Ya hubo otro caso en el Poder Legislativo vinculado al narcotráfico

Esta no es la primera vez que un empleado legislativo queda vinculado en una causa de drogas. El primero en trascender fue Julio César Trayán, quien trabajaba para el legislador Ramón Santiago Cano cuando fue detenido al ser sospechoso de haber integrado un grupo que se habría dedicado al tráfico nacional e internacional de drogas.

El acusado, que también era dirigente del PJ, espera en prisión ser enjuiciado. En una investigación desarrollada por la División Antidrogas de la Policía Federal, supervisada por el fiscal Pablo Camuña, casi no se secuestró drogas, pero sí numerosos elementos que sirven para demostrar que se trataría de una organización importante.

A raíz de su detención, el vicegobernardor Osvaldo Jaldo firmó una norma en la que disponía que el personal dependiente del Poder Legislativo, cualquiera sea su condición (planta permanente, temporarios, bloques políticos, contratados), que se encuentre involucrado en cualquier hecho delictivo, será automáticamente separado del cargo que revista.

Otro caso importante fue el de Antonio “Pico” Peralta, uno de los supuestos líderes de Los 30 que protagonizó una cinematográfica fuga de la comisaría de Delfín Gallo y luego se presentó ante las autoridades. Cuando declaró en la Justicia Federal que había trabajado en el Concejo Deliberante en 2015 cuando ya había una orden de captura en su contra.

“Kila” se transformó en el sexto empleado de la administración pública en ser investigado por las autoridades por una causa narco. El último fue Juan Enrique Risso Patrón, sereno de la Dirección de Higiene y Seguridad de la municipalidad capitalina.

Semanas antes, fue detenida una pareja de conserjes de la escuela de Comercio N°4 acusados de tener un quiosco de venta de drogas. También se arrestó a otro matrimonio que habrían tenido algún tipo de vínculo con la comuna de El Cadillal. Las autoridades de la comuna no confirmaron ni desmintieron la versión.