Tragedia del Parravicini: ediles piden controles mensuales en edificios de la ciudad

El derrumbe del ex cine Parravicini retumbará en el Concejo Deliberante: los concejales convocaron a una sesión extraordinaria para debatir un proyecto de ordenanza que intensifica los controles e inspecciones técnicas sobre los inmuebles protegidos por su valor patrimonial, como también sobre los nuevos edificios en altura.

“Trabajamos en un proyecto que es consecuencia de los derrumbes de las últimas semanas y de los edificios que no tienen el final de obra pero están habitados, con una instalación ilegal y precaria de servicios. Esto es para suplir las fallas, para que no haya tragedias y para que las empresas construyan lo que especifican los planos de obra aprobados”, defendió el peronista Juan Luis Pérez, presidente de la comisión de Obras Públicas.

La iniciativa propone que la Municipalidad realice controles mensuales a las construcciones de edificios de altura, y a las obras en ejecución de los inmuebles protegidos dentro del Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de la Provincia (la ley N° 7.500), como dentro del inventario de Sitios y Edificios de Valor Patrimonial de la Capital.

El miércoles 23 de mayo, la fachada del ex cine Parravicini (inaugurado en 1923), se desplomó sobre la calle y la vereda de 24 de Septiembre al 400, causando la muerte de tres personas que caminaban por ahí a las 20.30: justo pasaban allí Cora Sosa, de 82 años, Miguel Morandini, de 50 años (madre e hijo), y Víctor Hugo Aranda, de 52 años. La edificación se encontraba en obras de remodelación a cargo de la firma Antonio José Fortino Construcciones SRL. Una semana más tarde, la noche del miércoles 30, se desplomó la medianera de una casa en Mate de Luna, al lado de la excavación de los cimientos de un edificio de la firma Galindo.

A raíz de los derrumbes comenzaron las advertencias e inspecciones por temor a nuevos siniestros en diversos edificios públicos y privados del centro: el edificio donde funcionó Rentas (San Martín 700), el teatro Orestes Caviglia (San Martín 200) y el jardín Querubines (Colombia 3.100), entre otros .

Los concejales, que ya trabajaban en proyectos para los edificios sin final de obra que estaban habitados, intensificaron la tarea a partir del temor por el estado edilicio de las construcciones de la ciudad.

“El proyecto de ordenanza busca que haya inspecciones al menos una vez al mes en los edificios en construcción que tengan más de planta baja y primer piso, y que también sean inspeccionados todos aquellos edificios que forman parte del patrimonio tanto provincial como municipal, en donde se realice alguna acción que tenga que ver con modificaciones, reformas, remodelaciones o construcciones nuevas”, detalló Pérez. Y continuó: “lo que hacemos es incorporar la figura de inspección mensual, como mínimo, que además de ser realizadas por los técnicos de Catastro Municipal, estarán acompañados por profesionales de los colegios de Arquitectos o de Ingenieros, que serán peritos inspectores. Si hubiera discrepancias o disyuntivas entre los informes de los profesionales, intervendrán los colegios profesionales”.

La iniciativa se debatirá en la sesión extraordinaria convocada para el martes. Los concejales habían comenzado a trabajar desde comienzos de año en una modificación de las normas de control de los edificios. “Queremos tratar de resolver una situación crítica: hay una enorme cantidad de propietarios de departamentos que han sido engañados, por decirlo de algún modo, por algunas empresas. Los dueños no tienen las escrituras de las propiedades y mucha gente vive en situaciones de peligro, porque tienen servicios instalados de modo precario”, había asegurado el presidente del cuerpo, Armando Cortalezzi, cuando comenzaron las reuniones con los presidentes de los colegios de Arquitectos y de Ingenieros.

Según un informe de Catastro, hay 31 edificios que están habitados a pesar de que carecen de dos aptos: los certificados de Final de Obra y de Habitabilidad. Las construcciones no reúnen las condiciones para obtener los aptos por sus violaciones al Código de Planeamiento Urbano (CPU). Aunque las ordenanzas prohiben que se viva en los departamentos, algunas torres llevan 20 años con inquilinos. De aprobarse el proyecto, se incrementarían las inspecciones obligatorias de tres (inicial, concomitante y final), a al menos una por mes.

“Hacemos esto porque creemos que las inspecciones que se vienen realizando hasta al momento no fueron efectivas, no fueron suficientes, las muestras están a la vista. Tenemos que velar por la seguridad en la construcción y de los ciudadanos de la capital”, defendió Pérez.

Fuentes de la Municipalidad consultadas por LA GACETA informaron que comenzaron a estudiar el proyecto de ordenanza para analizar su aplicabilidad. Entre los puntos, el análisis buscaba determinar si no se afectaban las potestades de control de los inspectores técnicos de la Municipalidad.