El fiscal Diego López Ávila estimó ayer que la etapa de declaraciones por la tragedia del ex Parravicini se iniciaría la próxima semana. El funcionario judicial espera, antes, los informes técnicos del cuerpo de arquitectos e ingenieros de la Policía y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Estas conclusiones guiarán las preguntas a funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y a directivos de la firma Antonio José Fortino Construcciones SRL, responsable de la obra, con el fin de determinar los motivos del derrumbe y las responsabilidades.
Representantes de la unidad académica de la UNT estuvieron ayer, al mediodía, en el edificio dañado de 24 de Septiembre al 500. Ingresaron al predio e inspeccionaron diferentes sectores del inmueble.
Funcionarios de la Municipalidad: "la responsabilidad es de los profesionales"
“Se ofrecieron, en representación de la Universidad, como asesores técnicos para realizar el apuntalamiento de la estructura. El lunes volveremos a reunirnos para avanzar en una opinión final”, contó el titular de la Fiscalía de Instrucción IV.
Los referentes de la Facultad de Ingeniería coincidieron en que hay demoler las medianeras del edificio. También, trabajar con el apuntalamiento, con la intención de sostener la estructura. Aunque aclararon que se debe definir el tipo de apuntalamiento, es decir, si será provisorio o permanente. “Realizaron, inclusive, observaciones técnicas sobre el estado de las casas ubicadas a los costados”, añadió el fiscal.
El informe de los especialistas de la UNT comparará la documentación que la empresa presentó a la intendencia, con planos y habilitaciones de obras, con lo que se ha había hecho hasta el día del derrumbe, que provocó la muerte de tres personas.
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El miércoles, al rededor de las 20.30, el sector de adelante del edificio se desmoronó. Los ladrillos y bloques cayeron hacia la calle en momentos en que pasaban por ahí Cora Sosa, de 82 años, Miguel Morandini, de 50 años (madre e hijo, respectivamente), y Víctor Hugo Aranda, de 52 años. La figura penal de la causa, en principio, sería estrago culposo.
López Ávila, junto con un grupo de arquitectos e ingenieros, ingresaron el viernes al edificio para ver la estructura interna y habrían detectado los puntos débiles de las paredes. “Vamos a realizar tareas de apuntalamiento interno y externo, inclusive en las paredes laterales, para evitar un nuevo derrumbe”, había especificado el fiscal.