Reforma electoral: el PJ propone una Junta con cinco vocales

Con la firma de una quincena de legisladores, el proyecto de Junta Electoral Provincial promovido por el bloque oficialista Tucumán Crece-PJ propone elevar los miembros de la junta de tres a cinco. Tres serán propuestos por la mayoría parlamentaria y dos, por la minoría; luego, serán designados por el titular del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.

Según la iniciativa, el quinteto escogerá su propio presidente y estará equiparado en haberes y estabilidad a los jueces de la Corte tucumana. Todos los miembros deberán cumplir con al menos cuatro requisitos para poder llegar a la Junta Electoral: un mínimo de edad de 40 años, título de abogado, 15 años de ejercicio profesional y residencia inmediata en suelo tucumano.

La Corte Suprema tendrá competencia originaria y exclusiva para entender en la revisión judicial de las resoluciones dictadas por la Junta. Así, apuntan a impedir una experiencia similar a la producida en 2015, cuando un tribunal del fuero contencioso administrativo anuló la votación y ordenó una nueva convocatoria. Finalmente, sentencias posteriores revocaron esa decisión y confirmaron la victoria de la fórmula Manzur-Jaldo.

Cambiemos busca evitar el nepotismo

Los radicales José María Canelada y Adela Estofán presentaron una iniciativa que busca profesionalizar y transparentar la tarea de la Junta Electoral Provincial (JEP).

El proyecto, de “Acceso, Permanencia, Promoción y Capacitación de Planta Laboral en la Junta Electoral Provincial”, incorpora entre las incompatibilidades para formar parte del personal de la JEP: a “los parientes consanguíneos y afines hasta el tercer grado, ni los convivientes de vocales de la Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público Fiscal; Ministerio Pupilar y de la Defensa; Gobernador, Ministros y secretarios de Estado, Vicegobernador, Jefe de la Policía, Intendentes, Legisladores, Concejales, Diputados y Senadores Nacionales, titulares de organismos autárquicos”, reza el artículo 3 de la propuesta. Con esto, se busca evitar el ingreso sin concurso a la planta del organismo encargado del recuento de votos de familiares de funcionarios. Semanas atrás, por un juicio iniciado, se conoció que Ana Belén Jaldo, una de las hijas del vicegobernador Osvaldo Jaldo, había ingresado a la planta de la JEP. La iniciativa de los radicales obliga a facilitar el acceso a los expedientes de la JEP.

Un peronista propone un juez electoral

El oficialista Luis Espeche propuso crear un juzgado electoral y un Tribunal Constitucional con competencia Electoral, para modificar el proceso judicial ante denuncias por irregularidades ante la Junta Electoral Provincial.

En 12 artículos, el ex intendente de Bella Vista, propone crear un juzgado electoral, integrado por un magistrado, “quien será competente en todos los casos en que se recurriera decisiones de la Junta Electoral y denuncias relativas a hechos emergentes del proceso eleccionario, dando sustraída de dicha competencia a la Cámara en lo Contencioso Administrativo”. Además, el peronista propone crear un “Tribunal Constitucional con competencia electoral, órgano que será competente en toda cuestión o sentencia jurisdiccional, contra fallos de última estancia, exclusivamente en materia constitucional provincial con competencia electoral”. El Tribunal Constitucional intervendrá, además, frente a recursos de amparo por violación de derechos, conflictos en defensa de autonomías municipales y conflictos constitucionales.

Entre los fundamentos de la propuesta, Espeche propone la reforma para mejorar “el aspecto de contralor ciudadano en materia electoral”.

Radicales van por una Junta y un Juzgado

Los radicales Raúl Albarracín, Fernando Valdez y Ariel García presentaron un proyecto alternativo de reforma electoral. Si bien coinciden en llevar la cantidad de vocales de la Junta Electoral Provincial (JEP), proponen crear el cargo del Juez Electoral para controlar todo el proceso de cada comicio.

“La Junta Electoral estará integrada por cinco vocales con título de abogado, con 40 años de edad, 15 años de ejercicio profesional y dos años de residencia en la provincia. Son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura por mayoría absoluta y removidos por juicio político”, establecen los primero artículos de la iniciativa. A su vez, proponen crean un Juzgado Electoral, que estará encargado de controlar la constitución y caducidad de los partidos políticos, y la conformación de alianzas políticas.

“El proyecto busca contribuir a un diseño de autoridades electorales con roles diferenciados (entre funciones administrativas y funciones jurisdiccionales), a cargo de organismos que tengan credibilidad, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos políticos en nuestra provincia”, justificaron en los fundamentos García, Albarracín y Valdez.