En un semestre hubo cuatro concursos fallidos para jueces

Cuatro procesos de preselección de jueces fueron enviados al cesto de basura durante el primer semestre de este año. Se trata de un récord histórico para el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), que desde que comenzó a funcionar en 2009 hasta 2017 sólo había declarado desiertos 13 concursos públicos de antecedentes y oposición. En los seis meses que pasaron, el órgano desechó más competencias para cubrir cargos judiciales que en los últimos dos años (ver tabla). El CAM tiene la obligación de dar de baja los procesos cuando no puede formar una terna con tres finalistas ya sea porque se inscribieron menos aspirantes o porque no hubo suficientes que consiguieran los puntajes mínimos exigidos por la ley: 54 puntos entre la calificación del curriculum y de la prueba escrita, donde esta al menos debe aportar 27 unidades.

Para Antonio Estofán, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y presidente del CAM, toda la explicación está en el movimiento del organismo y en una cuestión de volumen. “Más concursos son descartados porque nunca había habido tantos en trámite como en el presente: el ritmo es muy intenso. Esa es la realidad. Y cada vez que declaramos desierto un proceso, inmediatamente lo reabrimos”, explicó el martes en un contacto telefónico. Estofán indicó que el Consejo estaba sustanciando 40 concursos, número que equivale a alrededor del 15% del plantel de jueces, fiscales y defensores oficiales en funciones en los Tribunales provinciales.

La última baja del período en curso tuvo lugar el 19 de junio y corresponde a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº10 de esta capital. Antes, los consejeros habían liquidado -sin posibilidad de confeccionar una terna- los procesos convocados para llenar las vacantes de dos vocalías de la Cámara Penal y de una Defensoría Oficial en lo Penal, los tres cargos con sede en Concepción. Los concursos de la Fiscalía, de la Defensoría y de una de las vocalías fueron declarados desiertos porque la confección del orden de mérito provisorio (con los puntajes obtenidos en la corrección de los antecedentes y de la oposición) reveló que había menos de tres postulantes en condiciones de pasar a la última fase, la entrevista con los consejeros. Ninguno de los aspirantes a defensor oficial y a camarista reunía el puntaje mínimo mientras que sólo llegaron al piso dos de los aspirantes a fiscal, Gerardo Nicolás Salas y Pablo Cannata.

Distinta es la situación de la otra vocalía de la Cámara Penal de Concepción. En este caso, el concurso cayó en el umbral de la terna como consecuencia de la decisión de Juan Carlos Nacul, postulante y juez federal de San Luis, de no acudir a la entrevista. Nacul renunció al proceso para llenar una vacante en la Justicia provincial el mismo día de la audiencia mediante el envío de un correo electrónico, según el Acuerdo 36/2018. Esa dimisión perjudicó a los otros dos concursantes que habían logrado los puntajes mínimos legales, Roberto Flores y Augusto Paz Almonacid, quienes vieron cómo la inasistencia de uno de sus pares hacía trizas sus planes de llegar a camarista penal. “Renuncié porque no tenía sentido presentarme a la entrevista cuando ya no estoy de acuerdo con cómo se maneja la selección de jueces de Tucumán. Siguen designando magistrados para el sistema escrito cuando existe un código que establece la oralidad plena. En la Escuela Judicial del CAM enseñan gestión y liderazgo, pero no cómo hacer sentencias. Después de entrar a 15 ternas, tenía un derecho legítimo a ser nombrado en la provincia, pero hoy soy juez de la Justicia Federal, con posibilidades de ascender a camarista. Lamento que la política siga digitando a la Justicia en Tucumán”, dijo Nacul en una consulta de este diario.

Los cuatro concursos desestimados este año pertenecen al mismo fuero, el penal, que es la órbita judicial que más magistrados demanda por el aumento de la litigiosidad y la futura implementación de la ley procesal aprobada en 2016. Fuentes del Consejo sugieren que, por efectos generacionales y por el régimen de incentivos existente, tiende a rendir siempre el mismo conjunto de candidatos, y que muchos de ellos carecen de la experiencia y del curriculum necesarios para llegar a la judicatura. A esto se suma el impacto todavía imperceptible en el nivel de los aspirantes de la Escuela Judicial: este instituto del CAM brinda formación costeada por el Estado a abogados escogidos por sorteo. Para algunos interlocutores, el hecho de que ciertos concursos se caigan es síntoma de excelencia y del rigor de los examinadores, pero otros ven una señal de alarma por la posibilidad de que, ante la falta de resultados, terminen cediendo las exigencias. Como quiera que sea, los concursos fallidos también agregan demora al trámite de cobertura de vacantes judiciales y generan gastos. A comienzos de este año se calculaba que la tramitación de cada proceso demandaba al menos $ 700.000 a las arcas públicas.