Campero vetó una ordenanza que él mismo había promovido

La noticia genera curiosidad, de mínima: el intendente de Yerba Buena, el radical Mariano Campero, vetó la ordenanza que prohibía las urbanizaciones especiales en el pedemonte y que -él mismo- había impulsado. ¿La razón? Según su explicación, la normativa podría ser considerada inconstitucional, al limitar el derecho a la propiedad.

En rigor, la ordenanza fallida fue elaborada por su equipo de gobierno, pues intervinieron funcionarios de distintas oficinas, como planeamiento urbano, medio ambiente y obras públicas, entre otras. Sin embargo, fue el propio Campero quien a fines de 2015 se puso al frente del tema, cuando acababa de asumir y suspendió por 180 días los desarrollos inmobiliarios situados al oeste del río Muerto.

Esa suspensión obtuvo la venia del Concejo Deliberante en aquella ocasión y al cabo de esos 180 días, cuando pidió una prórroga, se la concedieron. Entretanto, la Municipalidad conformó un comité de estudio que, durante ese tiempo, elaboró el proyecto que más tarde enviaron al parlamento local y que fue aprobado por el pleno de los concejales, los primeros días de mayo.

Ayer, Campero se reunió con seis de los 10 ediles para explicarles porqué este lunes se desayunaron con que la iniciativa había sido vetada. La reunión se prolongó durante unas dos horas. Les dijo que sostiene su línea de pensamiento. “Pero hemos visto una pata que no habíamos advertido antes. Mantendremos el criterio de protección, pero abriremos una pequeña puerta”, declara a este diario, tras ese encuentro.

Al oeste del río Muerto

La iniciativa original -hecha por su equipo y avalada por el Concejo- divide en dos a la unidad ambiental cinco del Código de Ordenamiento Urbano: al este y al oeste del río Muerto. En esta última subdivisión (río arriba) se prohíben los desarrollos urbanos como barrios cerrados, countries, clubes de campo, proyectos comerciales y divisiones de parcelas.

A esa decisión llegaron los funcionarios intervinientes después de estudiar informes y de oir a expertos. En el dictamen de los ediles se cita, por ejemplo, un estudio de la fundación ProYungas, en el que se deja en claro que no es recomendable continuar con los emprendimientos de alta densidad en el pedemonte; incluso, se les indica a los gobernantes que “no los autoricen”. O los dichos de la ingeniera María Pérez de Molina, por la Dirección Provincial del Agua (DPA), quien expresa que “no deben urbanizarse los conos de deyección”. O el plan director de ese organismo, que alerta sobre el riesgo hidrogeológico (“grave”) si se urbanizan esos conos. O las conclusiones de la Comisión de Evaluación del pedemonte, conformada en 2015 por la misma Municipalidad y a cargo de la arquitecta Marcela Medina, donde se habla de una zona en “condición crítica”. O el informe técnico del ingeniero José Domián, quien observaba que las urbanizaciones estaban produciendo una “degradación” del ecosistema. O el escrito del propio director de Planeamiento Urbano local, Ernesto Marchetti, quien sugiere que las edificaciones no superen un Factor de Ocupación del Suelo (FOS) de 0.3; es decir, que menos de la mitad del terreno tenga ladrillos.

No obstante el veto, Campero asegura que esas premisas estarán presentes en la nueva propuesta. “No voy a cambiar mi discurso. Se trata de un detalle. Habíamos dejado la posibilidad de que algún particular pudiera demandar al Estado municipal. Ahora, revertiremos eso. Me interesa hacer las cosas bien. Y nos tomaremos el tiempo que sea necesario”, añade. En concreto, la segunda versión de la ordenanza permitirá “posibilidades de construcción específicas”, de acuerdo a las declaraciones del intendente.

Todavía no se conoce el texto que suplantará al vetado, donde estarán esas especificidades.

El concejal peronista Walter Aráoz -uno de los que estuvo en esa reunión en la que Campero dio explicaciones- dice que coincidieron en que el pedemonte "es sagrado" y, en consecuencia, no debe tocarse. "Se equivocaron con la ordenanza y van a tener que rehacerla. Lo solucionaremos", agrega. El otro justicialista del cuerpo, Héctor Aguirre, califica lo sucedido como una desprolijidad del Ejecutivo local ("podrían evitar estos papelones"). Además, dice que muchos desarrollistas están molestos, porque se han paralizado las inversiones.

Hasta en el seno de los ediles afines a Campero -José Macome, Marcelo Rojas, Rodolfo Aranda y Javier Jantus- hubo enojos por la decisión y por la falta de comunicación. "Estamos molestos porque fueron desprolijos. Ahora, ellos entienden que se puede hacer una ordenanza menos prohibitiva que la que hicieron. Vamos a esperar. Pero tal vez insistamos porque estábamos de acuerdo con el proyecto inicial", confía Macome.

En el dictamen de Gabriel Sabaté -el director de Asuntos Jurídicos del Ejecutivo (y el hombre que provocó el paso atrás)- se lee que la restricción que se había impuesto "limita irrazonablemente el derecho a la propiedad, al punto de implicar su lisa y llana negación". En esa ordenanza objetada por él, el FOS se había fijado en 0.4 y se había recalificado a la zona como "no urbanizable", residencial y donde las únicas construcciones permitidas iban a ser las unifamiliares. Ahora, es probable que el FOT sea llevado a 0.3. La reformulación, según trascendió, estaría lista en los próximos días.