“No importa la fachada sino el valor patrimonial”

“En Tucumán hay muchos edificios que necesitan ser recuperados y restaurados, en algunos casos en forma urgente. En el caso de los inmuebles que no están en el listado de patrimonio, la responsabilidad recae sobre el propietario. Muchas veces faltan recursos para realizar el mantenimiento de esos edificios. En la Argentina la preservación del patrimonio arquitectónico no es una prioridad. Para el país hay otras urgencias como pueden ser lo social y la salud”, reconoce la arquitecta Gabriela Lo Giudice, representante de la Unsta en la Comisión Provincial de Patrimonio.

Cuando piensa en el caso del edificio del ex teatro Parravicini Lo Giudice se pregunta si realmente hubo una intención por parte de la comunidad de rescatar o de ver el valor patrimonial o cultural que tenía. “No se generó ninguna gestión para que ese patrimonio permanezca vivo, ni siquiera por parte del público”, dice. Por lo tanto considera “una nostalgia irresponsable” lamentarse por esa pérdida. Sí, en cambio, le preocupan las condiciones de las obras, en cuanto a su seguridad, y el resguardo de la vida de las personas.

“No son importantes las fachadas, sino el valor patrimonial que tiene todo el edificio, ya sea arquitectónico o cultural o histórico”, advierte. “La fachada sola no dice nada. No hay que preservar la fachada sino el valor patrimonial que excede al frente porque lo que interesa es el edificio completo, representativo de una época”. De paso, sentencia que lo que se hizo en Virgen de la Merced al 100, en el lugar del ex edificio de LV 12 es “una aberración”. Considera un grave error haber dejado la fachada frente al moderno edificio como si fuera “un antifaz mal puesto”, criticó.

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“En el caso del Parravicini el propietario no tenía obligación de mantenerlo porque no estamos hablando de un patrimonio declarado”, aclaró.

La ley de protección

En Tucumán hay un listado de 156 bienes protegidos que figuran en la Ley de Patrimonio Cultural Nº 7.535. Entre ellos se encuentran no sólo viviendas sino también escuelas, hospitales, estaciones ferroviarias y comisarías, además de sitios turísticos, parques y plazas.

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“Cuando un particular observa que su inmueble tiene cierto valor patrimonial puede solicitar la declaratoria dentro de la normativa vigente de protección del bien. El pedido es analizado por la comisión de patrimonio y de acuerdo con ciertos criterios se declara o no la inclusión. Si se la acepta se declara el edificio con valor y la ayuda que da el Estado es la exención impositiva sobre el inmueble, lo que es insuficiente para el propietario. En algunos casos también puede actuar la comisión de oficio.

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“Si se trata de una casa con valor, y después de un estudio de la comisión de patrimonio se declara su valor y el dueño se compromete a conservada. El Estado, a cambio, lo exime del pago de impuestos pero el dueño de la propiedad ya no puede tocarla, si quiere hacerle alguna modificación o mejorarla, tiene que pedir permiso a la comisión de patrimonio. A mi entender es poco lo que se les da a los propietarios para el compromiso que deben mantener con el bien”.

Para la arquitecta el mismo Estado no es capaz de atender todo su patrimonio declarado como para pensar en cubrir más. Recordó que en alguna época la Municipalidad hizo una experiencia de acompañamiento a los edificios de la zona de El Bajo pero no se mantuvo en el tiempo. Para ello debe haber una decisión política”, concluyó.