“Hay normas que no se aplicaron nunca porque dependen del poder, y de la concepción autocrática o democrática que este tenga. Para comprender la necesidad de la sanción de la ley de acceso a la información pública es necesario que conozcamos cómo se comporta el poder y cómo se relaciona con sus subordinados. Y, también, cómo esto afecta al orden jurídico. Entre el Estado y los ciudadanos hay una desigualdad porque quienes gobiernan imponen las condiciones, en este caso, de qué se sabe, de cuánto se sabe y de cómo se sabe. Y esta es la lucha constante por el Derecho: su negación por parte del Estado y de sus socios invisibles impacta en los ciudadanos.
Con el devenir de la historia, el Estado fue avanzando sobre los particulares e impidiendo que estos lo controlaran. La falta de información alimenta la corrupción y a la corrupción se la combate con información. Este es el sentido de la necesidad de tener acceso a los datos públicos. Todos los estados de la historia usaron el secreto para conservar el poder: la república es el movimiento contrario. Es un camino que no se abre en Tucumán. Aquí no hay ni habrá, mientras esté este Gobierno, acceso a la información pública. Yo he iniciado un juicio en 2016 para conocer a dónde fueron a pagar los $ 615 millones que la Legislatura entregó como gastos sociales en 2015. Todos los opositores sabemos que ese dinero fue destinado a pagar la campaña electoral del oficialismo”.