“El IPV es el primer interesado en la entrega de este barrio”

Las malezas desaparecerán y las 1.100 casas sociales terminadas -algunas hace dos años- recuperarán su condición de “cero kilómetro” (ver “Mil casas del IPV...”). Noemí Ferrioli, interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV o Ipvdu), dijo que el traspaso de las unidades de Manantial Sur es inminente, y que ello depende del cumplimiento de dos condiciones: uno, la finalización de los trabajos de infraestructura encargados a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y dos, que la Nación apruebe los perfiles de los preadjudicatarios de las casas previa consulta a las bases de datos del “Sistema de Gestión de Beneficiarios” (Sigebe)

“El Instituto es el primer interesado en la entrega de este barrio”, manifestó Ferrioli ayer, en un diálogo con LA GACETA. La funcionaria de bajo perfil que sustituyó a Gustavo Durán comentó que la SAT lleva adelante la instalación de un sistema de bombeo de líquidos cloacales. Las casas de Manantial Sur ya entregadas (la mitad de las 2.500 levantadas) están ubicadas en una zona del terreno donde la fuerza de la gravedad colabora con el tendido de las cañerías y permite el tránsito de residuos hasta la planta de tratamiento. Las viviendas concluidas, mas no traspasadas a sus beneficiarios, no gozan de esa “ayuda”: necesitan sí o sí del bombeo. Fernando Baratelli, gerente general de la SAT, dijo por su cuenta que la obra estaba en la etapa final (se informa por separado).

A diferencia de otros emprendimientos del IPV, la edificación de las casas progresó con mayor rapidez que el desarrollo de la infraestructura de servicios públicos (veredas; conexiones de gas natural; cloacas, etcétera). Entre los incidentes registrados constan demoras en la construcción y puesta en marcha de la cisterna de agua, que ya fueron superadas. El sistema de bombeo de líquidos cloacales debía ser construido por la empresa ByM, pero, a fines de 2016, esa firma y el IPV rescindieron el contrato. A continuación, el Instituto dispuso una asistencia financiera de $ 15 millones para que la SAT se hiciera cargo de la tarea.