Por los aportantes truchos, la Nación planea más requisitos a las campañas

Luego de haber dispuesto una auditoría para determinar si hubo irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de Cambiemos el año pasado, el Gobierno nacional apura ahora el análisis de un proyecto de ley para regular los aportes electorales.

El miércoles, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal despidió a Fernanda Inza, funcionaria de su Gobierno que había sido la responsable financiera de la campaña electoral. Además, dispuso una auditoría interna para corroborar las denuncias por la aparición de miles de “aportantes truchos” a la campaña legislativa de 2017. Con el ánimo de capear la tormenta que se posó, el Gobierno elevará con la firma del presidente Mauricio Macri el proyecto para la nueva ley de financiamiento político, que está lista desde febrero pasado y que contiene, entre otros puntos, la bancarización obligatoria de todos los aportes a los partidos políticos.

En las últimas semanas, una investigación del periodista Juan Amorín evidenció que beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo e, incluso, dirigentes provinciales de Cambiemos, figuraban como aportantes de dinero para la campaña del año pasado. No obstante, negaron haber dado dinero para Cambiemos en la provincia a pesar de figurar en los listados oficiales.

Ayer, según consignó el diario La Nación, la secretaria de Relaciones Parlamentarias, Lucía Aboud, y el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, motorizaron el proyecto, cuyos últimos retoques se dieron en la Secretaría de Legal y Técnica.

El texto prohíbe de manera total las donaciones en efectivo, como ocurre en las cenas de recaudación de fondos. También habilita aportes empresariales, pero con un tope preciso: el 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido. Si bien algunas ONG discuten la inclusión de fondos provenientes de empresas, en el Gobierno creen que el tope es suficiente para evitar “influencias excesivas”, y además destacan que se prohíben aportes de empresarios del juego, contratistas del Estado y donaciones extranjeras, entre otras, según destacó La Nación.

Además, se fija la obligatoriedad para que organismos públicos como la Unidad de Información Financiera, la Procelac, la Oficina Anticorrupción y la AFIP compartan con la Cámara Nacional Electoral la información que poseen, para evitar la inclusión de fondos provenientes de ilícitos en las campañas de los partidos.

El proyecto establece, además, un registro de proveedores y servicios que controlará la Cámara Nacional Electoral, como forma de evitar gastos que luego son difíciles de controlar. Como muestra adicional de búsqueda de transparencia, se propone extender el plazo de prohibición para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de los 15 días actuales a 30 días.

Hay un antecedente que preocupa al PRO. Hace una semana, el santafesino Miguel Del Sel fue inhabilitado por seis meses para ejercer cargos públicos, luego de que los responsables de su campaña de 2011 no pudieran justificar el origen ni el uso que se les dio a los fondos de aquella elección, en la que el humorista perdió la gobernación con el socialista Antonio Bonfatti.