Legislatura: no tuvo quórum el debate sobre el acceso a la información pública

Como si fuera una consecuencia del “efecto mariposa”, el viaje a Rusia del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, Marcelo Caponio (PJ), abrió la puerta para que la discusión sobre los proyectos de ley de Acceso a la Información Pública y de Ética Pública volvieran a la agenda legislativa.

José Canelada (UCR), vicepresidente de Asuntos Constitucionales, aprovechó el martes que había quedado a cargo de ese grupo de trabajo para convocar a sus pares a una reunión, con el objetivo de analizar las iniciativas planteadas sobre ambos temas.

La intención del radical era que se emitieran dictámenes sobre las propuestas, de modo que quedaran en condiciones de ser tratadas en el recinto legislativo.

El encuentro sin embargo “cayó” por falta de quórum. Además de Canelada, firmaron el registro de asistencias Ramón Santiago Cano, jefe del bloque Tucumán Crece-PJ, y el también peronista Luis Morghenstein. En cambio, no concurrieron el bandeño Zacarías Khoder, quien notificó que estaba enfermo, Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular) y Eduardo Bourlé (Trabajo y Dignidad).

Según Canelada, la bancada afín a la Casa de Gobierno quería frustrar el encuentro. “Antes de la citación sólo había dos pedidos de licencia, y en uno de ellos sólo se decía que no asistiría a una sesión. Después de la citación, entraron dos pedidos más. Si están en contra de los proyectos, que lo digan”, expresó el radical. Y acusó al oficialismo de “haber mostrado sus verdaderas intenciones”. “Les dieron la espalda a los tucumanos”, afirmó.

Cano negó la versión del radical y lo instó a que “no falte a la verdad”. “Dos integrantes del oficialismo estuvimos en la comisión, tal como fuimos citados. Estamos dispuestos a dar el debate. Pero la responsabilidad del quórum caía en tres legisladores que no son de nuestro bloque”, retrucó.

La reunión, de todos modos, se llevó a cabo. No hubo chance de emitir dictámenes, pero los profesionales que habían sido invitados pudieron opinar sobre la importancia de que en Tucumán rijan las leyes de Acceso a la Información Pública y de Ética Pública, vigentes a nivel nacional.

Carmen Fontán, docente de la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho (UNT), explicó que la Provincia está incumpliendo con disposiciones internacionales. Y señaló la relevancia de que la autoridad de aplicación escogida -si se llega a sancionar esta norma- debe ser autónoma y autárquica. “Hay proyectos que proponen su funcionamiento dentro del Ejecutivo”, remarcó. Patricia Manso, de la Federación de Entidades Profesionales y Universitarias de Tucumán (Feput), se mostró a favor de la inclusión de las entidades intermedias en los regímenes de administración “abierta”. Recordó que en 2012 Feput colaboró en la redacción de un proyecto en ese sentido. “Perdió estado parlamentario”, lamentó Manso. Y advirtió sobre la importancia de instalar el tema. “La ciudadanía en general no lo tiene incorporado”, apuntó. Participó también el titular del Colegio de Abogados, Marcelo Billone.

Los proyectos de Acceso a la Información Pública apuntan a que la población pueda obtener datos oficiales relativos a los actos de gobierno. Los de Ética Pública establecen otras medidas de transparencia, como incompatibilidades para el ejercicio del cargo o la obligación de presentar y difundir declaraciones juradas de funcionarios públicos.