La violencia invade la campaña en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Purón posaba para una selfie con una mujer que fue a su debate, cuando un hombre de camisa clara y gorra apareció por detrás, en la oscuridad, le disparó a la cabeza y huyó.

El ex alcalde de Piedras Negras competía por una banca de diputado en el Congreso federal. Su asesinato fue captado por una cámara de seguridad.

Violencia y política invaden el proceso para las elecciones generales del domingo en México. Más de 120 políticos fueron asesinados desde septiembre, según la consultora Etellekt.

Una tercera parte eran candidatos o precandidatos. Dieciséis de las víctimas eran mujeres. En el mismo periodo, hubo 400 agresiones a políticos, desde amenazas telefónicas a ataques.

Según la emisora estatal alemans “Deusche Welle” (DW), es la campaña electoral más sangrienta en dos décadas.

Cada dos días muere un candidato. La campaña electoral se ha convertido en la más sangrienta en décadas. La mafia local dicta las reglas. El primero de julio de 2018 se elegirán más de 18.000 cargos y se hace imposible protegerlos a todos.

De los asesinatos, la mayoría se registró en los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla, en el sur y centro del país. Dos terceras partes de las víctimas pertenecían a partidos opositores a los gobiernos de su región.

Son tiroteados, apuñalados, apaleados, quemados y descuartizados. Para intimidar a los votantes, por venganza porque las víctimas se opusieron a la mafia o porque colaboraron con otros grupos criminales: los motivos son diversos, dice el periodista José Reveles.

“Estamos lejos de la normalidad democrática”, dice Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara y candidato a gobernador. El experto en crimen organizado Edgardo Buscaglia, de la Universidad de Columbia, habla de una farsa electoral en un Estado débil, cooptado por la mafia.

La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) alerta desde hace tiempo que los alcaldes provinciales pagan con su vida mientras que, en Ciudad de México, los gobernantes viven seguros, rodeados de guardaespaldas .

Según Reveles, desde que comenzó la guerra contra las drogas, en 2006, han asesinado a 172 alcaldes, y los sobrevivientes viven en peligro. El 45% de las comunidades es controlado por el crimen organizado.

“Las redes criminales llegan a cada vez más instituciones estatales. No hay estrategia para impedirlo ni agentes capacitados”, señala Edgar Córtez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

La impunidad alimenta la espiral de violencia. Los carteles quieren controlar las rutas de contrabando, obtener contratos para lavar el dinero ilegal y recaudar cuotas de protección y en las extorsiones. Por ello ocupan cargos estratégicos, como la jefatura de la Policía, la tesorería municipal o las alcaldías, y eliminan a quien se les oponga.

Buscaglia habla de un círculo vicioso: “La falta de transparencia en la postulación de los candidatos y financiación de los partidos, y la falta de controles por parte de la Justicia o las autoridades financieras le abren la puerta a los mafiosos a la política”. (DPA-Especial)