El caso Jiménez desnudó el problema de las usurpaciones en El Cadillal

Los postes de cemento y los alambres de púas lastiman lo poco que queda del agreste monte de El Cadillal. Disparos en medio de la noche espantando a los pícaros zorros que habitan en la zona y que buscan algún que otro bocadillo para alimentarse. Papeles del color de los crudos amaneceres para justificar una sorpresiva tenencia de una parcela. Denuncias cruzadas como el nado de los patos en el lago. Todo eso se puede percibir en las adyacencias de una villa que crece de manera lenta, como sospechosa por las permanentes usurpaciones de terrenos.

Martín y Facundo Jiménez, cuyas muertes son investigadas por la justicia, no recorrieron el zigzagueante camino que une la villa turística con Ticucho. Prefirieron ir por el agua, más rápido y sin contratiempos, llámese esquivar alambrados o transitar por una ruta que recién fue peinada por una máquina niveladora porque por allí se disputará una prueba de rally. Y peor aún, desafiaron el siempre indomable lago porque ya no hay madera en la localidad. “Da mucha bronca caminar por nuestro territorio. Aquí cualquiera se construye una casa”, explicó Mario, lugareño mientras el estridente grito de una charata que pareciera haberse sumado a las quejas del vecino.

Los habitantes dicen que el fenómeno comenzó hace varios años. Los nuevos vecinos se habrían instalado mostrando documentos oficiales asegurando que habrían estado allí desde hace mucho tiempo por lo que tenían derecho de posesión. Y, después de aguantar las embestidas legales, los ponían a la venta. Los carteles de particulares de “vendo terreno” ya forman parte del paisaje. También son el lugar que eligen las chillonas urracas para descansar.

El problema de las usurpaciones en El Cadillal es tan antiguo como grave. En las paredes de la sede comunal hay pegado una nota que está firmado por el ministro del Interior de la provincia, Miguel Acevedo en el que se refleja la situación. “Se harán todas las acciones que se encuentren disponibles desde el punto de vista jurídico a fines de recuperar los inmuebles usurpados como las más de 200 causas que se encuentran en pleno proceso, tanto de carácter civil como penal”, se argumenta en la nota que lleva la firma de Daniel Leiva, fiscal de Estado y que fue fechado el 13 de mayo.

En la nota también está escrita una orden: “se requiera a la mayor brevedad posible al comisionado comunal de El Cadillal, como así también a todo el personal perteneciente a dicha comuna, que se abstenga de realizar cualquier tipo de hecho o acto administrativo que tiendan a facilitar las situaciones anómalas descriptas”.

En ese sentido, le ordena al delegado comunal Carlos Bonano a emitir documentación referida a venta, cesiones, transferencias y a cualquier otro acto administrativo referido a inmuebles del Estado. También le pidió que se abstenga de cobrar o percibir tasas o servicios y de pedir a EDET que instale medidores de luz en dichos terrenos.

La defensa

Bonano no se encontraba en su despecho, pero LA GACETA sí pudo hablar con Walter Arroyo, funcionario de la comuna. “Es cierto que existen muchos terrenos a la venta en la zona, pero son de gente que tienen la posesión hace mucho tiempo y ahora lo están comercializando. Estamos cumpliendo con la orden de la Fiscalía de Estado de denunciar los casos de usurpación”, explicó el encargado de Rentas de la comuna que no puede cobrar impuestos.

Los vecinos de la villa denuncian de manera anónima que, pese a la advertencia de los funcionarios provinciales, la apropiación de terrenos fiscales no se detuvieron. “En Ticucho de un día para el otro se desmontaron hectáreas enteras. Ponen una casilla, sueltan caballos y arman corrales para cerdos y listo. No lo sacan más de ahí”, comentó un habitante que aclaró que esas tierras, en realidad deberían estar custodiada por la comuna de Tapia. “Hasta la Nación perdió. Ya hay personas en el lugar conocido como la Bahía de los Militares, tierras que pertenecerían al Ejército porque allí hacían maniobras”, comentó la misma fuente.

Los vecinos dicen aseguran que por ahora no hay indicios para conectar el caso de los Jiménez con los problemas de las tierras. Pero Martín, como explicaron sus allegados, era uno de los habitantes que renegaba con el avance de los alambres, los mismos que asfixian al poco monte que dejaron las topadoras devoradoras la flora y fauna de la villa.

“No se dan cuenta el daño que hicieron. Estamos muy preocupados y buscamos que se solucione esto urgente”, comentó Doña María, una mujer que eligió El Cadillal para pasar los últimos años de la vida.

La fiebre por la usurpación obligó a los verdaderos propietarios a tomar sus recaudos. Varias empresas decidieron alambrar sus predios para evitar encontrarse con una casilla. Perdieron los habitantes que se quedaron sin poder caminar libremente por los montes. También perdieron los visitantes que ya no podrán disfrutar de algunos lugares clásicos, como la Presa 4, uno de los sitios más populares para pescar desde la orilla.