Por Luis María Ruiz
07 Junio 2018
SALA VI DE LA CÁMARA PENAL. La presidenta del tribunal, Alicia Freidenberg (centro), dialoga con la vocal Stella Maris Arce. La jueza Elisa Molina toma nota. la gaceta / fotos de franco vera
El 18 de este mes -en 11 días-, el ingeniero Miguel Ángel Brito entrará temprano a la sede penal de Tribunales. A las 8.30 se sentará en el banquillo de los acusados y dirá sus palabras finales. Después, las integrantes de la Sala VI de la Cámara Penal, Alicia Freidenberg, Stella Maris Arce y María Elisa Molina, pasarán a deliberar el fallo.
¿Lo condenarán a seis años de cárcel, con prisión preventiva inmediata e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como pidió ayer el fiscal de Cámara Carlos Saltor? ¿Lo absolverán y ordenarán que el Estado afronte las costas del proceso, como plantearon en los alegatos los defensores Arnaldo Ahumada y María Fernanda Battig? ¿Resolverán algo distinto a lo que solicitaron las partes? Tras casi dos meses de juicio oral y público, las juezas definirán el futuro del primer ex funcionario alperovichista acusado por supuestos hechos de corrupción.
Causa DAU: dos sensaciones sobre un mismo tribunal
Brito fue concejal de la Capital por Fuerza Republicana en el bussismo (1995-1999) y en la primera etapa del alperovichismo (2003-2007). Se sumó luego a las filas del hoy senador José Alperovich, y asumió las riendas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). Tuvo que renunciar en 2012, a pedido del entonces gobernador y en medio de cuestionamientos del Tribunal de Cuentas (TC). Pasó un tiempo como asesor del ex senador Sergio Mansilla. Cuando se le terminó el contrato, en 2015, retornó al antiguo cargo que tenía en la Capital, adonde había llegado en 1983.
Las razones del fiscal y de la defensa, en la causa DAU
Brito asegura que en sus cinco años como director, la DAU llevó a cabo más de 500 obras públicas en la provincia. Según la acusación, hizo un uso abusivo del sistema de contratos directos habilitados por la ley 7.960 y perpetró los presuntos delitos de fraude a la Administración Pública, negociaciones incompatibles con su cargo y abuso de autoridad. La hipótesis de la Fiscalía de Cámara indica que utilizó su puesto para direccionar los cotejos de precios; y que benefició a empresas en presunta situación irregular -algunas de ellas pertenecientes a parientes o “conocidos”- con la adjudicación de obras públicas solventadas con el erario. Además, según Saltor, el imputado produjo un daño estimado a la Administración Pública de $911.000 (a valores de 2012) sólo por obras pagadas que no fueron ejecutadas.
Según la defensa (también participa el abogado Francisco García Posse, aunque ayer no alegó), nada de eso ha sido probado durante la instrucción, que estuvo a cargo de Arnaldo Suasnábar, ni en las 15 audiencias de juicio. De hecho, aseguran los abogados de Brito, él no intervenía en la selección de las empresas ni el pago de servicios.
El ex director de la DAU, en tanto, tiene 11 días para pensar su última declaración. Después, las juezas hablarán con su sentencia.
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