El caso de la AMIA y 24 años de impunidad

Es una de las protagonistas de la historia argentina, lo cual no es motivo de orgullo. La impunidad está estrechamente vinculada con la falta de justicia, el ocultamiento, la mentira y la corrupción. Es una apuesta a que el olvido tienda su manto poderoso sobre los crímenes y otros delitos cometidos. Hace 24 años, el 18 de julio de 1994, a las 9.53, un atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicada en Pasteur 633, de Buenos Aires, dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos.

Se recordó ayer el luctuoso hecho que permanece aún impune. El presidente Macri se comprometió ante los dirigentes de la AMIA a impulsar en el ámbito internacional la detención de los ciudadanos iraníes a los que la Justicia acusó de planificar el atentado. El secretario general de la Organización de Estados Americanos dijo en el acto recordatorio que era clara la responsabilidad de Irán y su falta de colaboración con la Justicia, lo cual no puede ser admisible. Son siete ex funcionarios iraníes acusados por la Justicia argentina, entre ellos el fallecido presidente Ali Rafsanyani y el ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires Mohsen Rabbani. Para dar con ellos libró órdenes de captura a través de Interpol, pero hasta el momento no hubo ningún resultado positivo. Hace unos días, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral solicitó a los gobiernos de Rusia y China la detención y extradición de Ali Akbar Velayati, consejero del ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo iraní. Durante su gestión como ministro de Relaciones Exteriores de Irán (1981-1997), Velayati facilitó la logística de quienes ejecutaron el atentado.

La AMIA fue creada en 1894 por inmigrantes judíos, con el objetivo brindar ayuda y asistencia a las personas de esa comunidad que planeaban radicarse en la Argentina. En 1994, sus integrantes trabajaban en el cronograma de distintas actividades para celebrar el primer centenario de su creación.

La impunidad también es la madre de otro atentado en nuestro suelo. El 17 de marzo de 1992, la comunidad judía sufrió un atentado similar, cuando una camioneta Ford F-100 reventó frente a las puertas de la embajada de Israel y dejó un saldo de 22 muertos y 242 heridos. Era posiblemente un anticipo de lo que sobrevendría dos años después. El trágico episodio puso en evidencia la falta de preparación de la Corte Suprema de Justicia para llevar adelante con eficacia la investigación de un delito terrorista, tanto que hasta el día de hoy el caso no está resuelto.

En contrapartida, a solamente tres días del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, en la estación española de Atocha, ya se conocía a los autores. Ello demuestra que la Justicia, en otros países, es un poder en verdad independiente que está al servicio de la comunidad y no de los gobiernos de turno.

La causa de la AMIA no sólo es una herida abierta para la comunidad judía, sino también para los argentinos. Seguramente, poderosos intereses creados han evitado férreamente que saliera a luz, apelando al ocultamiento, la confusión de pistas, la desaparición de pruebas, la dilación. Estas manchas de impunidad atentan no solo contra la Justicia que se ha caracterizado por su lentitud y en muchas ocasiones, como estas, por la ineficacia y la incompetencia, sino también contra la democracia.