Manzur, Jaldo, Posse y Jiménez hablan sobre el narcomenudeo, pero postergan las definiciones

La inseguridad ha vuelto a reunir a las cabezas del Estado alrededor de la misma mesa. Al encuentro de ayer a propósito de los desafíos que plantea la expansión del narcomenudeo asistieron los jefes de los tres poderes más el titular del Ministerio Público Fiscal. De este “G-4” no salió ninguna idea en concreto, pero sí la vocación de seguir buscándola. El gobernador Juan Manzur; el vicegobernador Osvaldo Jaldo; Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y el ministro público Edmundo Jiménez se fueron con la consigna de volver a verse en el corto plazo, en principio, la semana que viene, para poner en común las alternativas sopesadas.

De los cuatro, Manzur y Jaldo fueron los que hicieron los comentarios públicos más optimistas a posteriori de la reunión en la Casa de Gobierno. “Hoy (por ayer) hemos coincidido en trabajar juntos y entablar una lucha frontal contra el narcotráfico”, reiteró el gobernador. Y añadió que había que terminar con la venta y el fraccionado de la droga que destruye familias. “Vamos a usar todo lo que esté a nuestro alcance para desterrar la droga de Tucumán definitivamente”, prometió Manzur.

Jaldo también dio un mensaje positivo: afirmó que había predisposición para mejorar la respuesta del Estado, pero dijo que la provincia no podía sola con este fenómeno complejo. “Hemos avanzado porque dijimos que tenemos que profundizar las acciones contra el narcomenudeo. No hemos determinado cómo y de qué manera, ya que falta la pata de la Justicia Federal. La invitaremos a participar en la reunión venidera”, reflexionó ante la prensa.

Preocuparse y ocuparse

El microtráfico de drogas tiene a mal traer a las autoridades por la divulgación de casos que dan cuenta de un crecimiento de esta actividad clandestina. La persecución de esa criminalidad sigue en manos de la Justicia Federal pese a que, en 2014, la Legislatura dispuso que la competencia para la investigación y sanción de los transas pasara al Ministerio Público y a la Justicia provinciales a partir de marzo de 2015. Días antes de que la norma entrara en vigor, la Corte detuvo cautelarmente el traspaso por pedido de Jiménez. Según ese funcionario, la ley tiene defectos técnicos que impiden su aplicación y la tornan inconstitucional. Este mes trascendió que, luego, el Poder Ejecutivo del ex gobernador José Alperovich y Jiménez acordaron la suspensión de los plazos procesales, razón por la que el juicio está suspendido desde hace tres años, sin sentencia sobre la cuestión de fondo relativa a la constitucionalidad de la transferencia del narcomenudeo a la órbita local. Más allá de la decisión que tomen las autoridades del Estado, habría que ver qué tesitura adoptan los vocales Posse, René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar.

Pese a la existencia de un acuerdo entre las partes en conflicto, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo representado por la Fiscalía de Estado, legisladores del oficialismo y algunos opositores aprobaron una resolución que insta a la Corte a dictar sentencia. “Ayer no se tocó el tema del juicio”, manifestó Jiménez por teléfono. Bastaría que él o que el Poder Ejectuvo manifestara en forma fehaciente su interés de reanudar los términos para que prosiga el pleito frenado en 2015. La legislación bloqueada crea, en el ámbito del Gobierno, una comisión ad hoc que debe ser integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo, tres del Poder Legislativo y dos del Poder Judicial. Dicho comité no funcionó ni antes ni después de la cautelar.

“Quedamos en que nos vamos a reunir nuevamente. Cada uno hará una propuesta en función, por ejemplo, de cómo les fue en otras jurisdicciones (con la ‘provincialización’ de la venta de droga al por menor). Una opción es crear un juzgado y una fiscalía especializados en narcomenudeo, pero hay otras experiencias y posibilidades”, afirmó el jefe de los fiscales. Este jueves también se planteó la opción de aumentar el número de oficinas judiciales específicas y de descentralizarlas, y de apoyar la tarea de la Justicia Federal. Previamente, Jiménez había descartado la idea de implementar con la estructura existente la ley que mantiene bloqueada en forma cautelar.

“Fui a escuchar porque, al tener la causa en la Corte, debo reservar mi opinión (sobre la forma de abordar el narcomenudeo)”, explicó Posse. El presidente del alto tribunal dijo que de la reunión se llevaba las inquietudes que transmitieron Manzur y Jaldo sobre la venta de drogas al por menor, y sobre el impacto en la ciudadanía. “Sin dudas es un fenómeno muy destructivo que, además, aparece relacionado con el delito”, dijo el vocal. Y añadió: “nosotros no podemos desconocer la situación, pero hay que ver cuál es la mejor forma de ocuparse de este tema”.