentro que mantuvieron Daniel Posse, presidente de la Corte, el vicegobernador Osvaldo Jaldo y el gobernador Juan Manzur. Pero la respuesta escueta no despejó la incertidumbre ni las especulaciones. “Me dijeron que Manzur está pensando a quién designar”, explicó Posse ayer, al referirse a las vacantes y a la escasez de magistrados que afecta a su institución (se informa por separado).

La falta de decisión respecto de la jefatura de los defensores oficiales ha impedido la organización del Ministerio Público que ha de controlar el ejercicio de la función de acusar a cargo de los fiscales. El órgano de los acusadores corre con una ventaja evidente: a comienzos del año pasado empezó a estructurar su administración propia luego de que la Legislatura dividiese las aguas, y emancipara a los organismos resultantes de los controles presupuestarios y de personal que ejercía la Corte. Aunque la separación del Ministerio Público fue fundada en la necesidad de ajustar la estructura del Poder Judicial al paradigma establecido por el nuevo Código Procesal Penal, en los hechos nada cambió para los defensores públicos porque, por la ausencia de un jefe propio, siguieron supeditados al ministro público fiscal Edmundo Jiménez.

El atraso de la Defensa y su desventaja frente a la acusación han sido señalados con preocupación en numerosas ocasiones durante este año por la Corte, por Posse a título personal, por especialistas y por entidades intermedias. La situación se agrava según pasan los días porque el digesto sancionado en 2016 ha de empezar a regir en febrero en toda la provincia, según lo ratificó la Legislatura en la sesión de este jueves.

En términos jerárquicos y salariales, el ministro de la Defensa está asimilado a un vocal del alto tribunal, razón por la cual sobran los candidatos para el cargo. La ley dispone que el nombramiento de ese funcionario procede por el mismo mecanismo discrecional aplicado para escoger a las máximas autoridades judiciales -es decir, sin concurso-. Manzur ha de elegir a un abogado de la matrícula, que luego debe recibir el acuerdo de la Legislatura.