Cartas de lectores
31 Mayo 2018

EL PUENTE FERROVIARIO CENTRAL CÓRDOBA

En el puente ferroviario ubicado en calle 24 de Septiembre al 1.200 (foto inferior), en la viga que da al este y en su arranque al sur, si se mira desde abajo del puente se observan dos agujeros (foto superior). Si estos agujeros fueran porque está carcomida (la viga metálica) por la corrosión, en ese caso convendría, por precaución, hacer una inspección total de las dos vigas del puente, para verificar si puede seguir siendo usado. Esta inspección y habilitación pueden corresponder a la Municipalidad capitalina, al Gobierno provincial o a la Nación. Por otra parte, en el municipio deben guardar la carpeta de cuando fue aprobado el cálculo técnico y habilitación de este puente; otra fuente de información podría ser la revista “La Ingeniería” o el archivo de LA GACETA. En el caso, y cuando llegue la ocasión de ser retirado este puente por haber cumplido su vida útil, en vez del desguace conviene que este puente vaya a parar a un museo ferroviario. En el viejo Manual Hütte está cómo se calculan y ejecutan estas estructuras roblonadas. Más que esta carta, se puede hacer un artículo periodístico con fotografías y entrevistas a quienes entienden de este tema.

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Juan Carlos Rosario Medina

Lucas A. Córdoba 285

San Miguel de Tucumán


JUBILADOS “PELIGROSOS”

Fue público cuando el 14/10/10, la entonces Presidenta (Cristina Kirchner) vetó la ley que ordenaba el 82% para todos los jubilados del país, decisión que fue festejada con aplausos por los presentes en el acto. Entre otras cosas, dijo: “he vetado esta peligrosa Ley del 82% Móvil y acuso a sectores de la oposición de buscar la quiebra de la Argentina. He vetado esta ley de quiebra que sancionó el Parlamento; en la Argentina se acabaron los estúpidos y no quiero ser estúpida (...) Lo que se sancionó es la ley de quiebra del país y no debo permitir que el Estado quiebre, porque hay una ley que me obliga. Cuando se sanciona una norma que aumenta los egresos tiene que decirse de dónde viene el financiamiento. Estoy en condiciones de asegurar que hay un interés oculto. Quieren la quiebra de una empresa que es la Argentina. Mi gobierno lleva adelante una administración absolutamente responsable. Basta de estafar al Estado, no soy tonta”. Si por el contrario la ex presidenta hubiera promulgado la Ley, el país no iba a quebrar y los jubilados, hasta hoy fallecidos, podrían haber pasado mejor estos últimos ocho años sin necesidad de hacerle juicios al Estado; y los jubilados y pensionados provinciales y municipales tucumanos transferidos a la Nación tampoco haríamos esos juicios, porque a las obligaciones de la Ley de Transferencia, en especial el compromiso asumido por la Provincia y por la Municipalidad, se habría sumado la obligación de esta ley nacional. Lamentablemente no ocurrió y los pocos aún con vida seguimos reclamando en la plaza Independencia. Resulta grotesco haber sido identificados como “personas peligrosas”, por ser beneficiados por una ley “peligrosa”. En aquella oportunidad, el Congreso de la Nación no insistió con la ley para obligar al Estado a su promulgación y, por el contrario, a través de esos años y hasta hoy se los ve y escucha decir a los políticos cuando buscan nuestros votos, “a los jubilados no les alcanza el sueldo para cubrir la canasta familiar, no vamos a permitir que los jubiladitos sigan pagando el costo de los malos gobiernos, no se metan con los pobres jubilados”, y etcétera, etcétera.

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Ángel Ricardo Salguero

[email protected]


IMPUNIDAD

La lectura del informe sobre la importante producción periodística “Chequeando Investigación. Etapa II” de LA GACETA, que trata sobre la impunidad de la corrupción en nuestra provincia, me conduce a plantear, como simple ciudadana, los siguientes interrogantes: A) ¿Por qué de los 219 casos estudiados desde el año 2005, sólo uno ha registrado condena firme? Que, curiosamente, es el caso de tres policías de baja jerarquía (de Raco), sin cobertura política, con responsabilidad atenuada por “obediencia debida”. Mientras que los verdaderos responsables del encubrimiento y de la investigación maliciosa de ese crimen, como también las causas de otros funcionarios públicos de todos los niveles y categorías, con prevalencia de oficialistas, denunciados, no logran llegar a buen puerto, durmiendo el sueño (aunque no de los justos). B) ¿Porqué una sustitución fundamental en el desarrollo de una sociedad democrática y republicana, como la Fiscalía Anticorrupción, ha desaparecido en la provincia en el año 2005? ¿Qué criterio y/o voluntad política puede haber prevalecido para que este organismo de control institucional dejara de existir? La falta de respuesta y explicación de los sucesivos gobiernos provinciales sobre estos puntos suscitan inevitablemente sospechas justificadas. Es lícito razonar que en los vericuetos de la Ley, como por otra parte en la manipulación de las normativas y regulaciones institucionales, los funcionarios involucrados encuentran los medios para protegerse y evadir los castigos correspondientes, y seguir así tan campantes en sus “honorables” carreras políticas. Todo esto conforma un escenario adverso para la persecución de la impunidad y desalienta a ciudadanos afectados y a los que anhelan transparencia y justicia, a llevar adelante denuncias sobre las irregularidades que cometen algunos funcionarios públicos. (Immanuel) Kant en “Crítica de la Razón Pura” afirma que las autoridades que merecen respeto son aquellas que actúan a plena luz, favorecen la crítica abierta y logran superar el examen público. Contrariamente, la política que no soporta la exposición y el control es repudiable.

Martha Rojas de Flores

Ayacucho 1.958


San Miguel de Tucumán


SIN TELÉFONO

Desde enero pasado reclamo a Telecom con el nº de trámite: 77334542 por caída de dos postes que han dejado sin servicio a mi número 0381-4925221. Ante la falta de solución presenté nota a Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) el 14 del pasado mes de marzo, expediente 2018-10967633, donde me dijeron que en 20 días hábiles tendría una respuesta, pero han transcurrido holgadamente dos meses y Enacom sólo responde que está en trámite. Conclusión: han pasado cinco meses, los postes siguen caídos, y yo como muchos otros usuarios, estamos afectados sin teléfono. Por favor, y lo pregunto sinceramente, ¿a quién más se puede recurrir para que los ciudadanos tengamos un servicio que pagamos y no recibimos?

Enriqueta Gálvez

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