UN PROBLEMA SIN SOLUCIÓN. En las comisaría existen centenares de motos secuestradas y desde hace años se anuncia su compactamiento. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio (archivo)
Luis Duarte y Gustavo Rodríguez - LA GACETA
Fueron dos investigaciones diferentes que tuvieron prácticamente el mismo final. A los dos detenidos por hechos totalmente distintos se les descubrió que utilizaban una moto y una camioneta que estaban a nombre de la Policía. Desde la fuerza informaron que esos vehículos corresponderían a un lote de bienes de la fuerza que fue subastado hace dos años. Luego de la venta, no se habría realizado la transferencia. El fiscal Washington Navarro Dávila abrió una investigación.
El 3 de mayo pasado, personal de la Seccional 2ª detuvo a una pareja que había asaltado a una joven. El hombre quedó aprehendido por el robo y su compañera, al tener 15 años, fue entregada a sus padres. Sin embargo, el caso tuvo un inesperado giro cuando se confirmó que la motocicleta que ambos utilizaron, una Honda Tornado, estaba a nombre de la fuerza de seguridad de la provincia. Los peritos, de acuerdo con fuentes judiciales, determinaron que al rodado en cuestión se le habían eliminado los elementos que se les colocan para que sean identificados como móviles policiales.
A horas de que se conociera esta situación, fuentes de la Justicia Federal confirmaron un hecho similar, que surgió de la investigación en la que se desarticuló una organización que se dedicaba al tráfico de drogas. El líder del grupo, que fue procesado en el marco de la causa conocida como “Los Narcobagayeros”, utilizaba una camioneta Chevrolet S10.
Los pesquisas determinaron que el vehículo en cuestión estaba “a nombre de la Policía”. El acusado, quien tiene antecedentes por irregularidades en la compra y venta de automotores, habría confesado que la adquirió en una subasta pública.
“Pedimos que se verificaran nuevamente los datos y no había error. El rodado en cuestión estaba a nombre de la fuerza. Decidimos entonces iniciar una investigación para determinar qué había ocurrido con esa moto”, explicó Navarro Dávila. “Entre otras cosas, le enviamos al jefe de Policía (José Díaz) un oficio para que informe por qué esa moto terminó en las manos de la persona que está acusada de cometer un robo”, agregó.
“Una de las posibilidades es que haya sido vendida, pero no se entiende por qué no fue dada de baja y no sabemos si se hizo la transferencia correspondiente. Eso puede transformarse en un problema, porque ante cualquier conflicto, el Estado podría ser responsable ante una acción civil”, concluyó.
Las autoridades de la Policía se movilizaron ante el caso de la pareja y la investigación del fiscal Navarro Dávila. En primer lugar, consultaron el actual dominio del motovehículo.
“Legalmente, la moto no pertenece a la Policía”, remarcó el jefe de la fuerza provincial. “Hubo una demora en la certificación de la transferencia del rodado, tanto en (la Dirección General de) Rentas como en el Registro del Automotor (por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios)”, añadió.
La motocicleta fue vendida en un remate realizado el 12 de octubre de 2016; mientras que la transferencia se habría efectuado el 12 de abril de este año, confirmó ayer la Policía. “Patrimoniales estuvo a cargo del proceso de venta de las unidades oficiales. Hay que pedir a la persona que compró el vehículo que agilice la transferencia”, señaló Díaz.
Según el jefe de la fuerza, la última subasta pública de la Policía se realizó durante 2016. “Esta situación puede pasar con muchos vehículos, si no se avanza con el trámite administrativo. El caso de la moto fue por la demora en Rentas y en el Registro del Automotor”, insistió Díaz.
La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (Dnrpa) ha informado que “al momento de vender un vehículo, es importante que su titular realice la denuncia de venta ante el Registro donde lo tenía radicado, ya que este trámite lo exime de cualquier responsabilidad civil con respecto al automotor y, a la vez, intima al comprador para hacer la transferencia en un plazo de 30 días hábiles”. En el caso de la Provincia, se tardó más de 18 meses para concretarlo.
Desestimaron responsabilidad por el uso
El 12 de octubre de 2016, el Gobierno realizó una subasta pública de bienes en desuso y dados de baja por varias reparticiones estatales, entre ellos, móviles de la Policía. Según el proceso, los objetos salieron a la venta con base al contado, en efectivo y al mejor posto. El adquirente debió abonar un 30% al contado como seña; mientras que el 70% restante se pagó una vez aprobada la operación. Se vendieron muebles, automóviles y motos por casi $2,1 millones. “Los bienes fueron enajenados dentro de la facultades del Ejecutivo”, dijeron fuentes del Gobierno para quitar “responsabilidad alguna” por el uso de los bienes subastados.
