Mañana gris la de ayer en Yerba Buena. Nublada y fresca, como la sesión del Concejo Deliberante, donde reinó un clima de distensión y de escaso voltaje político, por no decir nulo. Diez concejales presentes al inicio, nueve al final porque Pedro Albornoz Piossek se retiró enfermo. Veintiocho dictámenes tratados en 160 minutos -algunos salieron por unanimidad, otros con la aprobación de sólo seis votos-; ediles mateando, empleados con termos y también cebando y compartiendo mates. Un concejal, Lucas Cerúsico, puso en evidencia ese ambiente calmo y sin contratiempos al pedir la palabra y celebrar la celeridad del debate y del tratamiento de los temas.
Sin embargo hubo un par de cuestiones institucionales trascendentes tramitadas, como la aprobación del Presupuesto 2018, el del municipio y el del cuerpo legisferante, y la sanción del procedimiento para la puesta en marcha del Digesto Municipal, el que podría estar disponible hacia fin de año, al decir de Marcelo Rojas a LA GACETA. Esto implica un avance en el marco de la transparencia de la gestión pública y del acceso a la información del Estado.
Sí hubo un aspecto que podría haber alterado la paz reinante: el de la posible aplicación de sanciones a los ediles Benjamín Zelaya, Albornoz Piossek, Cerúsico y Maximiliano García. Sin embargo, la tranquilidad en la que estaba sumido el Concejo permaneció inalterable.
Es que los cuatro habían anticipado su inasistencia al recinto en virtud de la existencia de una demanda judicial en contra de la sesión del cuerpo que eligió la nueva composición de autoridades, con Héctor Aguirre como presidente. El texto para castigarlos estaba redactado y les fijaba una quita de tres meses y medio de remuneración en caso de ausentarse.
Pero todos se ubicaron en sus bancas. “No venimos por un sueldo; la política no pasa por una cuestión económica”, dijo García al inicio de la deliberación. Tras cuestionar la lentitud de la Justicia, añadió: “se pretende jugar con el alimento de las familias que están detrás nuestro”. Cuando llegó el momento de analizar este punto del orden del día, el concejal Rodolfo Aranda mocionó que la cuestión pase a comisión, lo que fue aprobado. También deslizó que aguarda una pronta decisión de la Justicia para poner fin al conflicto político interno.
El Presupuesto municipal 2018, fijado en $ 864 millones fue aprobado con el voto de seis concejales, mientras que el cálculo de gastos del Concejo, establecido en $ 55,3 millones, se aprobó por unanimidad.
En ambos casos, el concejal Walter Aráoz fue el miembro informante en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda. Precisó que hubo un aumento del 24% y del 5%, respectivamente, en esas cuentas.
Aborto y demagogia
Entre las intervenciones de los ediles vale destacar la de Javier Jantus pidiendo a los senadores nacionales por Tucumán que voten en contra de la despenalización del aborto; la del justicialista Aráoz al decir que “nosotros no nos comimos la demagogia falsa de (Mauricio) Macri”; y las de José Macome y del radical Aranda en defensa de la existencia de los partidos municipales, el primero anticipando que irá a la Justicia en defensa de los derechos adquiridos y el segundo sosteniendo que la ley provincial 9.111 que los elimina es inconstitucional.
La sesión comenzó a las 9.15 y finalizó a las 11.55, en un recinto donde un cartel reza “capacidad máxima: 86 personas”. Había 37 siguiendo la deliberación.