Las tarifas de la discordia

Detrás de las tarifas persisten las asimetrías. El peso de las facturas que llegan a los domicilios de cada argentino no es el mismo. Varían de acuerdo con la ubicación geográfica. Un tucumano, por ejemplo, tendría que pagar un menor costo de la energía eléctrica por vivir en una provincia que es productora y exportadora de esa electricidad. Sin embargo, a la hora de desagregar el ítem “generación”, todas las jurisdicciones son iguales, no importa si son eficientes o si derrochan luz. Casi lo mismo sucede con el rubro “transporte”, en el que distritos como los del NOA o los del NEA resultan ser los más castigados al no tener subsidios. Sin embargo, la discusión política actual gira en torno de la necesidad de sostener los incrementos tarifarios. Es verdad de que venían atrasadas; pero no es menos cierto que tanto reajuste en las boletas no ha hecho más que producir un shock a la economía doméstica.

No hubo anestesia. Sin embargo, las actualizaciones tarifarias están latentes, pero durmiendo una siesta de otoño. La minicorrida cambiaria no sólo ha demorado, al menos por dos meses más, el incremento del precio de los combustibles, sino también de los valores de la tarifa del transporte de energía eléctrica. Las compañías vinculadas con la cuestión están haciendo cálculos acerca de cuál será el impacto en los costos de ese proceso cambiario que ha tenido ocupado a los funcionarios de la Casa Rosada.

Mientras tanto, la pelea sigue en el terreno político. El propio presidente Mauricio Macri sostiene que “no se pueden proponer leyes que mágicamente retrotraen tarifas, sin decir de dónde sale ese dinero, dinero que no tenemos”. Lo afirmó en alusión a la discusión en el Congreso de la ley impulsada por el justicialismo que pretende retrotraer los valores de las tarifas a noviembre pasado. En este contexto, el gobierno nacional llama al consenso para evitar que el agua llegue al río y, a la vez, dar señales de que la Argentina sigue en el proceso de reducción del déficit fiscal. Esto es en función de los acuerdos con el FMI por un crédito stand-by. El mandatario nacional tiene previsto reunirse la semana que viene, en Salta, con los gobernadores del norte, en el que se tocaría el tema tarifario, con la idea de bajar la espuma al conflicto. Está en duda si el tucumano Juan Manzur irá a la cumbre, ya que el domingo emprenderá una misión oficial con destino a San Pablo (Brasil). “No hace falta llegar al veto. Es posible llegar a acuerdos serios”, afirmó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, al abrir la posibilidad de que haya humo blanco antes del miércoles 30. La rebaja parcial del IVA, por un año, en las boletas de los servicios de luz, gas y agua del sector residencial es la prenda de cambio.

Frente a ese proceso de negociación en la Cámara Alta, Manzur advierte que espera señales de la Nación para corregir las desigualdades existentes en la gestión de los servicios públicos privatizados. De hecho, puso como ejemplo, la situación de AYSA, la prestataria del servicio de agua y saneamiento de la Ciudad y de parte de la provincia de Buenos Aires. Puntualmente, el mandatario expuso que esa compañía -con aportes nacionales- requiere de unos $ 15.000 millones anuales para dar servicios, una cifra que 18 veces superior a la que, por ejemplo, necesitaría la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) para brindarle a los tucumanos una prestación razonable por año. Aún más, en la Casa de Gobierno sostienen que, mientras AYSA ha incrementado un 250% la tarifas, en la provincia los reajustes tarifarios han seguido, en el peor de los casos, el ritmo de la inflación anual medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en los últimos períodos.

De todas maneras, la SAT hace agua por todos lados y eso se evidencia en cada avenida que cualquier tucumano puede transitar, con los olores nauseabundos propios de un sistema que no da abasto. La provincia, no obstante, continuará aportándole fondos a la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem). Se estima que, en los próximos días, puede llegar a anunciarse un esquema de financiamiento de emergencia para recuperar parte del terreno perdido en las últimas dos décadas. La coyuntura sigue prevaleciendo en la agenda.