¿Cuánto vale una vida en Tucumán?

María Zelaya había llegado a la plaza Independencia para pedirle al Ministerio de Desarrollo Social comida para sus hijos, porque estaba sin trabajo y con hambre. Circulaba por una de las esquinas más transitadas de la ciudad participando de una protesta cuando un taxista la atropelló y la mató. Tenía 36 años. Murió a metros de donde se festejaba el ascenso de San Martín.

María Cristina Sosa tenía que hacer unos trámites y su hijo, Miguel Morandini, fue a acompañarla. Caminaban del brazo a metros de la peatonal y un derrumbe acabó con sus vidas. Lo mismo le sucedió a Víctor Hugo Aranda, que si el ex cine Parravicini no se le caía encima, hoy estaría festejando el ascenso del “santo” con la camiseta que iba a retirar de una casa de venta de artículos deportivos.

Las vidas en Tucumán parecen valer cada vez menos, de la mano de las fallas estructurales, pero no de edificaciones, sino de las instituciones del Estado y privadas que privilegian la cultura de la corrupción y de “la vista gorda”. Porque las muertes por desidia, complicidades y falta de respeto por las leyes se cuentan de a decenas. En el caso del Parravicini- fatal- y de la obra en avenida Mate de Luna, duelen hasta huesos las palabras de funcionarios y constructores: que fue un hecho fortuito, que las obras estaban autorizadas, que no tienen nada que ver con lo que pasó, que fue “obra del destino”. Fueron hechos evitables desde la responsabilidad que a unos y a otros le caben.

María Zelaya murió atropellada y la explicación del jefe de Policía fue que “no tenían autorización para cortar la calle” y que el personal policial justo se fue a custodiar los hinchas que festejaban... ¿Y la prevención? ¿Y las tareas de inteligencia? ¿No sabían que iban a marchar y que iba a haber otra gente en la plaza? ¿Por qué no se resguardó la seguridad de esos y de todos los tucumanos? Otra muerte que podría haberse evitado.

Se avanza en algunos aspectos, pero en otros se mantiene la indiferencia y la desprotección. En lo que va del año ya se produjeron seis femicidios, mientras en las comisarías ningunean a las mujeres que denuncian a los abusadores y en la Justicia aluden que están desbordados. Esa falta de atención también se cobra vidas.

Cuando la contención social escasea, el resultado es contar víctimas fatales. Sino, basta cotejar los ríos de lágrimas y las tristes estadísticas de la Hermandad de los Barrios, que agrupa a las barriadas más carenciadas de San Miguel de Tucumán. El año pasado, al menos 18 adolescentes se ahorcaron o perdieron la vida como consecuencia de sus adicciones (no existen cifras oficiales. Mientras tanto, el Estado mira para el costado. Entre los ministerios y áreas correspondientes ponen “límites” a su tarea: Educación dice que es responsabilidad de Seguridad (y viceversa); Desarrollo Social apunta al Siprosa (y viceversa); Adicciones no tiene fondos, y así los pibes se mueren. Otra vez, son hechos evitables.

Este año ya se registraron 11 homicidios en ocasión de robo, cifra que llega a 16 en circunstancias ligadas a ese delito, según datos judiciales. Pero las autoridades dicen que en Tucumán no aumentan ni el narcotráfico (según los fiscales, las adicciones explican ocho de 10 delitos) ni la inseguridad. La corriente negacionista impide que se planifique o se combata con seriedad el problema. Mucho peor, que se eviten muertes.

Los mal llamados accidentes de tránsito se cobraron 395 vidas en 2017 (el cuarto índice más elevado a nivel nacional, después de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) y en lo que va del año ya casi llega a la centena, según datos de la asociación Luchemos por la Vida. Muchos de esos siniestros están relacionados a la escasez de controles, a la violación de normas de tránsito y a la irresponsabilidad de los que van al volante. Muchos podrían evitarse.

A esta nómina nefasta podrían sumarse otras cifras, por otros motivos, de vidas que se desvanecen de la mano inescrupulosa del descontrol. Del Estado, de los privados y de una parte cada vez más grande de nuestra sociedad, que parece infectada por un virus que nos muta en violentos e irrespetuosos seres vivientes.

Por eso la vida se devalúa en Tucumán, la provincia que es noticia por tragedias como la del Parravicini, inundaciones como la de La Madrid, corrupción como la de José López, injusticias como las de Marita y Paulina, escándalos electorales como el de 2015. Y por otro sinnúmero de “comos”.

Mientras tanto, en estas tierras continuamos peleando por las candidaturas, por mantener un status quo electoral que beneficie a los que están en el poder y por retrasar reformas judiciales que podrían conseguir -vaya paradoja- un poco de Justicia. Incluso desde el sector privado se lucha para que todo este viciado sistema institucional persista o sea cada vez más enclenque y los controles más laxos.

Así de poco vale una vida en Tucumán.