El crimen del changarín Darío Exequiel Santana a manos de Juan José Martorell, un comerciante de Villa 9 de Julio, abrió el debate entre abogados penalistas sobre los casos conocidos como “justicia por mano propia”.
Falta de respuestas de parte de la Policía y de la Justicia, las consecuencias de la crisis económica, el descreimiento social en las fuerzas de seguridad y una ola de psicosis y de furia por los hechos de inseguridad, fueron los argumentos expuestos por los letrados consultados por LA_GACETA.
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Según Andrés Villafañe, “la Policía no puede cumplir su tarea porque está desbordada. La sociedad se encuentra en una situación de tensión y alarma constante por los robos. En ese contexto se dan los casos de justicia por mano propia, con todas las arbitrariedades que conlleva”, consideró.
Martorell declaró que se defendió de un intento de robo por parte de Santana, a quien acusó de haberlo asaltado en otras oportunidades; aunque la familia del joven fallecido niega esa versión y afirmó que era el comerciante quien habitualmente lo maltrataba “porque era un chico humilde”, según contó su hermana Verónica.
Descreimiento social
“Hay casos de personas que fueron linchadas por ‘portación de cara’. Es una situación de mucha anarquía que se produzcan esas situaciones”, expresó Villafañe.
Según el letrado, este tipo de hechos se produce porque “hay un descreimiento en las instituciones por parte de la gente, porque no se dan respuestas como consecuencia de que el sistema está colapsado”.
El abogado consideró que “la Justicia debe reprimir severamente estos hechos para no seguir dañando el sistema social”.
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Además, Villafañe se refirió a las consecuencias de la crisis económica en los sectores más vulnerables de la sociedad. “En nuestra estructura económica los gobiernos desatienden esa cuestión. Al producirse esa desatención, los sectores sociales más vulnerables se degradan aún más”, manifestó.
Su colega Miguel Rocchio destacó que el panorama se debe “a una sumatoria de factores” que tienen que ver con “el letargo con que actúa la Justicia y con una suerte de psicosis de que nos tenemos que defender a nosotros mismos porque nadie nos cuida”. En opinión de Rocchio, la Policía no debería “aglutinarse en las zonas céntricas, sino en los barrios más sensibles”.
“Se quejan de los robos y terminan comprando en el mercado negro”
“El derecho penal no puede prevenir el delito. Es la Policía la que falta en los sectores más complicados. La Justicia, por su parte, debe dar señales de que actúa eficazmente. Es una suerte de escalada de violencia en la que pagan justos por pecadores”, sostuvo.
“Violencia desmedida”
José María Molina manifestó que es la situación de inseguridad lo que genera este tipo de reacciones por parte de los vecinos ante un hecho delictivo en sus barrios.
“Muchas veces las personas se extralimitan frente a la mera sospecha de que se va a producir algún tipo de ilícito”, explicó Molina, quien agregó: “Esa reacción es en parte comprensible, porque los asaltantes muchas veces actúan con una violencia desmedida e innecesaria y con total impunidad”.
Sebastián Serrano también señaló que “se está produciendo una psicosis en la sociedad por la cantidad de hechos delictivos que se producen y porque la Policía no puede dar respuestas; la sociedad se siente cada vez más desprotegida”.
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“Hay un desamparo y cada vez hay más hechos delictivos; hay un desborde en todos los barrios y a cualquier hora. Ya no hay barrios seguros. Hay robos en todos los sectores. La gente ya no puede salir a la calle, se están armando y muchas veces prejuzgan. Todo es por la misma situación”, opinó.
Los últimos hechos
1. El jueves 12 los vecinos del barrio AGET le propinaron una feroz golpiza a un joven de 30 años que había intentado asaltar un comercio.
2. El lunes, en la cancha de Caro de Banda del Río Salí, los vecinos golpearon a un joven que le había quitado la cartera a una mujer.
3. Ayer, transeúntes y vecinos desnudaron, apalearon y apedraron a un joven que le habría robado la moto a una mujer en Catamarca y Venezuela (ver página 10).
Legislatura: se reúnen los legisladores de la comisión que sigue la ley de emergencia en seguridad
El lunes por la mañana se reunirán los legisladores que integran la comisión de seguimiento de la Ley de Emergencia de Seguridad, según se confirmó ayer. El encuentro servirá para organizar el informe que debe presentar Claudio Maley, ministro de Seguridad de la provincia.
De acuerdo a la norma, el Poder Ejecutivo, cada cuatro meses, debe comunicar a los parlamentarios un balance de lo que vienen realizando, los elementos que adquirieron y cuáles son las necesidades que tienen para combatir contra la inseguridad.
Pese al hermetismo de los integrantes del cuerpo, la idea sería exigir a las autoridades mayor celeridad a la hora de presentar el trabajo que consideran vital para definir cuáles son las políticas que se deben implementar para combatir contra la inseguridad. “Obviamente se hará un análisis de lo que está sucediendo en la provincia. Los informes que se están conociendo son lapidarios”, indicó un oficialista. Los opositores, en cambio, no sólo están interesados conocer los datos de Maley, sino que pretenden que realice un diagnóstico sobre la problemática y cómo piensa y qué necesita para tratar de solucionarla. “Debemos dejar de tener tantas reuniones y buscar más soluciones”, comentó un parlamentario.