Las razones del fiscal para que Brito sea condenado y los argumentos de la defensa para que sea absuelto

Las razones del fiscal 

Los hechos imputados
“¿Existieron los hechos (imputados)? El Ministerio Público considera que ha quedado demostrado el perjuicio patrimonial a la Administración Pública de la Provincia. Durante su gestión como director de la DAU, aprovechó su cargo y las influencias que le generaban para efectuar contrataciones directas, evitando licitaciones públicas. Hizo además un abuso de la ley 7.960, fraccionando trabajos para superar el límite de $150.000 que esa ‘corta’ norma exigía. (...) El imputado estiró la ley, como un elástico, hasta que la rompió. (...) En su primera declaración, (Brito) buscó desvalorizar el daño (al Estado provincial) tratando las obras de la ley 7.960 como ‘un chiquitaje’ en comparación a otros trabajos, como el Hospital del Este”.

Sobre los Denunciantes
“¿Por qué no hay este tipo de delitos ventilándose en los tribunales? ¿Será que nuestros funcionarios públicos son tan correctos o es que hay un manto de impunidad con relación a estas cuestiones, que tienen que ver con la corrupción? No es casual que los dos denunciantes en esta causa hayan sido legisladores (Silvia Elías y Ariel García)”. 

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Los testigos y las pruebas
“El contador fiscal del Tribunal de Cuentas no controlaba, y lo dijo el propio (ex funcionario afectado a la DAU, Atilio) Torasso. (...) Escuchamos también a Domingo Luciano Corbalán, quien contó que hace cinco años trabaja en la recolección de residuos por cuenta propia. Lo más llamativo es que no recordaba cuánto haber facturado mediante su empresa, DC Construcciones: $3,6 millones en menos de dos años. Y el inmueble donde tenía sede pertenecía a la jefa de Obras por Administración de la DAU, Lidia Figueroa, cuyo hermano tenía una constructora. ‘Alcoyana-Alcoyana’, diría Berugo Carámbula. (...) La contadora (del Poder Judicial) María Elena Lampa explicó detalladamente el desorden que encontró en los expedientes (...) La arquitecta Rita Ibáñez (empleada de la DAU) afirmó que la superioridad, el director o el subdirector Roberto Bianchi, le decían qué poner en los expedientes. (El también funcionario de la DAU) José Ignacio Romero corroboró la figura central de Brito en la aplicación de la ley 7.960, lo que prueba el abuso de autoridad por parte del imputado. (...) Los testimonios de (los ex proveedores) Christian Jugo y de su esposa María del Valle Cuezzo coinciden con respecto al spot publicitario pagado a favor de la campaña de Miguel Brito para legislador, en Canal 10 (para las elecciones de 2011). (...) El testigo Jorge Mauricio Miguel, apenas inició su declaración, definió a Brito casi como un hermano. Es su cuñado. Reconoció haber facturado $1 millón a través de su empresa, Drober Aráoz, que era una droguería. (...) Los testimonios de los ingenieros fiscales del Tribunal de Cuentas tienen un valor especial, porque son técnicos expertos en el control de la obra pública, y constataron obras que fueron pagadas, y no están ”.  

Otras consideraciones
“Brito dijo que no conformaba facturas. Pero mintió. En el caso 27 del requerimiento de elevación a juicio (Juzgado de Paz de Monteros) hay una factura conformada por él” (...) “El imputado quebrantó el deber de fidelidad a la Administración Pública  y afectó su patrimonio”.

Pedido al Tribunal
El fiscal Saltor pidió “una pena efectiva de seis años” por fraude a la Administración Pública, negociaciones incompatibles y abuso de autoridad; también prisión preventiva e inhabilitación perpetua para cargos públicos. 

Las razones de la defensa

Los hechos imputados
“La acusación no ha sido probada. No voy a volver a pedir la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, pero sí voy a sostener que aquellos baches antes planteados se han hecho más evidentes. El fiscal ha sacado conclusiones de este juicio que, considero, son producto de su imaginación. Ha imaginado un comportamiento de Brito que no se compadece con los extremos probados en la causa y que tampoco encuentran una descripción legal en los tipos penales. (...) Seguimos sin saber de qué nos tenemos que defender (...). Se quiso hacer parecer horrorosa a la ley 7.960, y nunca fue derogada”. (Arnaldo Ahumada)

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Sobre los denunciantes
“El testimonio de Elías de Pérez fue insustancial. Nada de lo que dijo se probó. Le hice una sola pregunta: si conocía a Corbalán, el supuesto choripanero, y dijo que no”. (...) “El otro legislador (García) salió corriendo a hacer una (nueva) denuncia (...) Sabemos que a veces se usan los estrados con fines espurios”. (Ahumada)

Los testigos y las pruebas
“Respecto de las firmas supuestamente beneficiadas, todos (sus titulares) han venido a declarar bajo juramento y han puesto nombre y apellido, una historia de vida, a las famosas ‘empresas fantasma’. No sólo no han sido beneficiadas; han sido perjudicadas” (...). “La Dirección General de Compras y Contrataciones de la Casa de Gobierno informó que no hay un registro de proveedores del Estado”. (...) “El testigo Céliz, funcionario de la DAU con 36 años de experiencia, explicó que tenían un registro de proveedores internos (...)”. “El testigo Jorge Mauricio Miguel, de Drober Aráoz SRL, dijo la verdad: explicó que tiene una relación cercana con Brito. Participó de cotejos de precios como cualquier otro proveedor, y lleva más de 30 años en el rubro. Céliz fue categórico: jamás la superioridad le dijo que invitara a tal o cual empresa”. (...) “Las facturas de Jorge Miguel nunca fueron conformadas por Brito”. “Domingo Corbalán explicó que había armado una especie de cooperativa; de ninguna manera se puede entender que haya sido una firma ‘fantasma’. (...) La testigo Ibáñez (de la DAU) explicó que sí le parecía urgente la obra de rampas para discapacitados” (...). “En ningún momento los proveedores Jugo y su esposa (Cuezzo) dijeron que haya sido Brito quien les pidió la publicación del spot publicitario”. “El contador Torasso (ex delegado fiscal afectado a la DAU) jamás dijo que no se revisaban las obras de la ley 7.960; explicó exhaustivamente los controles y rendiciones” (...). “El ingeniero Orfeo no fue funcional a la Fiscalía, y explicó que las obras podían haber sido vandalizadas”. (Fernanda Battig).

Otras consideraciones
“También se hicieron así obras y trabajos adicionales en el club Natación y Gimnasia, con este método (de la ley 7.960), para recibir el Mundial de Hockey. Igual en el club Cardenales. Varias etapas. Seis veces en una, siete veces en otra. Varias veces el monto de $150.000. Claro: algún suspicaz dirá que el presidente de Natación era el presidente del Tribunal de Cuentas; o que el vocal del TC era fulano de tal, vinculado íntimamente al club Cardenales. Nosotros no pensamos así”. (Arnaldo Ahumada) 

Pedido al Tribunal
La defensa de Brito solicitó la absolución. “Nos animamos a pedir costas; este proceso no debería haber llegado a esta instancia”, afirmó Ahumada.