Las justicias provincial y federal abrieron una causa cada 22 días

La investigación periodística desarrollada por Chequeado en alianza con LA GACETA revela que, entre 2005 y 2017, trascendió cada 22 días una denuncia de hechos de corrupción presentada en los Tribunales provinciales y en la Justicia Federal de Tucumán. En 2005 ingresaron 21; en 2006, 19; en 2007, 24; en 2008, 8; en 2009, 10; en 2010, 14; en 2011, 6; en 2012, 16; en 2013, 17; en 2014, 15; en 2015, 25; en 2016, 26 y en 2017, 18. En 2016 hubo un pico mientras que el valle aparece en 2008, año a partir del cual vuelve a haber un crecimiento.

La base de datos que condensa esta información está disponible para la consulta pública tanto en LAGACETA.com como en Chequeado.com. El registro elaborado en el ámbito del programa “Chequeado Investigación: Etapa II” incluye los años de articulación de las denuncias; la identificación del caso por su nombre popular; los denunciantes; los hechos; los denunciados; el tribunal de origen; los jueces, fiscales, defensores y abogados intervinientes (en función de los datos existentes); el destino de la causa penal y algunas observaciones. Los hechos de corrupción registrados refieren a posibles delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa, negociaciones incompatibles, exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, peculado, cohecho, soborno, tráfico de influencia, encubrimiento, administración infiel, asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración.

La base muestra que hay funcionarios públicos denunciados de todos los niveles y categorías, con una prevalencia de oficialistas que comienza a atenuarse a partir de 2016, donde cada vez más opositores tucumanos y oficialistas a nivel nacional son cuestionados, como el radical José Cano y Luis Brodersen, legislador macrista. En el plazo 2007-2010 se advierten numerosas presentaciones contra comisionados rurales, intendentes e integrantes del Poder Ejecutivo encargados de distribuir fondos en el interior de la provincia.

Como resulta lógico desde el punto de vista de la impunidad, un porcentaje llamativo de las denuncias señalan irregularidades en los actos y resoluciones de jueces y fiscales, y de miembros de la cúpula de la Justicia.

Aunque el número de procesos registrados en la base no comprende a aquellas causas que quizás existieron y no fueron divulgadas, el volumen de casos detectados (219) es alto si se considera que la auditoría del Consejo de la Magistratura de la Nación en la Justicia Federal arrojó un total de 2.178 expedientes por delitos contra la administración pública en trámite en todo el país entre 1996 y 2016, un período más amplio que el considerado para esta investigación en Tucumán.

La producción periodística parte de 2005 porque en ese año desapareció la Fiscalía Anticorrupción provincial. Si se considera que ese despacho del Ministerio Público provincial llegó a acumular 450 causas en el período 2000-2005, la identificación de 219 denuncias presentadas en los poderes judiciales local y federal durante los últimos 13 años supone una reducción significativa. De ese segundo volumen, 150 corresponden a la Justicia penal de Tucumán mientras que las otras 69 pertenecen a la Justicia Federal, que sustancia los casos que involucran fondos públicos nacionales o bien refieren a lavado de activos; evasión tributaria; narcotráfico, trata de personas u otros delitos considerados federales por la ley.