Testigos en peligro (de falso testimonio)

La cantidad de policías detenidos por falso testimonio en el caso de Paulina Lebbos dio que hablar esta semana. El padre de la joven asesinada, Alberto Lebbos, dijo que eso demuestra las maniobras para encubrir el homicidio, realizadas por gente “torpe, porque se cree impune”, pero “efectiva”, porque “ha hecho un gran trabajo de destrucción de pruebas”. Advirtió que algunas de esas personas están en funciones, como el comisario Daniel Díaz, que es actualmente jefe de Huellas y Fotografía de Criminalística Capital. Él estaba en Criminalística Norte el 11 de marzo de 2006, día del hallazgo del cuerpo de Paulina, e hizo videos que se vieron por primera vez en el juicio y que mostraron cuán mal se trabajó en la escena del hecho. No se sabe qué utilidad tendrán esos videos en la causa, pero Díaz, que se contradijo con otro testigo, el ex jefe de Criminalística Fernando Vázquez Carranza, fue detenido por falso testimonio.

Fuera de control

El escándalo de los policías que contradicen los informes de 2006 y que parecen incinerar a los acusados de encubrimiento ya ha dado a Lebbos la seguridad de que hay pruebas irrefutables en este sentido. El jueves, en LG Play, dijo que es notorio que los policías que tenían bajo rango, que debían obedecer órdenes, muestran miedo, y que los de alto rango son soberbios. Lo que queda muy claro es que el sistema de obediencia ciega en un cuerpo policial copiado del cuerpo militar permite que se generen situaciones inverospimiles, ilógicas y fuera del control legal. Así fue la falsificación de las actas de hallazgo del cuerpo, por lo cual fueron condenados en 2013 el jefe de la comisaría de Raco, Enrique García, y dos de sus subalternos. En estos días se vio a García culpar de la adulteración de las actas a su ex jefe, el acusado Rubén Brito, y al ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera. Pero todavía no se entiende por qué adulteraron las actas para mencionar que al hallazgo del cuerpo lo hizo la Policía y no los baquianos Sergio y Marcelo Goitea. Ya llegará la explicación. Como también alguien deberá explicar las razones por las que se hizo que interviniera en el caso la comisaría de Raco, cuando le correspondía a la de Vipos, cuyo comisario, Antonio Rojas, falleció pocos días antes del comienzo del juicio.

Lo que se entiende es que la comisaría de Raco era la niña mimada del ex secretario de Seguridad Eduardo di Lella (también acusado), cuyo suegro tenía una casa en esa localidad. Esa jerarquía que se le había dado a la comisaría -que hasta hacía censos de los autos que circulaban por la localidad- le servía para mostrar cuidado por el lugar, al que iban las autoridades con frecuencia. Lo cual dio lugar a un debate de esta semana, cuando el agente Carlos Ricardo López relató que el día de la desaparición de Paulina (26 de febrero) vio al ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, a García y a Di Lella en una reunión en casa del familiar del secretario de Seguridad. Después dijo que no había visto a Sánchez. Lebbos dice que se contradijo por miedo. Y asegura que, en su opinión, esa noche comenzó a urdirse la conspiración.

Malas costumbres

Lo que muestra la participación de policías (que en la jerga del juicio se llama “etapa de testigos del hallazgo”) es que no se preservó la escena del crimen; que no se tomaron muestras del terreno; que se juntaron las muestras del cuerpo en un solo frasco; que la autopsia se realizó a la intemperie en la morgue; que se fraguaron actas, y que los comisarios (como el ex jefe de Bomberos, Raúl Lobo) desmintieron lo que los mismos libros de sus dependencias indican. Además, que se ha permitido maniobras como dejar líneas en blanco en libros de registro como el de Criminalística Norte, lo cual deja sospechar que se pueden hacer enmiendas posteriores. Un testigo dijo que eso “es una costumbre”; sin embargo, Lebbos asevera que esos espacios en blanco “cuestan plata” y que esa “costumbre” se mantiene en el sistema policial. Este es un primer análisis fuerte que debe hacer la sociedad, más allá de lo que suceda al final del proceso oral. La posibilidad de hacer maniobras en pericias y actas (”impunidad”, la llama Lebbos) se mantiene en el sistema. ¿Qué se va a hacer para cambiar las cosas? También ha de merecer reflexiones el caso del ex fiscal Carlos Albaca, que pronto tendrá que afrontar un juicio por el retardamiento de la causa y la destrucción de pruebas. Está acusado por 11 delitos y actuó durante siete años en el caso Lebbos hasta que la presión nacional obligó a la Corte Suprema a quitarle la causa.

El juicio Lebbos lleva ya tres meses y se extendería acaso hasta noviembre. Ya se han visto las etapas del “Grupo Abasto”, es decir la de los jóvenes que estuvieron con Paulina esa noche, etapa de la que surgió una inesperada pista narco, ya que se supo de un teléfono a nombre de una empleada doméstica de El Siambón, Karina Cruz, desde el que se hicieron llamadas a un sospechoso de narcotráfico. La entonces patrona de Karina Cruz, Magdalena Bordato, niega haber sido la dueña del teléfono. Pero esta línea de celular registra comunicaciones con una de las hermanas Mercado (que estuvieron con Paulina) y con el teléfono fijo de la casa del padre de Roberto Gómez, quien está acusado del homicidio. De esta etapa también surgieron otros elementos extraños, como la denuncia de las hermanas Mercado de que a su departamento de La Rioja al 400 entraron dos individuos con armas a hacer un allanamiento en 2006.

El ex comando Atila

Ahora se está en la etapa del grupo “Testigos del hallazgo”. Fue llamativo, además de la detención por falso testimonio de seis testigos, que se ordenara no sólo procesar al acusado Hugo Sánchez por intimidar al testigo Vázquez Carranza, sino que se ordenara una investigación por la intimidación, ya que su ex abogado, Eduardo Andrada Barone, envió un mensaje a Vázquez Carranza mencionando al “Niño” Gómez, famoso ex integrante del comando Atila, que espera ir a juicio por el crimen del cacique Chocobar en Trancas. “Es la mafia que sigue actuando”, dice Lebbos.

Para finalizar el juicio todavía faltan las etapas “de los políticos” (se incluye al ex gobernador José Alperovich y al ex secretario de Gobierno Edmundo Jiménez) y “la de peritos” como los de Gendarmería. ¿Se llegará a develar lo que pasó con Paulina y hallar al asesino? Lebbos dice nada está descartado y que aunque hay quienes fueron sobreseidos del encubrimiento por prescripción, ninguna de las pistas investigadas en la instrucción del fiscal Diego López Ávila están descartadas. Agrega que espera que los acusados por encubrimiento y sus familiares, y también los testigos que están siendo detenidos por falso testimonio reflexionen y, en algunos casos, se quiebren: “por falso testimonio, la pena llega a 10 años de prisión. Yo les pido que digan la verdad, cuenten lo que saben”, dice. Hace dos días el padre de la víctima dijo que los responsables de la sociedad (los tres poderes) podrían reaccionar ya con respecto a lo que el juicio está mostrando. Se podrían adherir a la ley nacional 27.372, de asistencia a víctimas de delitos, y rever la ley de protección de testigos, que está reglamentada pero sin presupuesto.

Y con respecto a que se pueda develar lo sucedido con Paulina, no abre juicio. “Yo creo - concluye- que Paulina cayó en manos de una banda de degenerados que se aprovechaban del poder y salían en la noche a cazar jóvenes”.