Sustento económico para sobreponerse al femicidio

“Por desgracia un femicidio tiene trascendencia pública en dos momentos: cuando ocurre el crimen y cuando empieza el juicio contra el asesino. Pero, ¿qué pasa con las hijas e hijos de la víctima? Es fundamental que el Estado otorgue una ayuda económica para asegurar el sustento de los niños”, afirmó Hilda “Vicky” Disatnik, referente de la Casa de las Mujeres Norma Nassif. Desde la organización feminista pusieron énfasis en la necesidad de otorgar subsidios para que los hijos de las mujeres víctimas de femicidios puedan desarrollarse.

En el Congreso cuenta con media sanción el proyecto de Ley Brisa, llamado así por la hija de una víctima de femicidio. Fue aprobada en el Senado por unanimidad hace casi un año, en Diputados no tiene fecha de tratamiento.

En el mismo sentido, en la Legislatura tucumana hay cinco proyectos de ley presentados durante la última gestión que prevén la creación de un régimen de ayuda económica para los hijos de las mujeres asesinadas por crímenes de género. La comisión de Protección de los Derechos de la Mujer unificó dos de los expedientes y le dio dictamen, pero la iniciativa no se trató en las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación Social. “Los proyectos de ley vienen a cubrir una necesidad: los niños sin madres quedan absolutamente desprotegidos. No hay estadísticas provinciales para conocer la cantidad de chicas y chicos, víctimas vinculares, que podrían ser beneficiarios de la ley”, dijo Disatnik. Y agregó: “es fundamental que se aprueben las leyes, para dar un marco de asistencia estatal”.

Según el informe de femicidios elaborado por la Casa del Encuentro en diciembre de 2017, en Argentina hubo 2679 femicidios en los últimos 10 años: 3.378 hijos e hijas quedaron sin madre y más del 64% son menores de 18 años. Según la organización Mumalá, en 2017 murió una mujer cada 29 horas por crímenes de género: 298 femicidios.

En la Legislatura

La legisladora Graciela Medina explicó que se unificaron los proyectos presentados por el peronista Emiliano Vargas Aignasse y por los opositores Adela Estofán, José María Canelada (ambos del radicalismo) y por Stella Maris Córdoba (Tucumán para Todos), y que se les dio dictamen. “Esta clase de proyectos no tienen discusión, a todos nos preocupa la situación de los menores víctimas vinculares del femicidio. A la mamá la mata el papá o una pareja, y los niños quedan al cuidado de familiares o pasan a una institución. Nuestro Código Civil apunta a que la menor cantidad de personas esté institucionalizada. El proyecto busca que quien se haga cargo de los niños tenga los recursos necesarios”, expuso Medina, presidenta de la comisión de Protección de la Mujer.

El dictamen propone otorgar un subsidio equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil ($ 9.500, pasará a $ 10.000 desde julio) a los menores de 18 años “cuyo progenitor haya sido imputado y/o procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de femicidio de su progenitora”. Los beneficiarios podrían cobrar la ayuda social hasta los 25 años, si cursaran estudios superiores. “Es importante que el proyecto, si se aprueba, tenga garantizados los fondos para aplicarse”, continuó Medina (del bloque oficialista Tucumán Crece).

“Es una propuesta necesaria, que se enmarca en los trabajos para luchar por la igualdad de género y de políticas de Estado para luchar contra los femicidios. Los chicos quedan desamparados. El subsidio hasta que cumplan la mayoría de edad marcaría una política de estado fundamental sobre estas situaciones. Hay que hacerlo, debe salir”, explicó la peronista Silvia Rojkés, vicepresidenta de la comisión de la Mujer.