El derecho al acceso a la información pública recibe un espaldarazo

Según desde donde se la mire, la cima del acceso a la información pública está cerca o está lejos, pero asoma en el horizonte. Esta conclusión positiva se desprende de la mesa panel que desarrollaron este miércoles el Colegio de Abogados de la Capital, y la Clínica Jurídica de Interés Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. En esa actividad, directivos de la entidad intermedia, legisladores, docentes y estudiantes suscribieron un acta en la que se comprometieron a luchar para que la provincia sancione una ley que la saque del atraso en el que está en materia de transparencia y publicidad de los actos de gobierno (ver “Acta compromiso”).

Todos los representantes del pueblo fueron invitados a participar de la mesa panel pero sólo asistieron los opositores Claudio Viña, Fernando Valdez, José María Canelada y Eudoro Aráoz, que tienen en común el ser autores de iniciativas de acceso a la información pública (la última entró este lunes a la Legislatura y lleva la firma de una decena de miembros de las minorías). El abogado Carlos Correa expuso en nombre del legislador Luis Brodersen (PRO-A) mientras que Macarena Villagra Vélez, integrante de la Clínica Jurídica de Interés Público, comentó el único proyecto de ley con estado parlamentario presentado por un oficialista, Guillermo Gassenbauer (ver “El único oficialista...”, y “Promovemos las libertades de pensamiento y de expresión”).

A su debido turno asignado por sorteo, los oradores se explayaron sobre por qué es necesario que la provincia baje las barreras que la mantienen aislada de la corriente de oxigenación institucional que alcanzó un hito en septiembre de 2016, cuando el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública N° 27.275. Desde entonces, la mayor parte de las jurisdicciones se sumó a esa ola mediante normas de adhesión a la Ley 27.275 o decretos del Poder Ejecutivo. Valdez sugirió que ello estaba ligado en forma íntima con la calidad de la democracia y arriesgó que, desde esa perspectiva, Tucumán está en la premodernidad. Viña recordó que actos de enorme trascendencia institucional, como decisiones del Gobierno de Juan Manzur, habían sido conocidos gracias a la prensa. Canelada relató las peripecias que llevó adelante para acceder a datos sobre temas sensibles y no tan sensibles, y dijo que, habitualmente, la aventura terminaba en un juicio. Aráoz expresó que todos los estados habían acudido al secreto para conservar el poder y opinó que el sendero de la república permanecía bloqueado en la provincia.

“Tucumán está en mora”, evaluó Marcelo Billone, anfitrión del encuentro en su carácter de presidente del Colegio de Abogados de la Capital, al inaugurar la mesa panel. “Considero que la implementación del derecho al acceso a la información pública ha pasado a ser un reclamo social de concreción impostergable”, opinó Billone, quien compartió el estrado con Dante Mirra, constitucionalista y director de la Escuela de Graduados del Colegio, y Daniel Avendaño, integrante de la Clínica. “Es un contrasentido hablar de un gobierno republicano y, al mismo tiempo, observar una conducta reticente en consagrar este derecho, cuando sabemos que uno de los pilares de la república es la transparencia de los actos de gobierno”, agregó.

Cuestión de tiempo

El gobernador Manzur prometió que adheriría a la norma nacional en el año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia. Ese mismo 2016, dos meses más tarde, el entonces secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, dijo que la provincia haría su propia ley. “La legislación nacional es muy buena, pero nos entusiasma más armar una propia, que sea más ambiciosa”, había apuntado el actual diputado. “Lógicamente que el acceso a la información pública es un tema muy importante para nosotros. Los proyectos serán tratados en ese marco de la comisión (especial de reforma política) que presido”, expresó recientemente el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo.

El académico Mirra dijo este miércoles que, desde el punto de vista de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales rubricados, no quedaban dudas de la opción republicana de Argentina. “La Constitución siempre tuvo en cuenta la publicidad de los actos de gobierno y la responsabilidad de los gobernantes. Tenemos un espectro jurídico enorme que está fuera de discusión. Muchas provincias ya dictaron sus leyes y decretos. Tucumán no lo hizo aún, pero entendemos que el Poder Legislativo está en la búsqueda. Es un paso que no tiene regreso: sólo es cuestión de tiempo”, advirtió.