El Gobierno prepara un nuevo aporte para la SAT, esta vez de $70 millones

“Si pudiera contar con un financiamiento de $35 millones todos los meses, tendría oxígeno para salir a tapar las roturas y para renovar tramos cortos de cañerías”, había dicho el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Fernando Baratelli, en una entrevista publicada en marzo pasado por LA GACETA. Los aportes extraordinarios girados por el Poder Ejecutivo (PE) no alcanzan por ahora el monto anhelado por el ingeniero; sin embargo, la sociedad anónima de participación estatal mayoritaria continúa sumando recursos para la ejecución de obras públicas de impacto local.

El martes de esta semana salió publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el decreto 2.090/3 (SH), a través del cual el gobernador, Juan Luis Manzur, autorizó la entrega a favor de la SAT de aportes no reintegrables por $70 millones. En el artículo 2°, el mandatario marcó que el dinero será transferido por dos vías: por un lado, se utilizarán $56 millones que fueron extraídos del Fondo Federal Solidario y cuyo libramiento de pago quedó a cargo del Ministerio de Economía; por otro, el titular del Poder Ejecutivo nutrió de $14 millones una partida presupuestaria específica, de la que saldrán $2 millones mensuales destinados al período junio-diciembre. Los $56 millones, según el decreto, están previstos para la “ejecución de obras”; los $14 millones restantes, “para la adquisición de materiales e insumos”.

Hasta el mes pasado, Manzur había aprobado giros por más de $80 millones a la SAT. Con estos nuevos envíos, la empresa que activó en su primer mandato el ex gobernador y hoy senador, José Alperovich, sumará al menos $150 millones durante 2018.

Además, la firma a cargo de Baratelli incorporará varios millones más cuando se concrete el pago de la venta del 10% del paquete accionario que tenía la Provincia en el Banco del Tucumán-Grupo Macro.

Esa transacción, llevada a cabo gracias a una ley sancionada en la última sesión de la Legislatura, quedó fijada en unos $450 millones, que deberán ser repartidos entre obras de la SAT y elementos para fortalecer las filas del Ministerio de Seguridad. Por ahora, no se estableció la cifra que estará destinada a cada área.

Dos normas

La gestión de Baratelli -asumió en noviembre, en reemplazo del ex titular Alfredo Calvo- recibió una buena noticia casi a su llegada. En diciembre, la Legislatura aprobó un proyecto de Manzur que habilitó una excepción al artículo 204 de la Ley de Administración Financiera (6.970). “Se prohibe a las entidades del sector público realizar aportes o transferencias a empresas y sociedades del Estado cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de esta normativa”, señala el texto aprobado en 1999.

A través de la ley 9.062, que fue complementada por la 9.097, el PE comenzó a realizar las transferencias a la Sociedad Aguas del Tucumán. En principio, la norma establecía que el financiamiento estatal estaba destinado específicamente a “obras de infraestructura y adquisición de equipamientos y maquinarias necesarias para una adecuada prestación de los servicios”. Sin embargo, esa disposición fue modificada luego en el recinto. De esa forma, se amplió la facultad de aplicación para esos fondos por parte de la SAT. Por pedido de la oposición, se incluyó un artículo que obliga a la empresa a informar de manera trimestral los gastos efectuados gracias a esa norma.