La falta de acceso a la información pública como eje de la “antipolítica”

Luis Alberto Comba | Abogado, contador y consultor tributario

La política tucumana se niega sistemáticamente a “abrir la información del Estado a la sociedad”. Esa es una realidad objetiva y no una mera presunción. El Estado nacional adoptó hace tiempo ya una normativa vinculada al acceso de los ciudadanos a la información pública. Debemos preguntarnos si esto fue una actitud graciable o constituyó el reconocimiento de un derecho natural de la ciudadanía, que parte del principio de que quienes ejercen cargos públicos son auténticos mandatarios del pueblo.

Si consideramos esta afirmación como cierta, e indudablemente lo es, no hay posibilidad de dudar de que el conocimiento de lo que sucede en el Estado es la manifestación más clara de una democracia consolidada.

Y en este punto debemos preguntar ¿por qué no se da este acceso irrestricto al conocimiento de lo que hacen los funcionaros? Una primera respuesta, absolutamente falaz por cierto, ha sido sostener que Tucumán se encuentra estudiando un proyecto superador al sancionado a nivel nacional. Una segunda respuesta pasa por señalar que la Provincia tiene los órganos de control que realizan la tarea, que en consecuencia no necesitan realizar los ciudadanos comunes, ya que queda reservada para estos organismos especializados del Estado.

Verdadera respuesta

Ambas afirmaciones son falsas y tratan de tapar sólo la verdadera respuesta. La falta de acceso a la información pública favorece muchas prácticas. Lo primero que produce es la falta de transparencia. ¿En qué? En el desarrollo de las actividades estatales. Y esencialmente esto promueve desde prácticas ilegales -corrupción mediante-, hasta prácticas que son legales, pero no por eso menos inmorales (nepotismo como ejemplo).

La Argentina ha venido siendo “saqueada legalmente”, desde hace décadas, por un sector público que aprovechó su circunstancial poder y se organizó justamente para legalizar lo que no debería existir. Pero para que esto funcione y se mantenga se requiere la falta de información hacia la comunidad.

Tengamos en cuenta que con la tecnología actual y el desarrollo de internet publicitar la totalidad de las erogaciones que realiza el Estado sería una cuestión absolutamente simple. La difusión de estos datos permitiría conocer diversas prácticas reñidas con la legalidad, como ser contrataciones con sobreprecios o pagos de servicios innecesarios (en ambos casos los organismos de control los aceptarían porque prevalece el control formal).

También posibilitaría comprobar que los funcionarios estatales de cierta jerarquía, tanto actuales como pasados, ejercen o han ejercido la función pública “dejando su herencia”, que no es otra cosa que la mayor y clara manifestación de nepotismo. Si se encarase un censo de empleados donde se relacionen los vínculos familiares, se encontrará que la administración pública se ha convertido en una “gran familia”, donde los funcionarios, incluyendo los tres poderes del estado, tienen designaciones de sus parientes, en la mayoría de los casos mediante contrataciones directas y con estabilidad permanente, en distintos ámbitos del Estado. Esta gran familia se consolida día a día, percibe unos sueldos significativos y, seguramente, se protegen a sí mismos.

Tucumán no tiene posibilidades de desarrollo si no se encara la solución de estos temas. Necesitamos estadistas que piensen en el futuro de la sociedad y no sólo en el suyo personal y/o el de su familia.