El personal de la Junta Electoral creció el 45% desde los últimos comicios

Cayó uno de los secretos del Estado tucumano: la composición de la plantilla de la Junta Electoral Provincial (JEP). El órgano encargado de organizar y fiscalizar los comicios “se abrió”, y reveló que su plantel se expandió en forma significativa en los últimos tres años: la nómina creció el 45%, 31 puntos porcentuales más que el incremento registrado en la administración pública en el mismo plazo. Luego de las elecciones de 2015, la institución pasó de 40 agentes a tener 58 y todavía dispone de la posibilidad de llenar una vacante más. Entre los 18 ingresantes de ese período está Ana Belén Jaldo, hija del vicegobernador Osvaldo Jaldo y vocal de la Junta (se informa por separado).

El informe relativo al personal fue presentado el 21 de junio en el juicio que había iniciado el legislador radical José María Canelada en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El documento lleva la firma de las tres cabezas de la Junta: René Goane, vocal decano de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (reemplazó al presidente Daniel Posse, que estaba en un viaje oficial); Edmundo Jiménez, ministro público fiscal, y Fernando Juri, presidente subrogante de la Legislatura (sustituyó a Jaldo porque, según un acta, este estaba a cargo del Poder Ejecutivo). Los datos y pormenores aportados al proceso “Canelada” son relevantes puesto que el organismo electoral no publicita las designaciones discrecionales que hace: esa actitud alimentó rumores y versiones, sobre todo a partir de la actuación de la institución durante los comicios conflictivos de hace tres años, cuando explotó el régimen de acoples. En sede judicial, Goane, Jiménez y Juri defendieron la decisión administrativa que había denegado la información a Canelada y a su compañera de bloque, Adela Estofán de Terraf, y que originó el litigio -aquella resolución llevó la firma de Posse, de Jiménez y de Juri-. Pero, acto seguido, levantaron las barreras y brindaron los detalles solicitados. En la presentación incluyeron una planilla que identifica la situación de cada uno de los agentes con especificación de la fecha de ingreso, del cargo actual, del vínculo contractual, de las funciones y de los ascensos.

El informe indica que la estructura del organismo electoral creció en forma consistente desde 1983, con un pico en el año electoral 2007 y mayor velocidad a partir de 2013, cuando la planta tenía 34 agentes (ver gráfico). De los 58 puestos del presente, 54 son permanentes y cuatro temporarios (para las votaciones aumenta el número de contratados ad hoc). El secretario Darío Almaraz manifestó en uno de los anexos que ocho agentes de la planta estable prestan servicios “en comisión” en el Poder Judicial. En ese subconjunto están los secretarios Juan Pablo Estofán y Aníbal Yáñez: el primero, que es hijo del vocal y ex titular de la Junta, Antonio Estofán, fue afectado a la Dirección de Sistemas de Tribunales mientras que Yáñez integra el equipo de Antonio Gandur, vocal de la Corte, y presidente del organismo electoral hasta 2017.

Para ingresar hay que lograr el visto bueno de por lo menos dos de los tres vocales (respectivos titulares o sus reemplazantes legales del alto tribunal, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo). “No hay concursos. Los nombramientos son decididos por las autoridades de la Junta”, corroboró Almaraz a LA GACETA. La asignación de cargos en forma discrecional, por la mera voluntad de las autoridades, rige desde siempre en esta institución, que es una unidad de organización separada dentro del Poder Judicial. Desde el punto de vista del método de selección de personal, la Junta funciona igual que la Justicia de Paz, donde las designaciones dependen de los vocales de la Corte Suprema.

Del análisis de la plantilla de 58 agentes del organismo electoral se desprende una curiosidad: casi la mitad (25) son funcionarios (ver gráfico). Se trata de los puestos del escalafón judicial remunerados con los sueldos más altos y exentos del impuesto a las ganancias. De hecho, el pago de retribuciones insume dos tercios del presupuesto de 2018 aproximado a $ 32 millones (la cifra precisa tampoco es publicada). Esta burocracia jerarquizada asimila a la Junta con las dependencias de la Corte y del Ministerio Público Fiscal. Es decir, tiene una posición privilegiada entre sus semejantes. Esa estructura contrasta, por ejemplo, con la del centro judicial de Monteros, que tenía en total 35 funcionarios presupuestados para el ejercicio de 2017.

La razón de ser de la Junta es la dirección del proceso de renovación de los cargos públicos electivos, que ocurre cada cuatro años. Goane, Jiménez y Juri rechazaron la afirmación de Canelada de que la información relativa al personal del órgano era de gran importancia para la vida institucional de la provincia. Al respecto, dijeron: “la importante misión que cumple el organismo, sobre la cual se asientan las bases mismas de la democracia, recae en el órgano, no así en sus empleados, como arguye Canelada. Al contrario de lo que este sostiene, el cumplimiento de las leyes electorales y la garantía de transparencia es competencia exclusiva de la Junta”.

A. Orden jerárquico interno

La Junta Electoral Provincial posee casi la misma cantidad de funcionarios que de empleados. La primera categoría abarca 25 cargos: dos secretarios de Corte; 6 secretarios “A”; 1 secretario “B”; 4 prosecretarios “B” y 12 prosecretarios “C”.

B. “Capas geológicas” del plantel actual

El agente más antiguo de la Junta entró en 1985. Hubo un primer pico de ingresos en el año electoral de 2007, pero la ampliación consistente del “staff” empezó en 2013. La mayor cantidad de nombramientos tuvo lugar en 2016 y 2017.